miércoles, 19 de noviembre de 2008

Pisos a subasta a precios rebajados (El País)

Un grupo de promotores abre una puja en Internet para vender viviendas

La crisis afecta a todos los sectores, pero primero hizo mella en el de la construcción. Bajar el precio de las viviendas es, a veces, la única salida para los promotores. Y así ocurre en una urbanización residencial de la playa de Motril (Granada). El pasado mes de enero el precio de venta de un piso de dos dormitorios era 230.000 euros, en marzo bajó a 215.000, el próximo 28 de noviembre sale a subasta por Internet a 168.000.
La imaginación ha salido al paso de la difícil situación económica y un grupo de promotores ha accedido a rebajar hasta un 30% el valor de unas cuarenta viviendas de nueva construcción que se subastarán por Internet con un precio de salida similar al que tendrían en 2005. La inmobiliaria Global Properties & Service junto con la agencia de publicidad Publibanus y un promotor de la costa granadina, Carlos Ferreira, han creado la marca comercial Flecha Naranja para lanzar la puja por Internet. No son pisos embargados. Antes de participar en la subasta se puede visitar la vivienda y un asesor financiero analiza las posibilidades de concesión de la hipoteca.

Es lo que ya ha hecho Julián Vega. Tiene 28 años y desde hace dos intenta junto a su pareja comprar una casa para vivir, pero los elevados precios del mercado se lo han impedido. Con esta iniciativa se ahorra unos 60.000 euros. "Así sí puedo acceder", afirma. Confía en que no haya muchos interesados en ese piso y la puja por Internet, que será el día 28, no dispare su precio. "Si sube mucho, renuncio, porque no me concederían la hipoteca".

En total son unas cuarenta viviendas de la Costa Tropical que se pueden ver a través de la página web flechanaranja.com. Los usuarios que quieran registrarse en la página tienen que hacer un depósito de mil euros, a través de un contrato de reserva firmado por las dos partes, cantidad que les será devuelta si finalmente no compran la casa o será descontada de su precio si la adquieren. La puja se hará en fracciones de 500 euros y cada cliente sólo puede comprar una vivienda. "El fin no es más que ayudar un poco a ajustar el mercado", explica el responsable de marketing de la empresa, Luis Miguel Calvo.

Aunque ha habido algunas subastas antes, ahora se oferta la posibilidad de conocer el producto, visitarlo y saber las opciones reales de financiación. "Comprar una vivienda es una decisión importante", dice. Por eso se subasta por Internet pero con un plazo de tiempo previo para ver las viviendas y en una zona concreta de la provincia. "Permite al cliente haber conocido el precio anterior y saber exactamente dónde está ubicado el piso", añade Calvo.

No ha sido fácil encontrar a promotores dispuestos a dar el paso. Sin embargo, quienes lo han hecho están, de momento, satisfechos con el resultado. "Hay muchas llamadas y la gente quiere venir a ver los pisos, se están registrando en la web", afirma Carlos Ferreira, uno de los promotores implicados que ha rebajado cinco viviendas para esta iniciativa local.

Desde que se abrió el plazo el pasado día 10, un total de diez personas se han registrado y recibieron asesoramiento, según explica Pablo Rodríguez, director de ventas. La capacidad negociadora ha aumentado con la crisis, lo que permite a personas como Julián Vega poder plantearse adquirir en propiedad un piso. Actualmente vive de alquiler. "No me he lanzado antes esperando a ver si bajaba". Por eso considera ésta una buena oportunidad.

La inspección urbanística velará por que se cumplan los cupos de VPO (El País)

El nuevo plan mantiene la prioridad de preservar el suelo no urbanizable

El cuerpo de inspectores de urbanismo de la Junta tendrá entre sus misiones prioritarias controlar que el 30% de los suelos de nuevo desarrollo se destinan realmente a la construcción de VPO, como establece la Ley de Vivienda Protegida y Suelo. Esta función es una de las novedades que incorpora el Plan de Inspección Urbanística para el cuatrienio 2009-12, cuya orden publicará en los próximos días el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Los inspectores emitirán informes periciales y harán demoliciones
La inspección no sólo velará porque los planeamientos urbanísticos municipales cumplan con estas reservas de suelo, sino que deberán comprobar "la efectiva construcción de tales viviendas por los sujetos obligados" y también que se dotan de los precisos equipamientos habitacionales (locales vecinales, jardines, áreas infantiles y zonas comunes).

El nuevo plan mantiene como primer objetivo de la inspección las construcciones ilegales, pero no contempladas desde un punto de vista represivo, sino de la ordenación. Así, la facultad que se atribuye a los inspectores es la de "colaborar con los órganos competentes para la debida consideración por el planeamiento territorial o urbanístico en fase de aprobación, revisión o adaptación, de las obras, construcciones y edificaciones ilegales". Para ello, emitirán informes sobre la situación para los distintos departamentos con competencias en la aprobación del planeamiento urbanístico.

Dentro del objetivo de evitar la proliferación de construcciones ilegales, la prioridad de las actuaciones se centra en el suelo no urbanizable, y especialmente en el que tiene algún grado de protección.

Así, el tercer objetivo que el plan atribuye a la inspección tras las construcciones ilegales y las viviendas de VPO es el de "coadyuvar a la defensa de los usos previstos por el planeamiento para los parques, jardines, espacios libres, infraestructuras o demás reservas para dotaciones". Otra de las prioridades de la inspección, que tiene relación con la preservación del suelo no urbanizable, es la de evitar la formación de núcleos de población donde no lo prevé el planeamiento y los procesos de parcelaciones ilegales. La segregación de suelo rústico en fracciones inferiores a 25.000 metros cuadrados no está permitida por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

El plan de inspección para los próximos cuatro años presenta dos novedades respecto al actual que tienen que ver con la implicación institucional y social en la disciplina urbanística. Por un lado, la incorporación de las diputaciones provinciales a los convenios que la dirección general de inspección firma con los municipios para darles asistencia en el control de la disciplina urbanística, principalmente con aquellos que no superan los 5.00 habitantes, lo que supone un reforzamiento de los medios.

Y por otro lado, la orden contempla la constitución del Foro de Disciplina Urbanística como una plataforma permanente de difusión y promoción en la que estarán representados las administraciones públicas, las universidades y los colegios y asociaciones profesionales relacionadas con la materia (arquitectos, abogados, urbanistas, registradores, notarios, jueces y fiscales, entre otros).

