La solicitud de la plataforma vecinal del municipio se centra en los diseminados
La plataforma de asociaciones de vecinos de Estepona juega una nueva baza para defender los diseminados rurales. Ahora piden al alcalde, David Valadez (PSOE), información "sobre supuestos privilegios y tratos de favor a personal de este Ayuntamiento que, habiéndose construido viviendas en zonas agrícolas, se habrían beneficiado de un tratamiento ventajoso a la hora de registrar esas construcciones".
Según explicó ayer el portavoz de la plataforma, Miguel Quirós, "queremos que el alcalde nos diga cómo esas personas han conseguido legalizar sus viviendas para que el resto de vecinos podamos hacer lo mismo. En ningún caso vamos a pedir que se derribe ninguna construcción ni vamos a cargar las tintas contra una persona en particular ya que existen sospechas de que son varios funcionarios e incluso concejales o familiares directos los que han construido chalets de lujo en zonas agrícolas, rústicas y por tanto no urbanizables según el vigente PGOU".
Los vecinos de Estepona llevan más de tres años movilizándose para impugnar el POT y conseguir que sus viviendas, construidas sobre suelos rústicos o agrícolas, sean legalizadas. Además, también quieren que sus parcelas puedan segregarse y que queden regularizadas dentro del nuevo PGOU. Por otro lado, también vienen denunciando la imposición de multas millonarias por infracciones urbanísticas.
Quirós explicó ayer que se da el caso de que hay "construcciones de 30 metros cuadrados que han sido sancionadas con un importe de 480.809 euros, a pesar de que el vecino ha construido una vivienda similar y no se le ha multado".
Ante esta situación, desde la plataforma han solicitado una reunión con el alcalde para que les facilite la documentación referida a los inmuebles en cuestión. Por su parte el regidor aseguró que se incoarán todos los expedientes oportunos "y se actuará en consecuencia tal y como se viene haciendo hasta ahora en todos los asuntos que incumben a la gestión municipal".
La plataforma de asociaciones de vecinos de Estepona juega una nueva baza para defender los diseminados rurales. Ahora piden al alcalde, David Valadez (PSOE), información "sobre supuestos privilegios y tratos de favor a personal de este Ayuntamiento que, habiéndose construido viviendas en zonas agrícolas, se habrían beneficiado de un tratamiento ventajoso a la hora de registrar esas construcciones".
Según explicó ayer el portavoz de la plataforma, Miguel Quirós, "queremos que el alcalde nos diga cómo esas personas han conseguido legalizar sus viviendas para que el resto de vecinos podamos hacer lo mismo. En ningún caso vamos a pedir que se derribe ninguna construcción ni vamos a cargar las tintas contra una persona en particular ya que existen sospechas de que son varios funcionarios e incluso concejales o familiares directos los que han construido chalets de lujo en zonas agrícolas, rústicas y por tanto no urbanizables según el vigente PGOU".
Los vecinos de Estepona llevan más de tres años movilizándose para impugnar el POT y conseguir que sus viviendas, construidas sobre suelos rústicos o agrícolas, sean legalizadas. Además, también quieren que sus parcelas puedan segregarse y que queden regularizadas dentro del nuevo PGOU. Por otro lado, también vienen denunciando la imposición de multas millonarias por infracciones urbanísticas.
Quirós explicó ayer que se da el caso de que hay "construcciones de 30 metros cuadrados que han sido sancionadas con un importe de 480.809 euros, a pesar de que el vecino ha construido una vivienda similar y no se le ha multado".
Ante esta situación, desde la plataforma han solicitado una reunión con el alcalde para que les facilite la documentación referida a los inmuebles en cuestión. Por su parte el regidor aseguró que se incoarán todos los expedientes oportunos "y se actuará en consecuencia tal y como se viene haciendo hasta ahora en todos los asuntos que incumben a la gestión municipal".
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