Decenas de vecinos de la urbanización José Fernández Castany llevan años sin salir de casa por no tener ascensor · Propietarios y Endesa, enfrentados por un transformador
ÁNGEL RECIO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 23.02.2011 - 01:00
Centenares de vecinos de la urbanización José Fernández Castany, conocida como la Barriada de Obras Públicas y situada en Héroe Sostoa, han emprendido una particular lucha contra Endesa por la instalación de un transformador que permita colocar ascensores en todos los edificios y, con ello, facilitar que decenas de personas mayores puedan salir de sus casas tras meses y años de aislamiento.
La historia tiene cierta complejidad. Esta barriada fue construida hace 50 años para los trabajadores de Obras Públicas y está compuesta por 17 bloques de cinco plantas cada uno, sin ascensor, con un total de 204 inmuebles. En 2006, la comunidad solicitó ayudas de la Junta de Andalucía para adecentar el recinto dentro del Plan de Rehabilitación de Viviendas y, en 2009, se firmó un convenio por el cual la Junta se comprometía a colocar 16 ascensores, la cubierta, bajantes de PVC, una nueva red de saneamiento y pintar todos los edificios con una inversión total de 2,5 millones de euros de los cuales los vecinos tenían que aportar el 5%.
Todas esas mejoras ya se han hecho -están terminando de pintar las fachadas- salvo la instalación de los ascensores. El problema es que el transformador existente es antiguo y no tiene la suficiente capacidad para dar corriente a los nuevos ascensores. Los vecinos reclamaron a Endesa y ésta les mandó un presupuesto de 136.772 euros. La comunidad de propietarios entendió que el transformador debía abonarlo la compañía eléctrica porque, según un Real Decreto de 2008, la empresa debe hacerse cargo del suministro siempre que la ampliación no supere los 100 kilovatios (kw). Los vecinos pidieron 17 nuevos puntos de enganche, uno por edificio, con una potencia de 69,5 kw cada uno. En ese caso, sería Endesa la que tendría que pagar el transformador. La eléctrica se negó argumentando que no son 17 puntos de enganche sino solo uno para todos los bloques y, por tanto, la potencia instalada sería de 170 kw y superaría los 100 exigidos por la normativa.
La comunidad de propietarios denunció el caso ante la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia y ésta le dio la razón. De hecho, envió un escrito el pasado 15 de diciembre a Endesa dándole un plazo de 10 días para iniciar el proyecto de instalación. El delegado provincial de Endesa, Alfredo Rodríguez, aseguró ayer a este diario que "no estamos de acuerdo con esa decisión y vamos a recurrir porque entendemos que es una petición conjunta".
Mientras se resuelve este galimatías, los vecinos están más que molestos ya que la barriada está medio levantada y la constructora que está rehabilitando los edificios parada. La maquinaria está donde los vecinos aparcaban sus coches y ahora deben dar varias vueltas para encontrar una plaza de aparcamiento en las calles adyacentes.
No obstante, la mayor preocupación son las personas mayores. En esta barriada la mayoría de los inquilinos sobrepasan los 75 años ya que son ex trabajadores de Obras Públicas y sus viudas. Las escaleras son muy estrechas y ya ha habido varios accidentes. Francisco Trujillo tiene 79 años y necesita un andador. Hace cuatro meses, se cayó por las escaleras y se partió la cadera. Se puede levantar y andar pero no tiene fuerzas para subir y bajar las escaleras, por lo que lleva tres meses sin poder salir de casa. "Estoy desesperado", afirma.
Pepita Ruiz tiene 83 años y lleva dos sin salir prácticamente a la calle. Vive sola y la compra se la llevan familiares, vecinos o la encarga a un supermercado. "Tengo artrosis y artritis, desviación de columna y una prótesis de la que me han operado dos veces. No salgo nunca y por eso estoy siempre en camisón, con los tobillos hinchados. Me aburro mucho porque no tengo con quién hablar y no puedo ir a la calle porque no puedo con las escaleras", relata. Pepita tiene la suerte de vivir en un primero, aunque otros vecinos también de avanzada edad están en el quinto y con 92 escalones por delante.
Mercedes Ruiz, a sus 82 años, afirma que es un "suplicio" bajar y subir la escalera. "Voy poco a poco, como puedo, intentado cogerme a la baranda pero me cuesta mucho trabajo". Su vecina está en silla de ruedas y todos los días tiene que ir una ambulancia a recogerla para bajarla, llevarla a la rehabilitación y volver a subirla.
Si finalmente los vecinos tuvieran que pagar el transformador, cada inquilino debería abonar 670 euros a lo que habría que sumarle los 612 euros que ya han tenido que poner para la rehabilitación de los edificios, una cantidad inaccesible para muchas familias.
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