El nuevo plan incide en una de las funciones que empiezan a ser habituales de estos agentes, la de prestar auxilio a los órganos judiciales y la ejecución de sentencias de demolición. En los primeros seis meses del año, el cuerpo de inspección emitió más de 200 informes periciales requeridos por los jueces que instruyen casos de legalidades urbanísticas. El recién creado cuerpo de inspectores de urbanismo de la Junta dispone de 25 agentes especializados, con apoyo de personal técnico en las ocho provincias. El año que viene se cubrirán otras 11 plazas por oposición libre, con lo que se habrá cubierto la mitad de la plantilla prevista inicialmente para este cuerpo.

El pacto de la vivienda se blinda con un nuevo compromiso de los bancos (El País)

La Junta acuerda una cláusula con las entidades financieras para facilitar créditos

La Junta firmará hoy en el Pabellón de las Tres Culturas, con 34 entidades financieras y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el convenio de financiación del Plan Concertado de Vivienda y suelo. Las entidades financieras se comprometen a aportar hasta 9.550 millones de euros para cubrir las necesidades de financiación del plan, que se alargará en el tiempo hasta 2012 y prevé construir 132.000 viviendas de VPO, además de actuaciones como rehabilitación o compra de suelo. El convenio establece un perfil básico del comprador al que las entidades financieras se comprometen a resolver la concesión del préstamo hipotecario en el plazo máximo de dos meses si cumplen cuatro condiciones básicas. Una comisión mixta se encargará de resolver los conflictos que surgan en la aplicación del convenio.

La Junta dará hoy el impulso definitivo a su plan de vivienda y conseguirá el compromiso de las entidades financieras para que doten al proyecto de financiación suficiente. El convenio que suscribirá hoy la Administración andaluza lo firmarán 34 entidades financieras (tres más que las que ya se comprometieron en el borrador inicial del pasado diciembre de 2007) además del ICO, que aportará 150 millones de euros dirigidos a la financiación de preferentemente de viviendas protegidas en alquiler de renta básica, viviendas protegidas en alquiler con opción a compra, alojamientos protegidos y alojamientos para universitarios y para integración social, entre otras actuaciones.No tener informes negativos como moroso; acreditar que la renta actual se lleva ganando un periodo mínimo -el máximo exigible sería hasta tres años-, que las deudas financieras (préstamos) no supongan más del 40% de la renta percibida por la unidad familiar; y que una vez pagada la letra del piso la familia disponga al menos de el salario mínimo interprofesional (600 euros) para vivir, son las condiciones que los bancos van a exigir a los ciudadanos que quieran acceder a la compra de un piso de VPO del Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía.

La Junta arrancará hoy con la firma del convenio con 34 entidades financieras el compromiso de que darán préstamos hipotecarios a todo aquel que cumpla esos requisitos mínimos, que en su caso pueden ser también sustituidos por la presentación de avales o de otras garantías financieras, según recoge el convenio.

En el caso de los promotores, el convenio no ha establecido un perfil básico por la complejidad del mismo, pero sí recoge el compromiso de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, que dará su conformidad, de forma previa y como condición para su formalización, a las concesiones de préstamos a los promotores.

De esta manera, la Junta, en el plazo de 15 días hábiles desde la recepción de la comunicación de la entidad financiera, otorgará su conformidad al mismo, mediante soporte informático. Además, en caso de que se cumpla ese plazo sin respuesta, se entenderá por aceptada la operación.

En total están citadas hoy a las 17.30 un total de 34 entidades financieras, que se repartirán por cupos los 9.550 millones de euros del plan. La banca privada se repartirá 3.095,7 millones de euros con el BBVA como principal operador; las cajas de ahorro andaluzas se distribuirán 4.917,1 millones con Unicaja y Cajasol como principales prestamistas; otras cajas de ahorro no andaluza se encargarán de aportar financiación por 1.161,8 millones de euros, con La Caixa como principal financiadora -más de 760 millones de euros- y las cajas rurales aportarán al plan 225,2 millones de euros.

El ICO, que junto a Caja Inmaculada, Caja de Murcia y Caja España, se ha incorporado al plan en esta fase definitiva, aportará 150 millones de euros para financiar operaciones muy específicas como las de rehabilitación o viviendas en régimen especial dirigidas a colectivos preferentes.

Los tipos de interés que llevarán aparejados los diferentes tipos de préstamos tanto a compradores como a promotores será el mismo que determine el plan estatal, actualmente en fase de redacción.

Asimismo, las hipotecas cubrirán el 80% del valor total de la vivienda, y del 15% del precio máximo de venta de los pisos en el caso de los promotores para la urbanización y compra de suelo. La amortización será hasta un máximo de 25 años, salvo acuerdo con la entidad financiera.

Hallan estucos del siglo XIX en el Conservatorio María Cristina (Málaga Hoy)

Serán recuperados junto con las pinturas y artesonados de los techos durante la rehabilitación del edificio, cuyo origen data del siglo XV

Los estucos originales del siglo XIX del antiguo Conservatorio María Cristina de Málaga han sido hallados al retirar la pintura que los cubrían y serán recuperados durante la rehabilitación de este edificio cuyo origen data del siglo XV, en el que también se restaurarán las pinturas y artesonados de sus techos.

Tras las catas realizadas, se ha comprobado que el estuco se conserva en muy buenas condiciones, ya que "paradójicamente la pintura lo ha protegido", ha explicado Felipe Faraguna, director de la Obra Social de Unicaja, propietaria del inmueble.

Ello permitirá devolver el antiguo Conservatorio "a su estado original y en todo su esplendor", según Faraguna, que ha explicado que el estuco presenta "un típico entramado con colores achampanados", aunque una parte es un poco más oscura al contener pigmentos de color rojo.

Durante las labores de restauración también se recuperará la decoración dorada de las columnas corintias del edificio, que se encontraba en mal estado.

Faraguna ha anunciado que las butacas de la sala principal han sido sustituidas, aunque las nuevas mantienen el estilo de las anteriores, con el armazón de madera y decoración de volutas.

Además, el suelo de esta sala se podrá recuperar finalmente y no será reemplazado, ya que después de haber sido retirado se barnizará y se volverá a instalar.

Una de las principales novedades para este edificio será el sistema de climatización, que discurrirá bajo el suelo con difusores debajo de los asientos, lo que permitirá utilizar este espacio "doce meses al año", ha señalado Faraguna.

Además de restaurar la sala principal, se recuperarán otras dependencias que tendrán un uso didáctico relacionado con la música y también habrá salas de ensayo y la posibilidad de realizar grabaciones "con una calidad óptima", según el responsable de la Obra Social de Unicaja.

