miércoles, 19 de noviembre de 2008

El sueldo de 87.000 obreros, congelado hasta abril de 2009 (La Opinión)

La Junta impugna el convenio colectivo de Málaga y deja 60 millones de euros en atrasos pendientes de ser actualizados en nómina. Empleo afirma que hay dos puntos contrarios a la normativa, a pesar de que se repiten en todos los acuerdos de España desde hace años

A perro flaco, todo son pulgas. Eso deben pensar los trabajadores de la construcción de la provincia de Málaga quienes, además de sufrir un ´annus horribilis´ en el que el paro se ha duplicado hasta alcanzar las 27.800 personas, ven ahora cómo se paraliza la publicación oficial de su convenio colectivo 2008-2011 ¿La razón? Que la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga ha impugnado el texto consensuado por sindicatos y empresarios por su desacuerdo con lo redactado en los puntos 5 y 6 del artículo 18, que hacen referencia a la suspensión de contratos fijos de obra en caso de paralizaciones temporales de un trabajo determinado y a las indemnizaciones previstas para estos ceses.
Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT lamentaron ayer la decisión tomada por el delegado de Empleo de la Junta, Juan Carlos Lomeña, y cuantificaron el costo de la misma en una época tan difícil de crisis económica, y en la que cada euro que entra es vital para el sostenimiento de las economías familiares: cada trabajador está dejando de percibir en atrasos correspondientes a estos meses de 2008 una media de 600 euros, mientras que los que han perdido su empleo durante este año (más de 11.000 por el momento) están viendo reducido su finiquito hasta en 170 euros. El montante total estimado es de 60 millones de euros para un sector que actualmente da trabajo en Málaga, pese al desplome de actividad, a más de 87.000 personas.
Lo más curioso del caso es que, en esta ocasión, tanto empresarios como sindicatos están completamente de acuerdo con el texto, después de que en verano se alcanzara el consenso. Sin embargo, ya el pasado 7 de octubre Empleo comenzó a poner trabas a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), haciendo un requerimiento a la mesa negociadora -integrada por CCOO, UGT y la Asociación de Constructores y Promotores (ACP)- para que explicaran los citados puntos. Finalmente, el pasado lunes 10 de noviembre se recibió la cédula de citación del juzgado de lo Social número 12 de Málaga, según la información a la que ha tenido acceso este periódico.

Movilizaciones. En el escrito se fija el juicio para abril de 2009, una fecha que sorprende aún más a los sindicatos, que no entienden cómo se puede pedir a los trabajadores de la construcción, en medio de la crisis económica, que esperen a esta resolución para ver actualizados sus salarios. Por ello, tanto CCOO y UGT reclaman que se oficialice el convenio, y que Empleo inste a cambiar el texto de cara a futuros convenios. De lo contrario, amenazan con recurrir a todo tipo de movilizaciones.
"Podemos entender la postura del delegado provincial de Empleo, Juan Carlos Lomeña, pero esta situación escapa a nuestra competencia, ya que esos dos artículos vienen dictados por el convenio estatal y no podemos cambiarlos", indicaban ayer en Málaga tanto el secretario general de Construcción de CCOO de Andalucía, Ángel Gómez como el secretario de Acción Sindical de MCA-UGT de Andalucía, Manuel Mejía.
A su favor juega, desde luego, la lógica de que esos dos puntos ya aparecen en los anteriores convenios firmados en Málaga durante los últimos diez años (los últimos publicados ya con Lomeña al frente de Empleo), además de en el convenio general nacional que data de 1992 y en los que se han firmado este mismo año en otras provincias andaluzas como Sevilla, Granada o Huelva.

Mutismo de Empleo. La perplejidad entre los sindicatos es tal que ya se ha remitido un escrito al consejero de Trabajo, Antonio Fernández, en el que se le solicita que medie para resolver el extraño conflicto. En caso contrario, los sindicalistas temen que el caso ´Málaga´, en caso de ser respaldada la postura de la Junta por el juez, pueda tumbar los convenios de la construcción de toda España.
Durante la jornada de ayer, este periódico intentó recabar la postura del delegado de Empleo que, sin embargo, se remitió a una comparecencia ante los medios de comunicación fijada para la mañana de hoy. Hasta entonces sólo queda la propia versión de los sindicatos, que se reunieron ayer mismo con Lomeña antes de denunciar el caso ante la prensa.
Según CCOO y UGT, Empleo afirma que esos dos puntos, en su actual forma de redacción, dejan sin un control administrativo que es de obligado cumplimiento las posibles suspensiones de contrato, y que las indemnizaciones estipuladas (del 7%) pueden ser, en caso de contratos de pocos días, inferiores al salario de 8 días que contempla el Estatuto de los Trabajadores. También se objeta contra la compensación económica establecida en el punto 4, que se propone como sustitutiva del obligado preaviso de 15 días antes de echar a un trabajador.

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