miércoles, 23 de febrero de 2011

Luz verde al PGOU de Fuengirola tras siete años de tramitación (Málaga Hoy)

La comisión provincial de urbanismo aprueba el documento, que sustituye al elaborado en 1998 · El texto contempla la creación de 1.500 VPO o el desarrollo de La Loma

ALBERTO ESPAÑA / FUENGIROLA, URBANISMO | ACTUALIZADO 23.02.2011 - 05:01
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Bloque de edificios en primera línea de playa.

Por fin se acabó la espera. Desde hoy el Ayuntamiento de Fuengirola cuenta con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Tras un largo proceso iniciado en 2004, ayer se aprobó definitivamente el documento por la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía. El texto que viene a sustituir al de 1998 contempla grandes avances para la ciudad como el desarrollo urbanístico de La Loma, donde se incorporaría el Parque de Los Cuentos, la creación de unas 1.500 VPO, las conexiones de viales estructurantes de la ciudad como los de Los Boliches y el arroyo Real con La Loma o el inicio de los procedimientos para que se pueda crear la nueva Comisaría de Policía Nacional y los nuevos Juzgados, así como el Hotel con Encanto. Según explicó la edil de Urbanismo de Fuengirola, Ana Mula, "hoy es un día relativamente importante, ya que no ha sido todo lo satisfactorio que debiera para Fuengirola". Y es que, según ha indicado, se ha dejado en suspenso en torno al 3 o 4 por ciento del planeamiento. Pese a estos contratiempos, Mula ha destacado que "podemos decir que ya tenemos Plan General en vigor aunque demasiado tarde".

Mula también informó de que, pese a la aprobación recibida, la Junta no ha dejado claro el paso siguiente, "no han concretado si desean que se haga un texto refundido o si pasará directamente a su publicación. Mula también espera que se indique pronto si el texto se manda a publicar o si es necesario refundir el documento. "Esperamos que se resuelva lo antes posible, ya que son casi siete años paralizando el crecimiento de esta ciudad, paralizando su desarrollo y muchos proyectos importantes o la creación de VPO".

Con respecto a los sectores que quedan en suspenso, Mula explicó que son los correspondientes a los UR-17 y UR-16, así como el PERI-1 de Torreblanca del Sol. La aprobación definitiva del PGOU permite a Fuengirola contar con casi 1.400.000 metros cuadrados de zonas verdes en total, lo que supone casi 22 metros cuadrados por habitante, cifra que cuadriplica con creces los 5 metros cuadrados que exige la Ley autonómica. Además, recoge 220.000 metros cuadrados para uso educativo, 190.000 metros cuadrados destinados a uso deportivo o novedosas iniciativas medioambientales como la obligatoriedad de instalar sistemas de recogida de agua de lluvia en los edificios. Asimismo, el nuevo PGOU mantendrá ordenanzas medioambientales que Fuengirola como la instalación de placas de energía solar en los nuevos edificios, el soterramiento de contenedores de basura en las nuevas promociones de viviendas o los sistemas de ahorro de agua en cisternas, todos ellos obligatorios en la ciudad.

Los ascensores de la discordia (Málaga Hoy)

Decenas de vecinos de la urbanización José Fernández Castany llevan años sin salir de casa por no tener ascensor · Propietarios y Endesa, enfrentados por un transformador

ÁNGEL RECIO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 23.02.2011 - 01:00
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Francisco Trujillo ve la televisión en su casa junto a su andador y sus bastones

Centenares de vecinos de la urbanización José Fernández Castany, conocida como la Barriada de Obras Públicas y situada en Héroe Sostoa, han emprendido una particular lucha contra Endesa por la instalación de un transformador que permita colocar ascensores en todos los edificios y, con ello, facilitar que decenas de personas mayores puedan salir de sus casas tras meses y años de aislamiento.

La historia tiene cierta complejidad. Esta barriada fue construida hace 50 años para los trabajadores de Obras Públicas y está compuesta por 17 bloques de cinco plantas cada uno, sin ascensor, con un total de 204 inmuebles. En 2006, la comunidad solicitó ayudas de la Junta de Andalucía para adecentar el recinto dentro del Plan de Rehabilitación de Viviendas y, en 2009, se firmó un convenio por el cual la Junta se comprometía a colocar 16 ascensores, la cubierta, bajantes de PVC, una nueva red de saneamiento y pintar todos los edificios con una inversión total de 2,5 millones de euros de los cuales los vecinos tenían que aportar el 5%.