También se ha actuado en la cubierta del inmueble, que presentaba algunos problemas de filtraciones, y se ha instalado un armazón de hierro que permite andar por el espacio situado entre el tejado y los lienzos que decoran los techos.

Unicaja espera que las obras de restauración del antiguo Conservatorio concluyan antes del próximo verano, ya que prevé celebrar en esta sede su Escuela de Verano en julio.

El edificio, con una superficie total de 2.315 metros cuadrados, tiene en sus techos lienzos de prestigiosos pintores como Martínez de la Vega o Denis Belgrano, que también están siendo restaurados para recuperar su cromatismo original.

En una de sus estancias, el Salón de los Espejos, cuenta con pinturas de guirnaldas y flores que el artista José Nogales Sevilla pintó sobre los propios cristales para disimular las grietas causadas por el devastador terremoto de 1884.

La aparición de estucos del siglo XIX retrasa la apertura del María Cristina (Málaga Hoy)



La rehabilitación del antiguo conservatorio desvela el buen estado de los yesos, que serán recuperados al igual que las pinturas y artesonados de sus techos · Las obras se demorarán más de un mes

Uno de los baluartes culturales de la burguesía del siglo XIX recuperará su esplendor antes del próximo verano, pero unos 40 días más tarde de los plazos previstos. El antiguo Conservatorio María Cristina, adquirido por Unicaja en 1975, se encuentra ahora en la primera fase de una rehabilitación integral que ha deparado un agradable imprevisto. Al retirar la pintura de las paredes, los técnicos han descubierto los estucos originales del siglo XIX en "muy buen estado", según explicó ayer Felipe Faraguna, director de la Obra Social de Unicaja.

Tras finalizar las obligadas excavaciones arqueológicas (a unos 70 centímetros por debajo del nivel del suelo) sin hallar vestigios de relevancia, se está procediendo ahora a la colocación de las tuberías y del sistema de calefacción central y lateral que discurrirá por debajo de las butacas. La semana que viene se llevará a cabo la limpieza y restauración de los frescos del techo y, a continuación, la recuperación de los citados estucos, que "paradójicamente han llegado casi intactos gracias a la pintura que los ha protegido", señaló Faraguna. Tras remover el esmalte actual (en tonos verdes y azules) aparecerá todo el entramado de estucos, de un color achampanado y, en algunas partes, combinado con tonalidades rojizas "que casa perfectamente con los colores del techo", añadió el responsable. Durante las labores de restauración también se recuperará la estética dorada de las semicolumnas de estilo corintio del inmueble.

Como recordó ayer Faraguna, cuando finalice la reforma de paredes y techo, ya con los andamios fuera, se procederá a la colocación de la solería original, retirada para su reestructuración y barnizado. Se trabajará además sobre la cubierta para eliminar los focos de humedad e impermeabilizarla, y se ha realizado un exhaustivo estudio de la acústica para optimizar las condiciones de la sala.

El proyecto, presupuestado en 3,5 millones de euros y a cargo del arquitecto Rafael de Lacour incluye la colocación de una nueva sillería (con el estilo de las anteriores, armazón de madera y decoración de volutas), tratamientos específicos para eliminar las termitas de la madera y un equipamiento multimedia que permitirá realizar grabaciones.

En esta primera fase también se restaurará el salón mudéjar y el resto de espacios que funcionan como antesalas. La segunda acometida prevé la rehabilitación de la zona ubicada entre el salón de conciertos y sus patios paralelos, así como la incorporación de aulas para estudios musicales, clases de trabajo y ensayo. Unicaja quiere reforzar así la función didáctica del recinto, de hecho prevé celebrar en él su Escuela de Verano el próximo julio.

El antiguo Conservatorio María Cristina (impulsado por el compositor Eduardo Ocón a finales del siglo XIX) tiene su origen en un antiguo edificio del siglo XV. En la actualidad tiene incoado un expediente de catalogación como Bien de Interés Cultural y posee el máximo grado de protección, de ahí que se trate con especial mimo la rehabilitación de sus obras de arte, que recuperarán el tono cromático primigenio. Tanto los techos del salón de conciertos como los del salón de los espejos poseen lienzos del siglo XIX de Martínez de la Vega y Denis Belgrano.

Vecinos piden información sobre viviendas de ediles y funcionarios. Estepona (Málaga Hoy)

La solicitud de la plataforma vecinal del municipio se centra en los diseminados

La plataforma de asociaciones de vecinos de Estepona juega una nueva baza para defender los diseminados rurales. Ahora piden al alcalde, David Valadez (PSOE), información "sobre supuestos privilegios y tratos de favor a personal de este Ayuntamiento que, habiéndose construido viviendas en zonas agrícolas, se habrían beneficiado de un tratamiento ventajoso a la hora de registrar esas construcciones".

Según explicó ayer el portavoz de la plataforma, Miguel Quirós, "queremos que el alcalde nos diga cómo esas personas han conseguido legalizar sus viviendas para que el resto de vecinos podamos hacer lo mismo. En ningún caso vamos a pedir que se derribe ninguna construcción ni vamos a cargar las tintas contra una persona en particular ya que existen sospechas de que son varios funcionarios e incluso concejales o familiares directos los que han construido chalets de lujo en zonas agrícolas, rústicas y por tanto no urbanizables según el vigente PGOU".

Los vecinos de Estepona llevan más de tres años movilizándose para impugnar el POT y conseguir que sus viviendas, construidas sobre suelos rústicos o agrícolas, sean legalizadas. Además, también quieren que sus parcelas puedan segregarse y que queden regularizadas dentro del nuevo PGOU. Por otro lado, también vienen denunciando la imposición de multas millonarias por infracciones urbanísticas.

Quirós explicó ayer que se da el caso de que hay "construcciones de 30 metros cuadrados que han sido sancionadas con un importe de 480.809 euros, a pesar de que el vecino ha construido una vivienda similar y no se le ha multado".

Ante esta situación, desde la plataforma han solicitado una reunión con el alcalde para que les facilite la documentación referida a los inmuebles en cuestión. Por su parte el regidor aseguró que se incoarán todos los expedientes oportunos "y se actuará en consecuencia tal y como se viene haciendo hasta ahora en todos los asuntos que incumben a la gestión municipal".

