Adjudicatarios de las viviendas sociales de Nueva Andalucía y miembros de la promotora Amenabar, encargada de levantarlas, se reunieron ayer con el objetivo de zanjar la polémica surgida en torno a las modificaciones en el precio de las propiedades que han denunciado los primeros.
La cita ha servido de poco. Así lo indicaron a SUR algunos de los presentes, quienes subrayaron que la empresa «se mantiene en sus trece», obligándoles a que firmen la compraventa del inmueble antes de 10 días, momento en el que deben entregar unos 30.000 ó 40.000 euros, según el tipo de vivienda. De no depositar dicha cantidad, la mercantil informó, según estas fuentes, que la casa se adjudicaría a otra persona, siguiendo la relación de suplentes. Este periódico intentó sin éxito contactar con la promotora a fin de que ofreciera su versión de los hechos.
Los agraciados en el sorteo de estas viviendas sociales, las primeras que se levantan en Marbella desde hace 20 años, denuncian que el precio de las casas se ha incrementado, fundamentalmente, debido a que ahora «de forma obligatoria», tienen que afrontar el pago de trastero y garaje en cada una de las unidades. Además se mostraron indignados porque, entre otras cosas, las viviendas se entregarán con cocinas sin amueblar. «Nos obligan a realizar desembolsos muy grandes, como los que tendríamos que afrontar de ser una vivienda libre», asegura una de las perjudicadas.
Las esperanzas de estos futuros propietarios están puestas ahora en la reunión que mantendrán mañana con el concejal de Urbanismo, Pablo Moro. Desde luego las previsiones son halagüeñas. El concejal adelantó la predisposición del Ayuntamiento a mediar en el conflicto «para que tanto el garaje como el trastero salgan del paquete».
Los mismos precios
No obstante, defendió que los precios de las viviendas son exactamente los mismos que se publicitaron en su día y que la cuantía actual es la suma del garaje y el trastero, además del 8 por ciento de IVA. El edil explicó que la promotora da por sentado que de la legislación autonómica se desprende la obligatoriedad de asignar dichas prestaciones a cada vivienda.
Asimismo el concejal abundó en que el precio de las viviendas de protección pública viene tasado por las leyes central y autonómica del suelo y que las ayudas directas que ha eliminado Rodríguez Zapatero de forma unilateral, y que oscilaban entre los 8.000 y 12.000 euros, servían para cubrir el 20 por ciento del valor que se destina a la entrada.
Iniciativa Marbella San Pedro Alcántara mantiene, por su parte, que si el Ayuntamiento hubiera cedido los suelos gratuitamente el precio no se hubiera encarecido tanto.
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