Todas esas mejoras ya se han hecho -están terminando de pintar las fachadas- salvo la instalación de los ascensores. El problema es que el transformador existente es antiguo y no tiene la suficiente capacidad para dar corriente a los nuevos ascensores. Los vecinos reclamaron a Endesa y ésta les mandó un presupuesto de 136.772 euros. La comunidad de propietarios entendió que el transformador debía abonarlo la compañía eléctrica porque, según un Real Decreto de 2008, la empresa debe hacerse cargo del suministro siempre que la ampliación no supere los 100 kilovatios (kw). Los vecinos pidieron 17 nuevos puntos de enganche, uno por edificio, con una potencia de 69,5 kw cada uno. En ese caso, sería Endesa la que tendría que pagar el transformador. La eléctrica se negó argumentando que no son 17 puntos de enganche sino solo uno para todos los bloques y, por tanto, la potencia instalada sería de 170 kw y superaría los 100 exigidos por la normativa.

La comunidad de propietarios denunció el caso ante la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia y ésta le dio la razón. De hecho, envió un escrito el pasado 15 de diciembre a Endesa dándole un plazo de 10 días para iniciar el proyecto de instalación. El delegado provincial de Endesa, Alfredo Rodríguez, aseguró ayer a este diario que "no estamos de acuerdo con esa decisión y vamos a recurrir porque entendemos que es una petición conjunta".

Mientras se resuelve este galimatías, los vecinos están más que molestos ya que la barriada está medio levantada y la constructora que está rehabilitando los edificios parada. La maquinaria está donde los vecinos aparcaban sus coches y ahora deben dar varias vueltas para encontrar una plaza de aparcamiento en las calles adyacentes.

No obstante, la mayor preocupación son las personas mayores. En esta barriada la mayoría de los inquilinos sobrepasan los 75 años ya que son ex trabajadores de Obras Públicas y sus viudas. Las escaleras son muy estrechas y ya ha habido varios accidentes. Francisco Trujillo tiene 79 años y necesita un andador. Hace cuatro meses, se cayó por las escaleras y se partió la cadera. Se puede levantar y andar pero no tiene fuerzas para subir y bajar las escaleras, por lo que lleva tres meses sin poder salir de casa. "Estoy desesperado", afirma.

Pepita Ruiz tiene 83 años y lleva dos sin salir prácticamente a la calle. Vive sola y la compra se la llevan familiares, vecinos o la encarga a un supermercado. "Tengo artrosis y artritis, desviación de columna y una prótesis de la que me han operado dos veces. No salgo nunca y por eso estoy siempre en camisón, con los tobillos hinchados. Me aburro mucho porque no tengo con quién hablar y no puedo ir a la calle porque no puedo con las escaleras", relata. Pepita tiene la suerte de vivir en un primero, aunque otros vecinos también de avanzada edad están en el quinto y con 92 escalones por delante.

Mercedes Ruiz, a sus 82 años, afirma que es un "suplicio" bajar y subir la escalera. "Voy poco a poco, como puedo, intentado cogerme a la baranda pero me cuesta mucho trabajo". Su vecina está en silla de ruedas y todos los días tiene que ir una ambulancia a recogerla para bajarla, llevarla a la rehabilitación y volver a subirla.

Si finalmente los vecinos tuvieran que pagar el transformador, cada inquilino debería abonar 670 euros a lo que habría que sumarle los 612 euros que ya han tenido que poner para la rehabilitación de los edificios, una cantidad inaccesible para muchas familias.

Libia plantea ahora levantar 2.000 casas en su finca de la Costa del Sol (Málaga Hoy)

El proyecto, remitido por la Consejería de Turismo a Benahavís, contempla construir un campo de golf de 18 hoyos y un hotel · Este hecho le permitiría sortear las limitaciones que impone el POTA en la zona

ENCARNA MALDONADO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 23.02.2011 - 01:00
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Gadafi en su fugaz aparición pública tras la oleada de manifestaciones desatada en Libia.

El Gobierno libio pretende levantar en su finca de Benahavís un campo de golf de 18 hoyos, con hotel y 1.915 viviendas. El proyecto llegó al Ayuntamiento de esta localidad de la Costa del Sol hace 20 días, casi coincidiendo con el estallido social del pueblo libio contra el dictador Muammar Gadafi y la brutal represión a la que están siendo sometidos los manifestantes.

La propuesta para desarrollar 500 de las 6.500 hectáreas de suelo que el Libyan Foreign Bank posee en el extremo occidental de la provincia en realidad no llegó directamente al Ayuntamiento, sino que el alcalde, José Antonio Mena (PP), la recibió de manos de la Consejería de Turismo y Deporte. De hecho, para que el proyecto pueda salir adelante en las condiciones en las que se ha planteado es necesario que previamente el Consejo de Gobierno lo declare de interés turístico.