La plataforma vecinal de Marbella pro derribos impugnará el PGOU. (Málaga Hoy)

Considera que la legalización de las casas irregulares es una amnistía no permitida
La plataforma vecinal 29-M, que se constituyó para solicitar la ejecución de sentencias de demolición de obras ilegales de Marbella, anunció ayer que impugnarán judicialmente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) cuando se apruebe definitivamente. La abogada Inmaculada Gálvez, representante legal del colectivo, señaló que el documento urbanístico supone "una amnistía" a todas las tropelías de los años de gobierno del GIL. Por este motivo, han solicitado una reunión con representantes de la Fiscalía de Málaga y otra con la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La ampliación del puerto de la Caleta requiere la demolición de ocho casas. Vélez-Málaga (SUR)

Ayuntamiento y Demarcación de Costas ya buscan soluciones al problema · Los vecinos están dispuestos a dejar sus viviendas y entrar en otras en una nueva ubicación

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga y los responsables de Demarcación de Costas están buscando una solución para las ocho familias cuyas viviendas están en el interior del recinto portuario de Caleta de Vélez. La infraestructura comarcal cuenta con un proyecto de ampliación para el año que viene cuyo escollo debe salvar antes de su licitación. Según informó el teniente de alcalde, Salvador Marín (IU), los vecinos están dispuestos a cambiar sus casas por otras en una nueva ubicación que tendrá que buscar el Consistorio.

El concejal de la coalición de izquierdas, responsable de Urbanismo, explicó que la administración local va a ofrecer una parcela para la ejecución de las viviendas, pero pretende que la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (Eppa) financie la reubicación de estos vecinos.

La ampliación del recinto portuario de Caleta de Vélez, presupuestada en 66 millones de euros, supondrá la construcción de un nuevo dique exterior paralelo al actual de una longitud próxima de 850 metros y un nuevo contradique a poniente de 490 metros de desarrollo. Además, se proyecta una dársena de uso pesquero de más de 35.000 metros cuadrados, capaz de alojar la flota actual, y nuevas zonas para la flota recreativa, que incrementará el número de atraques en 700 puestos.

Además de estas ocho familias, Marín indicó que existen otra docena de casas que se verán afectadas por las obras de remodelación del paseo marítimo de Torre del Mar. Según comentó, no todos estos propietarios están dispuestos a dejar sus viviendas. Con respecto a las de Lagos y Mezquitilla pidió que se cumpliese el acuerdo plenario.

Marín, y el concejal de Playas del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Antonio López (PSOE), aprovecharon la reunión con el jefe de la Demarcación de Costas, Francisco Hermoso, para trasladarle a éste su preocupación por el mantenimiento íntegro del Club Náutico de Torre del Mar. El edificio principal será protegido por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía pero el Ayuntamiento quiere mantener también las instalaciones anexas, como la piscina y el almacén, y para ello van a solicitar una concesión administrativa para su explotación. A pesar de que la Demarcación tomará posesión del edificio el próximo 16 de diciembre por invadir la línea marítimo terrestre, Marín consideró que "no quiere decir que se vaya a demoler nada". También han solicitado para uso municipal la antigua estación del ferrocarril de Chilches.

Con respecto a la remodelación y ampliación del paseo marítimo de Torre del Mar y el futuro diseño y ubicación de los chiringuitos de playa, López indicó que se tratará la próxima semana en un próximo encuentro, pero que van a solicitar al organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que apoye con la financiación ya que el Ayuntamiento tiene reservada una partida de unos dos millones de euros, mientras que el anteproyecto lo eleva a siete millones. Sobre los chiringuitos confirmó que la propuesta de la Demarcación de Costas es que estén situados a 150 metros del muro de ribera.

Denuncian que Empleo ha paralizado el convenio de la construcción (Málaga Hoy)

La Junta ha rechazado dos artículos y los sindicatos dicen que beneficia a los empresarios
Sindicatos y empresarios entregaron el convenio de la construcción en la provincia de Málaga el 2 de julio a la Delegación de Empleo. Entonces, hablaban del mejor acuerdo del sector en toda España. Pero mientras esperaban su publicación en un boletín, lo que se han encontrado es una citación judicial. La delegación ha denunciado dos artículos del convenio ante el juzgado de lo Social y las partes están citadas el próximo 6 de abril de 2009 en los tribunales.

"Son dos puntos que están en los acuerdos marco de todas las provincias y sacados del acuerdo estatal y no entendemos por qué aquí tenemos que ir en contra", explicó ayer el secretario general Construcción de Comisiones Obreras en Andalucía, Ángel Gómez. Los artículos tienen que ver con las indemnizaciones en los contratos fijos por obra y al control de la Junta en caso de despido. Lo que pide Empleo es que se le comuniquen dichos ceses, pero UGT y CCOO dicen que el sector es "diferente" y que "parece que el delegado de Empleo, Juan Carlos Lomeña, no conoce la realidad del día a día". También anunciaron movilizaciones "si esto no se arregla". La no publicación del convenio supone que las tablas salariales no se actualicen y que cada trabajador haya perdido 600 euros en lo que va de año.

Empleo no contestó ayer a las denuncias sindicales.

Los vecinos llevarán el PGOU de Marbella al Parlamento Europeo (La Opinión)


La plataforma que agrupa a los propietarios de viviendas legales denuncia que el plan incumple las normas europeas que persiguen el blanqueo de capitales
PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA El PGOU de Marbella incumple la directiva europea contra el blanqueo de capitales. Esta es la principal razón por la que la plataforma 29-M, que reúne a los vecinos de la localidad que poseen viviendas legales y se consideran, por ello, los auténticos "compradores de buena fe" afectados por las irregularidades urbanísticas, tiene decidido llevar el documento ante el Parlamento Europeo para que lo estudie. Aunque más bien será el Parlamento con sede en Bruselas el que se traslade. La abogada Inmaculada Gálvez, que representa a más de 3.000 vecinos en esta situación, adelantó ayer que el eurodiputado por Los Verdes David Hammerstein instalará en el municipio una oficina parlamentaria para recoger las quejas de los residentes en materia urbanística. En su opinión, además, también en materia de agua, al no garantizar el suministro.Castigo. "Europa castigará a España", dijo Gálvez, quien está convencida de que el Parlamento, tras estudiar las denuncias de la plataforma, emitirá un informe en el que se evidenciará que el Plan General no cumple las "mínimas" normas sobre blanqueo, la irregularidad más grave en la que incurre el nuevo documento urbanístico, aprobado provisionalmente por PP y PSOE en pleno municipal, pero no la única."El Plan quiere ningunear 40 sentencias firmes en su ejecución", aseguró la letrada, en relación a los procedimientos judiciales abiertos a raíz de las irregularidades urbanísticas cometidas durante los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL).De ahí, que la plataforma 29-M tenga previsto reunirse con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con el Instituto Andaluz Universitario de Criminología. "Vamos a instar a que nos ayuden porque creemos que el PGOU es una amnistía y no profundiza sobre las responsabilidades de los responsables de las infracciones urbanísticas que se han cometido en Marbella".Tanto Gálvez como el presidente del colectivo, Rafael Ávila, enumeraron ayer las innumerables razones que poseen en contra de un documento "irresponsable", en palabras de Ávila, y que lo único que hace es "tapar las vergüenzas de todos los poderes públicos del estado de derecho español", según la abogada.Con estos argumentos, la impugnación del PGOU de Marbella, que podría suponer su paralización, parece estar servida una vez se apruebe definitivamente por lo que correría la misma suerte que el PGOU de 1998 elaborado por el GIL, que "se asume en el nuevo plan" denuncian.