El Gobierno libio es, sino el mayor, sí al menos uno de los principales propietarios de suelo de la Costa del Sol. La finca de 6.500 hectáreas se extiende por los municipios de Benahavís, Estepona, Pujerra y Júzcar, ya en el Valle del Genal. La mayor parte de esta superficie está protegida por su valor ambiental. Sin embargo, en el límite del término municipal de Benahavís con Estepona se enclavan 500 hectáreas urbanizables. El anterior plan general de ordenación urbana (PGOU) del municipio las catalogaba como suelo urbanizable programado.

Sin embargo, durante lustros los propietarios han tenido la parcela sin desarrollar. Esa circunstancia ha obligado al Ayuntamiento de Benahavís a contemplarla en el nuevo PGOU, aún en trámite de aprobación, como suelo urbanizable no sectorizado. Esto significa que se podrá desarrollar sin problemas siempre y cuando presente y se apruebe un plan de sectorización.

¿Por qué es Libia una de las mayores propietarias de suelo en la Costa del Sol? La razón hay que buscarla en los años 80, cuando el inversor libanés Reda Alaywan compró por 1.000 millones de pesetas de la época la finca La Resinera a la compañía que explotaba la extracción de resina en estos parajes.

El promotor quería levantar un parque temático justo en los suelos que ahora se quieren urbanizar en Benahavís, a los que llamó La Montaña Mágica. Incluso se especuló con la posibilidad de que Disney optase por este emplazamiento, aunque después se decantó por París.

Pero Alaywan, un empresario afincado en la Costa hace décadas que suele sufrir fabulosos altibajos económicos, empezó a tener problemas y el Aresbank ejecutó el crédito hipotecario que le había concedido y se quedó con el terreno que vendió al Libyan Foreign Bank en 1995.

Reda Alywan nunca estuvo de acuerdo con el embargo de sus terrenos. En 1991 presentó una demanda al considerar que la finca había sido adjudicada indebidamente al banco. Llegó hasta el Tribunal Supremo, que falló a su favor y obligó a devolverle los suelos. Pero ya no había terrenos que entregar.

El Aresbank se vio en la obligación de indemnizar en efectivo a Alaywan y ahí comenzó un segundo pleito. Un juzgado de Marbella impuso una fianza de 13.200 millones de pesetas a la entidad, aval que superaba con crecessus recursos propios. La entidad quedó al borde de la quiebra. Después esta suma fue rebajada y finalmente se estableció una indemnización de 10,7 millones de euros. que equivaldría al precio la parcela en la que eran posibles los desarrollos urbanísticos.

El litigio se centró durante esos años en el valor de las 500 hectáreas urbanizables. Las 6.000 restantes al estar protegidas por su valor ecológico carecen de expectativas inmobiliarias y, por tanto, nunca fueron objeto del interés de las partes.

Pero la batalla dejó al Aresbank exangüe. Los socios españoles vendieron su participación y el Libyan Foreign Bank, que ya era accionista mayoritario, asumió el control del 99,8% de su capital en 2007.

La magnitud de las pretensiones del banco público libio en la Costa del Sol se observa con mayor perspectiva si se tiene en cuenta que en Benahavís hay empadronados 4.931 habitantes y que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) apenas si permite programar un millar de viviendas para los próximos diez años.

Sin embargo, el proyecto puede escapar a esta limitación acogiéndose al último decreto de campos de golf que determina excepciones para que los pequeños municipios puedan seguir programando equipaciones de estas características vinculadas a casas residenciales. Incluso las exime de la obligación de reservar un porcentaje para viviendas de protección oficial. Este límite se puede sortear siempre y cuando la promoción planteada contemple un campo de golf de 18 hoyos y cuente con una parcela mínima de 70 hectáreas. Ambas condiciones se cumplen de largo en la iniciativa propuesta para zona urbanizable de La Resinera.

Desde el Ayuntamiento el proyecto se contempla como una oportunidad, más aún en los tiempos que corren con la promoción urbanística detenida desde hace más de tres años.

El concurso de días para el río arranca este mes (La Opinión)

El alcalde destaca que en los próximos días se elegirá el equipo técnico que hará las bases del concurso para integrar el río en la ciudad


Cauce del río Guadalmedina.
Cauce del río Guadalmedina. Carlos Criado

E. P. MÁLAGA El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, informó ayer de que en los próximos días se decidirá el equipo de técnicos que hará las bases del concurso de ideas para la integración urbana del río Guadalmedina, como acordó el Patronato de la Fundación Ciedes, integrada por las instituciones públicas y los colectivos económicos y sociales de la ciudad.

Aunque en un principio propuso un concurso restringido de ideas para dar una solución hidráulica y urbanística a la integración del Guadalmedina en la ciudad, De la Torre afirmó ayer que quizá la solución puede pasar por convocar uno abierto y, posteriormente, hacer una segunda elección más acotada, en la línea de lo realizado para el diseño del auditorio del puerto de Málaga.

Carta de compromiso
Preguntado por el anuncio de este lunes del presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, de firmar antes de las próximas elecciones autonómicas una carta de compromiso con el propio De la Torre y con el líder de los populares malagueños, Elías Bendodo, para, si gana los comicios regionales, embovedar el Guadalmedina, el alcalde de Málaga consideró que no debe perjudicar el consenso alcanzado en el seno de la Fundación Ciedes, ya que es un modo de «mostrar el interés y la colaboración de la Junta si gana el PP».

Según manifestó, debe haber «una postura activa de la Junta de Andalucía y no pasiva y de poco impulso como ha habido durante bastantes años» por parte de la administración autonómica, de manera que, «de forma consensuada se llegue a una solución que guste a todos».
«Se ha perdido mucho tiempo y es bueno saber que en el ámbito autonómico va a haber alguien que pueda impulsar este proyecto, siempre en una línea de consenso y de máximo respeto», declaró el regidor

El plan de fomento de alquiler debe en Málaga 13 millones (La Opinión)

El retraso de la Junta en el pago de estas subvenciones afecta a decenas de empresas y a unos 1.300 arrendatarios


Anuncios de alquiler de pisos en el Centro de Málaga.
Anuncios de alquiler de pisos en el Centro de Málaga. La Opinión
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JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ. MÁLAGA El Programa de Ayudas al Alquiler, puesto en marcha por la Junta de Andalucía en 2005 para sacar al mercado el parque residencial vacío y lograr que el alquiler se convirtiera en una fórmula generalizada y alternativa a la compra de vivienda, ha terminado convirtiéndose en un quebradero de cabeza para el Ejecutivo andaluz debido a los recortes presupuestarios y a los retrasos en los expedientes. Las agencias de alquiler apuntadas a la iniciativa afirman que la Junta adeuda 44 millones de euros en ayudas a las propias agencias en su papel de intermediarios para la firma de los contratos de alquiler, a los propietarios de los pisos y a los arrendatarios, repartidos en unos 15.000 expedientes. Alrededor de 13,5 millones, cerca de un tercio del total, corresponden a Málaga, repartidos entre 5,5 correspondientes a agencias y otro 8 millones para propietarios.

Las subvenciones adeudadas a las agencias que agrupan mayor número de expedientes pueden alcanzar importes de entre 50.000 y 350.000 euros. En cuanto a los propietarios, que firmaron compromisos para mantener durante cinco años el piso en alquiler, se les deben los 6.000 euros estipulados en su día en el programa. En Málaga hay, al menos, 1.300 arrendatarios afectados.

Las agencias mantuvieron ayer en Sevilla una reunión con la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para abordar el estado de tramitación de sus solicitudes, tras presentar en su día una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para protestar por los «atrasos e impagos» por parte de la Junta. La presidenta de la Asociación de Agencias de Fomento del Alquiler y Asimiladas (Asafand), Natalia Paola García Giandinotto, y la delegada en Málaga de este colectivo, Lola Navarro, recordaron que el retraso y la falta de pago ha motivado el cierre de numerosas agencias: de las 209 que arrancaron con el programa en Andalucía ya sólo quedan 70. En Málaga, el panorama tampoco es mucho más halagüeño: se comenzó con unas 45 y únicamente subsisten 16. En todo caso, ambas representantes insistieron en que las ayudas para estas empresas ya cerradas también debe abonarse.

La reunión de ayer sirvió para que la Consejería se comprometiera a pagar «en los próximos meses», aunque los afectados exigen que eso se plasme en un documento de pronto pago. Además, amenazan con interponer recursos contenciosos administrativos.

Un acuerdo desmentido
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, que no pudo acudir personalmente a la reunión –asistieron la directora general de Vivienda, Victoria Fernández, y el director gerente de la Empresa Pública del Suelo (EPSA), Fermín Moral– destacó la apuesta por el alquiler de la Junta, y apuntó que en los últimos planes se preveían 3.000 ayudas a propietarios, inquilinos y agencias. El hecho de que la demanda finalmente se multiplicara por cinco, hasta 15.000 ayudas, motivó que «los recursos inicialmente previstos no eran suficientes para dar respuesta a todas las ayudas concedidas».

La consejera apuntó que han suscrito un primer compromiso con las agencias. «Han salido de la reunión razonablemente satisfechos, pues aunque no se les paga en ese momento ni han salido con el dinero en los bolsillos, se llega a un acuerdo para vernos con regularidad e ir resolviendo los expedientes que faltan, de manera que en próximos meses se pagarán las cantidades adeudadas que faltan», dijo.