Se triplica la morosidad

Los ciudadanos no hacen frente al pago del 2,54% de los créditos, la cifra más alta en 10 años. El saldo de préstamos dudosos se sitúa en 45.631 millones

EUROPA PRESS. MADRID La morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito a particulares y empresas subió en septiembre hasta el 2,543%, la tasa más alta desde abril de 1998, cuando se situó en el 2,55%, según datos del Banco de España.
Este dato supone un incremento de 0,103 puntos respecto a la tasa de agosto, que se situó en el 2,44%, y es más de tres veces superior a la de septiembre de 2007, cuando se colocó en el 0,771%. Además, este incremento de la morosidad supone la decimoquinta subida consecutiva.
El saldo de créditos dudosos aumentó en 1.937 millones de euros respecto al mes de agosto, al situarse en 45.631 millones frente a los 43.694 del mes anterior. El volumen total de préstamos concedidos hasta septiembre alcanzó 1,79 billones de euros.
El dato, que incluye la deuda del concurso voluntario de acreedores de Martinsa-Fadesa, no recoge la morosidad de los establecimientos financieros de crédito, ya que son entidades que pueden conceder créditos pero no captar depósitos y tienen una morosidad muy elevada.
Las cajas contaban en septiembre con el mayor saldo dudoso, que se situó en 26.039 millones de euros, tras aumentar en 572 millones de euros respecto al mes anterior y 19.600 millones frente al registrado un año atrás.
De esta forma, las cajas de ahorros situaron su tasa de mora en el 2,961%, cuatro veces por encima de la que marcaron en septiembre de 2007, cuando se colocó en el 0,791%. En noviembre de 1997, la morosidad en las cajas alcanzó el 3%. Estas entidades tienen prestados 879.263 millones de euros, 65.631 más que al cierre de septiembre de 2007.
La morosidad de los bancos, por su parte, también se encuentra en máximos históricos y cerró septiembre en el 2,116%, un nivel que no registraba desde enero de 1998, cuando suponía el 2,136% del total de los créditos.
En concreto, los bancos tenían concedidos 805.378 millones en créditos a sus clientes hasta septiembre, de los que 17.045 millones eran de carácter dudoso, más del triple que en el mismo mes de 2007, cuando alcanzaban 5.098 millones de euros. Además, el saldo dudoso aumentó en 1.099 millones de euros respecto a agosto.
Cooperativas. Por su parte, las cooperativas de crédito situaron su morosidad en el 2,331%, un total de 0,281 puntos por encima de la tasa de agosto (2,05%), mientras que sus créditos se situaron en 95.037 millones, de los que 2.216 eran dudosos.
El Banco de España advirtió recientemente de que la morosidad continuará creciendo e incidirá en la cuenta de resultados de bancos y cajas, obligándoles a realizar "mayores provisiones específicas" para cubrir los impagos.

El PP plantea cien proyectos para los próximos diez años (La Opinión)

La formación propone construir una ciudad aeroportuaria, abrir el debate sobre la finalización de la Catedral o la creación de una Bolsa de valores en la capital

MATUCHA GARCÍA. MÁLAGA Más de cien proyectos. El Partido Popular incluye en la ponencia ´Málaga, un futuro perfecto´ de su próximo congreso provincial un centenar de propuestas a ejecutar en los próximos diez años. Se trata del resultado del trabajo llevado a cabo por el Gabinete de Análisis y Estudios de la formación.
Una de las iniciativas más llamativas es sin duda la ciudad aeroportuaria que proponen entre Málaga y Alhaurín de la Torre y que plantean levantar sobre 600 hectáreas. Estiman que generaría 25.000 empleos, según destaca el director de Secretariado de Mantenimiento y Sostenibilidad de la Universidad de Málaga (UMA), Salvador Merino.
En materia de infraestructuras del transporte destaca una macrorronda de Málaga que discurriría de Chilches a Fuengirola. "Sería la tercera ronda", precisa. "Proponemos además que la carretera del Arco sea una autopista que una todas las cabeceras de comarca", subraya. Un ferry litoral que conecte Marbella con Nerja, que el AVE llegue a las costas oriental y occidental, o la potenciación de los carriles bici en toda la provincia, son otras de las propuestas incluidas en esta ponencia y dadas a conocer ayer por los responsables de la misma, el ya mencionado Merino y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Díaz; y, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Torremolinos, Margarita del Cid. El congreso provincial tendrá lugar este fin de semana y dará fin al mandato de Joaquín Ramírez, que dará paso al único candidato, el actual secretario general, Elías Bendodo.

Economía y turismo. "Durante la próxima década la previsión es que Málaga supere en población a Sevilla, por lo que creemos que hay que ir solicitando las competencias que nos corresponden por importancia. Así, reclamamos que las consejerías de Economía y Hacienda y la de Turismo de la Junta tengan sede en Málaga, así como la Cámara de Cuentas y la caja única", dice Merino.
El PP cree necesario que exista en Málaga una bolsa de valores, ya que es la "capital económica" del sur y el territorio que concentra "mayor número" de inversores, "no existiendo ninguna bolsa en la mitad sur del país", indica.
La repoblación de la provincia con diez millones de árboles, la creación de una red interprovincial que conecte todos los pantanos, "lo que garantizaría el abastecimiento de la provincia", o que las energías alternativas "no dependan tanto" del clima primando opciones como el aprovechamiento de las corrientes marinas, son otros de los proyectos destacados por los populares.
También plantean un parque biotecnológico en la Axarquía, que sería complementario al Parque Tecnológico de Andalucía; la creación de una red sanitaria que permita que ninguna persona esté a más de 20 minutos de un centro hospitalario; y abrir un debate sobre la necesidad o no de finalizar la Catedral.