Sin embargo, Asafand puntualizó ayer que no hay nada firmado y recordó que sólo a las agencias andaluzas se les deben 19 millones.Ante la sede de la delegación de obras públicas y vivienda


JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ. MÁLAGA Los afectados protagonizarán hoy una protesta en la calle Compositor Lehmberg Ruiz y ante la Delegación de Obras Públicas y Vivienda de la Junta, en la plaza San Juan de la Cruz. La idea de los manifestantes es permanecer concentrados desde la 10.00 a las 14.00 horas.

«Estamos indignados, porque para entrar en el programa tuvimos que hacer inversiones y pagar seguros, mientras que las ayudas no han llegado», comenta Asafand. Habrá manifestaciones similares en Sevilla y Almería, las otras provincias con más expedientes impagados. A partir de mañana se presentarán 15 demandas judiciales contra la Junta por «reclamación de cantidades adeudadas, incumplimiento de convenio y falta de tramitación», dice Asafand

La piscina cubierta de Torrox es la primera 100% ecológica (SUR)

Las instalaciones están ya culminadas y se prevé abrirlas en el plazo de un mes, tras una inversión total que ha rondado los 1,2 millones de euros
23.02.2011 -
EUGENIO CABEZAS
TORROX.

La piscina cubierta de Torrox es la primera 100% ecológica
La alcaldesa y el edil de Urbanismo, en las nuevas instalaciones. :: E. C.
La nueva piscina cubierta y climatizada de Torrox, situada en la zona deportiva de La Granja, se ha convertido ya no sólo en el primer recinto de estas características del municipio, sino que por sus equipamientos técnicos, es pionera en el conjunto de la provincia, pues es 100% ecológica. Así, el sistema 'envirolyte', empleado para la depuración del agua, no emplea cloro, sino ozono. Además, para calentar el líquido elemento no se emplea gas, sino biomasa.
En total, se han invertido 1,2 millones de euros en unos trabajos que arrancaron hace ya más de cuatro años, y que están totalmente culminados, a la espera sólo de que se complete la instalación del boletín eléctrico de Endesa. Así, si no hay contratiempos de última hora, la nueva piscina abrirá sus puertas en el plazo de un mes, según anunció la alcaldesa, Toñi Claros (IU), que visitó el recinto junto al concejal de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno (IU), la edil de Participación Ciudadana, Paqui Bellido (IU), y varios técnicos.
«Era uno de los proyectos más difíciles de desbloquear, por la pésima gestión de los socialistas en el anterior gobierno, pero hoy por hoy, con el dinero que hubiese permitido disponer de dos piscinas y no pocos quebraderos de cabeza, es posible la inminente apertura, en el plazo de un mes, de la renovada piscina climatizada de la zona recreativa de La Granja», anunció la alcaldesa.
El novedoso mecanismo 'envirolyte', que evita el uso del cloro, es uno de los atractivos que convertirá a la piscina torroxeña en una de las más empleadas de la Axarquía. Se evitará el efecto del cloro en la atmósfera del recinto, mediante un sistema de células que cloran el agua pero no el aire. Además se han empleado nuevas tecnologías para cerrar la piscina, a través de un sistema de vidrio de cortina de alta capacidad como aislante térmico. El complejo se completa con una zona de aparcamientos y cámaras de videovigilancia.
El concejal de Urbanismo recordó que estas obras estuvieron bloqueadas hasta que el actual equipo de gobierno tomó posesión de las distintas delegaciones, una vez que se había dado en concurso de acreedores la primera adjudicataria, Climocubierta, «que se había demostrado que estaba vinculada a familiares del ex presidente Manuel Chaves», dijo.
El Consistorio adjudicó el pasado verano, tras varios años de negociaciones y trámites administrativos, a la empresa malagueña Chirivo Construcciones S. L. las obras para la definitiva finalización de esta piscina cubierta, bautizada en su día con el nombre de la nadadora malagueña María Peláez, por una cantidad que supuso una rebaja de 116.000 euros sobre el presupuesto base, fijado en 541.000 euros. La inversión final ha rondado los 1,2 millones de euros.

Vélez aprueba el proyecto del segundo 'parking' subterráneo de la ciudad (SUR)

El Ayuntamiento veleño ha dado esta semana un paso decisivo para sacar adelante el segundo aparcamiento subterráneo de la ciudad. Se trata del 'parking' de El Pozancón, que contará con 317 plazas en tres plantas, siendo el presupuesto de ejecución de unos cuatro millones de euros.
El pleno del Consistorio ha aprobado el proyecto básico y el cambio de la calificación urbanística de los terrenos donde se prevé su ejecución, lo que permitirá a la empresa municipal de la Vivienda (Emvipsa) poner a la venta el 70% por ciento de las plazas a los residentes.
El objetivo del equipo de gobierno, formado por PSOE, IU y Grupo Independiente, es que las obras puedan iniciarse antes del mes de junio. El precio de venta de las plazas de aparcamiento rondará entre los 15.000 y los 20.000 euros.
La iniciativa ha sido criticada no obstante por el grupo municipal del PP en la oposición, por considerar que el Ayuntamiento debería esperar a conocer el plan de movilidad.
El portavoz de esta formación, Francisco Delgado, ha criticado asimismo la aprobación del proyecto básico del aparcamiento de El Pozancón por no disponer del estudio de viabilidad económica.
Coincidiendo con la aprobación del proyecto, el Ayuntamiento ha habilitado una nueva bolsa de aparcamientos en los andenes de la antigua estación de autobuses de la avenida Vivar Téllez, cerrada desde hace meses. La iniciativa ha permitido crear provisionalmente un total de 43 plazas de aparcamiento.

Vélez negocia adquirir la Casa del Mercader para potenciar el centro histórico (SUR)

La compra del inmueble ha sido valorada en 600.000 euros, a los que habrá que sumar otros 275.000 en reformas
23.02.2011 -
AGUSTÍN PELÁEZ
VÉLEZ-MÁLAGA.

Vélez negocia adquirir la Casa del Mercader para potenciar el centro histórico
La Casa del Mercader está entre las calles Sevilla y Mercader. :: A. P.
La empresa municipal del Ayuntamiento de Vélez (Emvipsa) ha alcanzado un principio de acuerdo con los propietarios de la Casa del Mercader para proceder a su adquisición. Se trata de un inmueble de 910 metros cuadrados de superficie, ubicado en pleno centro histórico de la ciudad, que se levanta sobre el solar de una antigua vivienda solariega del siglo XVI conocida como Casa del Mercader y de la que ya no se conserva ningún elemento histórico.
La operación que negocia la sociedad municipal, que está pendiente de ser aprobada por el consejo de administración de Emvipsa, persigue la compra de la casa con el objetivo potenciar esta zona del centro histórico, trasladando a la misma algunos de los servicios que actualmente tiene ubicados en el edificio de Cajamar de la plaza de las Carmelitas.
Según el edil de Urbanismo y consejero delegado de Emvipsa, Salvador Marín (IU), el inmueble ha sido tasado en 600.000 euros, aunque para facilitar el uso público del mismo será necesario invertir en reformas unos 275.000 euros.
La Casa del Mercader cuenta con semisótano, planta baja y primera. El inmueble se distribuye en torno a un patio central, aunque carece de ascensor. A pesar de tratarse de una vivienda de nueva construcción, en ningún momento ha llegado a estar habitada.
Marín ha señalado que al tratarse de un inmueble ubicado en el entorno de protección de la iglesia de San Juan bautista, considerado Bien de Interés Cultural (BIC), será necesario que la Comisión Provincial de Patrimonio de la Consejería de Cultura autorice las obras necesarias para adaptar el edificio a uso público.

Torremolinos cederá suelo para VPO, pero con garantías (SUR)

El Ayuntamiento pondrá terrenos a disposición de la Junta y la Diputación siempre que tengan fondos para construir
23.02.2011 -
F. JIMÉNEZ
TORREMOLINOS.

El Ayuntamiento de Torremolinos se comprometió ayer a ceder suelo a la Junta de Andalucía y a la Diputación para la construcción de VPO, pero siempre y cuando se garantice su ejecución. La propuesta, aprobada ayer con los votos de PP y PSOE, establece que la puesta a disposición de solares de titularidad municipal estará condicionada a que tanto la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) y la Empresa Provincial de la Vivienda (Emprovima) lo soliciten previamente y que «de forma irrevocable, manifiesten su compromiso de construirlas y, de forma fehaciente, justifiquen tener liberados los fondos para la construcción de las mismas, todo ello al objeto de que la cesión se efectúe sólo cuando el Ayuntamiento tenga la certeza de que las viviendas van a ser construidas».
Por otra parte, ayer también se aprobó definitivamente el presupuesto municipal, una vez desestimadas las alegaciones presentadas, así como la liquidación de las cuentas de 2009. En su intervención, el alcalde Pedro Fernández Montes resaltó el «amplio margen de maniobra» de la Administración local para manejar su deuda, situada en el 55% del presupuesto. «Estamos dentro de los márgenes razonables, en consonancia con nuestra capacidad de endeudamiento», recalcó el primer edil. Las cuentas para el presente ejercicio ascienden a los 105,66 millones de euros frente a los 98,7 de 2010, aunque conllevan una reducción de las inversiones en infraestructuras.