Empresarios temen una ´pelota´ millonaria en forma de atrasos (La Opinión)

El sector aconseja a las empresas que paguen ya los salarios actualizados pese a la falta de convenio, ante el riesgo de acumular costes ingentes

El bloqueo administrativo sobre el convenio colectivo del sector Industrias de la Construcción y Oficios Auxiliares para la provincia de Málaga 2008-2011 ha tenido la rara virtud de unir a empresarios y sindicatos en defensa de un texto consensuado el pasado verano después de largas jornadas de negociación con las que se quiso evitar una situación tan desagradable como la de junio de 2007, cuando se convocó huelga general en el sector y sólo se pudo firmar un texto de transición para ese mismo año.
De esta forma, la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga manifestó ayer su respaldo a la postura de los sindicatos y, por supuesto, al convenio redactado. Aunque muchos pudieran pensar que los inmediatos beneficiados por la situación son los empresarios, que siguen pagando ahora mismo salarios correspondientes a 2007, la realidad es otra, como explica la gerente de la ACP, Violeta Aragón.
De hecho, el colectivo está recomendando desde hace semanas a todos sus asociados que actualicen sus nóminas con arreglo al convenio, a pesar de que éste no haya sido todavía publicado. Se quiere evitar así que cuando el texto, tarde o temprano (aunque sea a mitad de 2009), entre en vigor las empresas se encuentren con una ´pelota´ económica de atrasos salariales a las que no puedan hacer frente de una sola vez.
"Sólo podemos hacer recomendaciones, pero le estamos aconsejando a todos nuestros socios que no esperen a la publicación del convenio para pagar con arreglo a 2008, porque pueden tener un gran problema después, y más en la situación económica en la que nos encontramos", advierte.
"No entendemos la actitud de la Junta de Andalucía. El mecanismo de suspensiones de contratos que se ha incluido es que el que aparece en todos los convenios del sector, y responde a una lógica interna de la construcción, que es el único que posee la modalidad de contrato fijo por obra", explica en relación a la actitud de la Delegación de Empleo.
Para Aragón, no existe el riesgo de que los empresarios hagan un uso abusivo de este apartado, a pesar de que la actual situación de crisis económica invita a pensar que es precisamente ahora cuando pueden darse más casos de empresas que, ante la imposibilidad financiera, de iniciar o continuar una obra, recurran a las suspensiones de contrato. "Ningún empresario busca llegar a esa situación y, además, la mesa negociadora, en la que están los propios sindicatos, impediría esos abusos", apunta.
Los empresarios, en un escrito remitido el 20 de octubre a Empleo, ya recordaban, en representación de la mesa negociadora de la Junta, que los procedimientos establecidos en el artículo 18.5 "han sido avalados por reiterada jurisprudencia laboral" y que sólo ahora, "de forma sorpresiva", ha cambiado el criterio.

El sueldo de 87.000 obreros, congelado hasta abril de 2009 (La Opinión)

La Junta impugna el convenio colectivo de Málaga y deja 60 millones de euros en atrasos pendientes de ser actualizados en nómina. Empleo afirma que hay dos puntos contrarios a la normativa, a pesar de que se repiten en todos los acuerdos de España desde hace años

A perro flaco, todo son pulgas. Eso deben pensar los trabajadores de la construcción de la provincia de Málaga quienes, además de sufrir un ´annus horribilis´ en el que el paro se ha duplicado hasta alcanzar las 27.800 personas, ven ahora cómo se paraliza la publicación oficial de su convenio colectivo 2008-2011 ¿La razón? Que la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga ha impugnado el texto consensuado por sindicatos y empresarios por su desacuerdo con lo redactado en los puntos 5 y 6 del artículo 18, que hacen referencia a la suspensión de contratos fijos de obra en caso de paralizaciones temporales de un trabajo determinado y a las indemnizaciones previstas para estos ceses.
Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT lamentaron ayer la decisión tomada por el delegado de Empleo de la Junta, Juan Carlos Lomeña, y cuantificaron el costo de la misma en una época tan difícil de crisis económica, y en la que cada euro que entra es vital para el sostenimiento de las economías familiares: cada trabajador está dejando de percibir en atrasos correspondientes a estos meses de 2008 una media de 600 euros, mientras que los que han perdido su empleo durante este año (más de 11.000 por el momento) están viendo reducido su finiquito hasta en 170 euros. El montante total estimado es de 60 millones de euros para un sector que actualmente da trabajo en Málaga, pese al desplome de actividad, a más de 87.000 personas.
Lo más curioso del caso es que, en esta ocasión, tanto empresarios como sindicatos están completamente de acuerdo con el texto, después de que en verano se alcanzara el consenso. Sin embargo, ya el pasado 7 de octubre Empleo comenzó a poner trabas a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), haciendo un requerimiento a la mesa negociadora -integrada por CCOO, UGT y la Asociación de Constructores y Promotores (ACP)- para que explicaran los citados puntos. Finalmente, el pasado lunes 10 de noviembre se recibió la cédula de citación del juzgado de lo Social número 12 de Málaga, según la información a la que ha tenido acceso este periódico.

Movilizaciones. En el escrito se fija el juicio para abril de 2009, una fecha que sorprende aún más a los sindicatos, que no entienden cómo se puede pedir a los trabajadores de la construcción, en medio de la crisis económica, que esperen a esta resolución para ver actualizados sus salarios. Por ello, tanto CCOO y UGT reclaman que se oficialice el convenio, y que Empleo inste a cambiar el texto de cara a futuros convenios. De lo contrario, amenazan con recurrir a todo tipo de movilizaciones.
"Podemos entender la postura del delegado provincial de Empleo, Juan Carlos Lomeña, pero esta situación escapa a nuestra competencia, ya que esos dos artículos vienen dictados por el convenio estatal y no podemos cambiarlos", indicaban ayer en Málaga tanto el secretario general de Construcción de CCOO de Andalucía, Ángel Gómez como el secretario de Acción Sindical de MCA-UGT de Andalucía, Manuel Mejía.
A su favor juega, desde luego, la lógica de que esos dos puntos ya aparecen en los anteriores convenios firmados en Málaga durante los últimos diez años (los últimos publicados ya con Lomeña al frente de Empleo), además de en el convenio general nacional que data de 1992 y en los que se han firmado este mismo año en otras provincias andaluzas como Sevilla, Granada o Huelva.