Fuengirola ya tiene PGOU (SUR)

La Junta aprueba el nuevo Plan General y da vía libre a los grandes proyectos de la ciudad, pese a dejar en suspenso una parte
23.02.2011 -
F. JIMÉNEZ/ M. JAIME
FUENGIROLA.

Después de siete años de trámites, Fuengirola por fin puede empezar a sacarle partido a su nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). La Comisión Provincial del Territorio y Urbanismo aprobó ayer por unanimidad y definitivamente el documento que marcará el desarrollo de la ciudad durante la próxima década, aunque sigue dejando en suspenso una pequeña parte, que afecta a sectores como el Cerro del Toro y Torreblanca del Sol, que quedarán sujetos al Plan General de 1998 hasta que se incorporen una serie de correcciones.
Pese estos flecos que tanto Junta como Ayuntamiento coinciden en restar importancia, el visto bueno de la Junta de Andalucía permite liberar terrenos sujetos a una serie de convenios urbanísticos que reportarían 56 millones de euros a las arcas municipales , a la par que eliminar las trabas sobre las parcelas reservadas para nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, los juzgados, la estación de autobuses o el hotel con encanto previsto en la antigua casa consistorial. Además, también se desbloquean infraestructuras como las conexiones viarias de la avenida Acapulco y del arroyo Real con La Loma o proyectos como el Parque de los Cuentos previsto en esta nueva zona de expansión. En materia de viviendas, el PGOU contempla suelo para la construcción de 1.500 VPO además de la puesta en marcha del Plan Municipal de Viviendas Asequibles, que permitirá subvencionar la compra de inmuebles de renta libre siempre que los promotores se adhieran al mismo.
Entrada en vigor
Una vez aprobado el PGOU, la única cuestión pendiente es si el se realizará un texto refundido o si pasará directamente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). En este punto surgen disparidad de criterios, ya que el Ayuntamiento se decanta por la segunda opción para agilizar su entrada en vigor, mientras que el Ejecutivo regional preferiría el texto refundido, si bien la última decisión corresponde a la Administración local. «Nuestra recomendación, que le transmitiremos por escrito, es que hagan un texto refundido ya que, aunque el proceso sería más lento, tiene una mayor seguridad jurídica», explicó a este periódico el delegado provincial de Obras Públicas y Vivienda, Enrique Benítez, quien destacó la «buena sintonía» entre ambas administraciones para «sacar adelante un PGOU tan importante que ya está prácticamente operativo». En cuanto al retraso en la tramitación, recalcó que no fue hasta el pasado 23 de noviembre cuando el Consistorio incorpora las últimas correcciones al expediente.
En Fuengirola la noticia se valoró como un día «relativamente importante» ya que la edil de Obras, Ana Mula apuntó que «no ha sido todo lo satisfactorio que debiera para la localidad». Así, concretó que «se ha aprobado el PGOU que viene impuesto por la Junta, aunque Fuengirola presentaba un plan más ambicioso».
También recordó los años de gestiones que ha dejado tras de sí esta aprobación definitiva, así como los compromisos de Benítez «de llevar los últimos trámites a la comisión de diciembre, posteriormente de enero y después, a febrero, agotando sus plazos hasta casi final de mes». Es por ello que Mula apuntó que la tardanza «ha contribuido a generar más paro, a que no se hayan desarrollado sectores para VPO y a un freno al progreso de Fuengirola».

Estepona tendrá que esperar a un nuevo PGOU para construir la universidad (SUR)

Un informe municipal avisa de que el aumento de población que contempla el convenio supera lo establecido en la Ley del Suelo
23.02.2011 -
MERCEDES PERIÁÑEZ
ESTEPONA.

El desarrollo y la urbanización de los suelos donde se prevé levantar el futuro campus universitario de Estepona ha sacado a la luz la necesidad de revisar el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), vigente desde 1994. Esta sería una de las vías para poder culminar este proyecto. Un informe elaborado por el asesor jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, Andrés Flores, pone al Ayuntamiento sobre aviso de las trabas para llevar a cabo en la actualidad el desarrollo de estos suelos, ubicados en la zona más occidental del municipio.
«La tramitación de las dos innovaciones (modificaciones del planeamiento) establecidas en el convenio de forma conjunta, no permitiría a día de hoy, alcanzar la aprobación definitiva de los dos planes de sectorización (instrumentos por los que se establecen las determinaciones de la ordenación urbanística)», recoge su informe. Esto es, pese a que el Ayuntamiento apruebe el convenio para obtener los suelos de la universidad, éstos no se podrían desarrollar con el actual panorama urbanístico.
Esto se debe, según el informe, a que el convenio supondría un incremento superior al 20% de la población de derecho censada en el municipio -se calcula un aumento superior a los 17.000 habitantes-, con lo que incumple lo establecido en el Disposición Transitoria Cuarta del Texto Refundido de la Ley del Suelo 2008, aplicable en la comunidad andaluza. Asimismo, el asesor municipal recuerda en su escrito -al que tuvo acceso SUR- que existen en la actualidad expedientes de innovación del PGOU en fase de aprobación provisional, que de aprobarse definitivamente al día de hoy, impedirían la tramitación de los planes de los ámbitos objeto del convenio urbanístico.
Con todo, el asesor jurídico de Urbanismo concluye que la aprobación del convenio «no es que fuerce a revisar el planeamiento general, sino que abunda en la procedencia de continuar con el proceso de revisión del PGOU». Cabe recordar que el documento de aprobación inicial de la revisión, iniciada en 2005, se entregó al Consistorio en 2007, pero a partir de ahí no superó más pasos en su tramitación.
Dos años
El texto del convenio entre el Ayuntamiento y las empresas propietarias de los suelos donde se ubicará el campus, recoge unos plazos para la tramitación de los instrumentos de desarrollo, gestión y ejecución de las obras de urbanización de los terrenos. En total, se fijan dos años para la aprobación de todo el planeamiento, según el texto del convenio sometido a exposición pública.
El equipo de gobierno ha incluido en el orden del día del pleno que se celebrará este viernes, la resolución de las alegaciones presentadas a este acuerdo urbanístico. Se realizaron más de una treintena. El primer edil aseguró el pasado lunes que se han estimado la mayoría de las alegaciones. La aprobación del texto del convenio necesitará la mayoría absoluta para salir adelante; esto es, el equipo de gobierno -en el caso de que todos voten a favor- tendrá que contar con el apoyo de, al menos, dos concejales de la oposición.

Adjudicatarios de las viviendas sociales piden a Urbanismo que medie. Marbella (SUR)

Adjudicatarios de las viviendas sociales de Nueva Andalucía y miembros de la promotora Amenabar, encargada de levantarlas, se reunieron ayer con el objetivo de zanjar la polémica surgida en torno a las modificaciones en el precio de las propiedades que han denunciado los primeros.
La cita ha servido de poco. Así lo indicaron a SUR algunos de los presentes, quienes subrayaron que la empresa «se mantiene en sus trece», obligándoles a que firmen la compraventa del inmueble antes de 10 días, momento en el que deben entregar unos 30.000 ó 40.000 euros, según el tipo de vivienda. De no depositar dicha cantidad, la mercantil informó, según estas fuentes, que la casa se adjudicaría a otra persona, siguiendo la relación de suplentes. Este periódico intentó sin éxito contactar con la promotora a fin de que ofreciera su versión de los hechos.
Los agraciados en el sorteo de estas viviendas sociales, las primeras que se levantan en Marbella desde hace 20 años, denuncian que el precio de las casas se ha incrementado, fundamentalmente, debido a que ahora «de forma obligatoria», tienen que afrontar el pago de trastero y garaje en cada una de las unidades. Además se mostraron indignados porque, entre otras cosas, las viviendas se entregarán con cocinas sin amueblar. «Nos obligan a realizar desembolsos muy grandes, como los que tendríamos que afrontar de ser una vivienda libre», asegura una de las perjudicadas.
Las esperanzas de estos futuros propietarios están puestas ahora en la reunión que mantendrán mañana con el concejal de Urbanismo, Pablo Moro. Desde luego las previsiones son halagüeñas. El concejal adelantó la predisposición del Ayuntamiento a mediar en el conflicto «para que tanto el garaje como el trastero salgan del paquete».
Los mismos precios
No obstante, defendió que los precios de las viviendas son exactamente los mismos que se publicitaron en su día y que la cuantía actual es la suma del garaje y el trastero, además del 8 por ciento de IVA. El edil explicó que la promotora da por sentado que de la legislación autonómica se desprende la obligatoriedad de asignar dichas prestaciones a cada vivienda.
Asimismo el concejal abundó en que el precio de las viviendas de protección pública viene tasado por las leyes central y autonómica del suelo y que las ayudas directas que ha eliminado Rodríguez Zapatero de forma unilateral, y que oscilaban entre los 8.000 y 12.000 euros, servían para cubrir el 20 por ciento del valor que se destina a la entrada.
Iniciativa Marbella San Pedro Alcántara mantiene, por su parte, que si el Ayuntamiento hubiera cedido los suelos gratuitamente el precio no se hubiera encarecido tanto.