Mutismo de Empleo. La perplejidad entre los sindicatos es tal que ya se ha remitido un escrito al consejero de Trabajo, Antonio Fernández, en el que se le solicita que medie para resolver el extraño conflicto. En caso contrario, los sindicalistas temen que el caso ´Málaga´, en caso de ser respaldada la postura de la Junta por el juez, pueda tumbar los convenios de la construcción de toda España.
Durante la jornada de ayer, este periódico intentó recabar la postura del delegado de Empleo que, sin embargo, se remitió a una comparecencia ante los medios de comunicación fijada para la mañana de hoy. Hasta entonces sólo queda la propia versión de los sindicatos, que se reunieron ayer mismo con Lomeña antes de denunciar el caso ante la prensa.
Según CCOO y UGT, Empleo afirma que esos dos puntos, en su actual forma de redacción, dejan sin un control administrativo que es de obligado cumplimiento las posibles suspensiones de contrato, y que las indemnizaciones estipuladas (del 7%) pueden ser, en caso de contratos de pocos días, inferiores al salario de 8 días que contempla el Estatuto de los Trabajadores. También se objeta contra la compensación económica establecida en el punto 4, que se propone como sustitutiva del obligado preaviso de 15 días antes de echar a un trabajador.

Las torres de La Térmica superan su primer escollo (SUR)

El Ayuntamiento acata una sentencia que obliga a ampliar el ámbito del sector, que albergará unas 670 viviendas

Dos de las cuatro torres de pisos que se construirán en la zona de La Térmica han superado finalmente el escollo que mantenía en suspenso el planeamiento para poder desarrollarlas. Se trata del proyecto que Reyal Urbis y Banesto promueven para el sector de Torre del Río, y que incluye dos bloques de 27 plantas cada uno. En la comisión de Movilidad y Urbanismo se dará hoy cuenta del expediente de cumplimiento de una sentencia que obliga al Ayuntamiento a modificar el ámbito del citado sector para incluir a los propietarios de unos suelos que se habían quedado fuera.

Cuando, hace diez años, el Consistorio delimitó el sector de Torre del Río en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), excluyó una franja de 11.633 metros cuadrados debido a que se encontraba bordeada al norte por un deslinde marítimo-terrestre que la Dirección General de Costas había aportado como probable.

Los propietarios de estos suelos, que se quedaron fuera, presentaron un recurso que finalmente ha derivado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obliga a incluir sus posesiones en el ámbito de Torre del Río. De este modo, el sector pasará de tener una superficie de 75.329 metros cuadrados a una de 86.963 metros cuadrados.

Aunque las zonas que se añaden se dedicarán a espacios libres, ya que se encuentran próximas a la playa, el incremento en la superficie del ámbito provoca un aumento en el número de viviendas que pueden construirse en él. Hasta ahora podían realizarse unas seiscientas y, con la ampliación de suelo, podrán ejecutarse unas 670.

Trámites

Para continuar con la tramitación de este proyecto urbanístico, el siguiente paso será la remisión del expediente a la Junta de Andalucía para dejar constancia de la modificación de los límites del sector. Al mismo tiempo, los promotores de la actuación presentarán un nuevo plan para la zona que volverá a salir a exposición pública.

Por todo ello, aún puede faltar un año y medio o dos años para ver completada la tramitación de estas torres que, por otra parte, pueden ver reducida finalmente su altura -de unos cien metros- por las restricciones que impone la Dirección General de Aviación Civil.

Urbanismo abre un expediente a Fomento por la tala de al menos cien árboles en el Benítez (SUR)

El Consistorio considera que el ministerio debería haberle notificado la supresión de las masas de eucaliptos. El Gobierno asegura que eran ejemplares enfermos

19.11.2008 - JESÚS HINOJOSA MÁLAGA

Todoempezó en un programa de Punto Radio Málaga al que llamó un oyente para denunciar lo que consideraba como una tala abusiva de árboles en los terrenos del Campamento Benítez. A ese programa acudió la concejala de Parques y Jardines, Teresa Porras, que dio parte del asunto a la Gerencia Municipal de Urbanismo. Tras varios intentos de la Policía Local y los inspectores del Ayuntamiento para entrar en la parcela del antiguo acuartelamiento, optaron por tomar unas fotos aéreas de la zona en un vuelo ya previsto. La comparación con las imágenes de hace sólo un año no dejó lugar a dudas: Habían sido talados más de un centenar de árboles en el Benítez.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, explicó que, mediante la comparación de fotografías, se detectó la desaparición de dos grandes masas de árboles que pueden sumar al menos cien ejemplares. Díaz señaló que no cabe abrir un expediente sancionador al Ministerio de Fomento, responsable de las talas como parte de las labores de acondicionamiento previo del campamento para que albergue el Museo del Transporte. El motivo es que una administración pública no puede multar a otra.
No obstante, Urbanismo sí ha abierto un expediente sobre el asunto y remitirá a Fomento un escrito en el que le comunicará que debería haberle notificado que iba a producirse esta tala de árboles. «Las administraciones debemos ser ejemplares en el cumplimiento de la norma y, en este caso, el Gobierno central no es un buen ejemplo y tendrá que dar explicaciones», declaró Díaz.
El Ayuntamiento considera que, como responsable de todo lo relativo a la supresión o traslado de especies arbóreas en la ciudad, debería haber sido informado.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Fomento explicaron que las talas se han producido debido a que muchos de los árboles del Benítez -eucaliptos en su mayor parte- estaban enfermos. «La empresa Tragsa, que realiza las labores de acondicionamiento y limpieza de la parcela, ha optado por talarlos y dejar parte de su tronco para que vuelvan a brotar, esta vez sanos», apuntaron las fuentes, que resaltaron que Tragsa trabaja habitualmente para la administración pública, a instancias del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
Además, precisaron que algunos de los árboles podrían haber caído sobre las vías del tren a Fuengirola, y agregaron que se ha tratado el terreno para su reforestación.

La Junta concede a una docena de vecinos ayudas para rehabilitar sus viviendas. Manilva (SUR)

Un total de 12 vecinos de Manilva se verán beneficiados este año del programa de rehabilitación autonómica de viviendas de la Junta de Andalucía. La arquitecta responsable de los proyectos comenzará esta semana las visitas a las viviendas que se verán beneficiadas por estas actuaciones. Será el paso previo a la redacción de los proyectos necesarios para acometer las reformas.
La ayuda de la Junta costea hasta un máximo de 14.000 euros en caso de que afecte a estructura o hasta 10.000 euros en los otros supuestos. Las actuaciones deben estar relacionadas con problemas estructurales de la vivienda, filtración de lluvia o con deficiencias en las instalaciones de saneamiento, de luz o de espacio. Además, este programa contempla actuaciones la supresión de barreras arquitectónicas y la mejora del consumo energético para acentuar el ahorro, entre otras medidas.

Ayudas a la rehabilitación. Marbella-San Pedro de Alcántara (SUR)

El Ayuntamiento de Marbella subvencionará el pago de las licencias de obra de rehabilitación de viviendas de los centros históricos de Marbella y San Pedro Alcántara. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, adelantó que someterá dicha medida en el próximo pleno. Se trata de ayudas a las familias con menos recursos económicos que hayan obtenido de antemano beneficios para la rehabilitación por parte de la Junta de Andalucía

La alcaldesa pide que la ampliación de La Bajadilla se licite en 2009. Marbella (SUR)

«No se entendería que la burocracia paralice el proyecto», criticó Muñoz
La alcaldesa de Marbella recordó ayer que la ampliación del puerto deportivo La Bajadilla es «una prioridad» para el equipo de gobierno y que la licitación de las obras «no puede esperar hasta 2012, sino que tiene que hacerse en 2009». Ángeles Muñoz reaccionó así a la información publicada ayer por este periódico, en la que se hacía constar que los cambios en el proyecto de ampliación del recinto portuario permitirán la llegada de cruceros. Fuentes de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) no descartaban en esa misma información que la salida a concurso de los trabajos se produzca incluso el próximo año, aunque ello depende de la conclusión del trámite de adscripción de aguas.
En opinión de Muñoz, no deben haber excusas. «No sería entendible que un proyecto que cuenta con un informe medioambiental y con un anteproyecto fechado en el año 2000, se pueda paralizar por la acción de la burocracia», afirmó tras hacer hincapié en la importancia que tiene la obra «para el crecimiento de la ciudad y para la llegada de cruceros medianos a Marbella». La ampliación, sostuvo la alcaldesa, no sólo benificiará a la ciudad; también a la propia Junta de Andalucía, «que incrementará sus atraques sin necesidad de invertir».
El turismo náutico es una prioridad para el Ayuntamiento, que ayer recordó ayer que Marbella será sede en diciembre de una reunión de carácter técnico que tiene como objetivo lograr que la Red de Ciudades Náuticas del Mediterráneo pueda ser una realidad en el primer semestre de 2009.

Entre en servicio la oficina de atención al ciudadano de Urbanismo tras su renovación (SUR)

La Gerencia Municipal de Urbanismo cuenta desde ayer con una renovada Oficina de Atención al Ciudadano, en la que veinte empleados ofrecen información general, tramitan licencias de obra mayor y menor, y realizan la liquidación para el pago de las tasas urbanísticas. Las instalaciones han recibido este año unas 15.000 visitas, y con esta medida el Consistorio quiere mejorar la tramitación de procesos relacionados con la Gerencia de Urbanismo. El horario es de 09.30 a 13.30 horas, de lunes a viernes.

Uno de los aparcamientos del aeropuerto cierra por obras hasta mayo (SUR)

El aeropuerto de Málaga ha iniciado las obras para adecuar y modernizar el edificio de aparcamientos P2, ubicado frente a la Terminal Pablo Ruiz Picasso (T2), coincidiendo con la temporada de invierno, por lo que permanecerá cerrado al público. Los usuarios que necesiten aparcar tienen a su disposición el edificio de aparcamientos P1, que entró en funcionamiento en verano de 2007 con 2.500 plazas, y el P3, un estacionamiento gratuito habilitado con motivo de las obras de ampliación del recinto y que dispone de un servicio de transporte las 24 horas del día, también gratis, con autobuses lanzadera, para acercar a los pasajeros a las terminales.
Con una inversión de 3.472.084 euros, las obras, que afectan a las cuatro plantas del edificio, construido a principios de los años noventa, contemplan la renovación total de sus instalaciones.
Las empresas adjudicatarias, Tecnocontrol y San José, comenzaron en octubre los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de ocho meses. La obra del aparcamiento P2 va dirigida a modernizar las instalaciones actuales y ponerlas acordes con las nuevas que se realizan a través del Plan Málaga de ampliación del aeródromo.

El alcalde se desmarca de su equipo de gobierno sobre el cierre del Parque (SUR)

De la Torre aboga por mantenerlo abierto y la edil responsable rechaza una moción contraria al vallado

Posturas encontradas las que mantuvieron ayer el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y la concejala de Parques y Jardines, Teresa Porras, a cuenta del cierre del Parque debido a los actos de vandalismo. El regidor se desmarcó de su propio equipo de gobierno abogando por mantenerlo abierto, mientras que en la comisión de Medio Ambiente la edil del PP votaba en contra de una moción presentada por el grupo municipal del PSOE en la que se pedía que este espacio no se vallase.
De la Torre manifestó que no es partidario de cerrar el Parque por un hecho puntual como las consecuencias que puedan derivarse de la celebración del botellón en el cercano Paseo de los Curas. «Cerrarlo sería una situación muy fija a una situación muy provisional como es la del botellón, que va a tener una duración determinada en ese espacio», dijo y agregó que el Parque está concebido como espacio abierto.
Cara al futuro, el regidor afirmó que no ve que este espacio deba estar cerrado, y subrayó que los episodios de vandalismo pueden solventarse con más vigilancia que la existente actualmente o con la instalación de videovigilancia. Aún así, De la Torre no quiso dar el debate por cerrado.
Una controversia que se abrió hace unos veinte días cuando Teresa Porras anunció que su departamento estaba estudiando la forma de vallar las zonas ajardinadas en horario nocturno, dejando libre los andenes principales «de modo que el cerramiento no afecte a los accesos ni perjudique a los ciudadanos», según declaró a este periódico.
Sin embargo, en la comisión de Medio Ambiente, Porras y los miembros del equipo de gobierno rechazaron una moción presentada por la concejala socialista Begoña Medina en la que se pedía un posicionamiento en contra del vallado. «No entendemos el posicionamiento que ha mantenido la concejala cuando el alcalde ha manifestado una postura similar a la del espíritu y la letra de la moción», señaló Medina. La concejala del principal grupo de la oposición tachó de «temeridad y barbaridad» la propuesta de cierre del Parque de Málaga.

Diseño

El portavoz de IU en el Consistorio, Pedro Moreno Brenes, consideró que se ha abierto un debate sin tener muy claro lo que se quiere hacer. «El Parque no es el Retiro y por su diseño no es susceptible de ser cerrado», subrayó.
Asimismo, recordó que fue el equipo de gobierno del PP el que decidió llevar el botellón de la plaza de la Merced al Paseo de los Curas, por lo que criticó la incoherencia de querer cerrarlo ahora por los efectos de esta práctica. Moreno Brenes reivindicó más medios de vigilancia y control para que el Parque siga siendo un espacio para el disfrute de la ciudadanía.