domingo, 26 de octubre de 2008

Luz verde al desbloqueo del complejo geriátrico de Pizarra tras un parón de 10 meses (SUR)

La Junta aprueba convertir en urbanizable el suelo del proyecto, cuyas obras se iniciaron con una licencia provisional
Tras una incertidumbre que ha durado diez meses, el proyecto para la construcción de un complejo geriátrico en Zalea (Pizarra) parece que ve la luz al final del túnel. La Junta de Andalucía ha aprobado la modificación de elementos del sector donde se ubicará la construcción, formada por 204 apartamentos tutelados para mayores, un centro asistencial y otras instalaciones.

Se trata de un trámite que ya sacó adelante en su día el Ayuntamiento pero que precisaba de la ratificación de la administración autonómica. De esta manera, el suelo afectado por el proyecto pasará a ser urbanizable y no rústico, algo que el equipo de gobierno consideraba imprescindible para desbloquear la actuación.

Y es que cabe recordar que las obras se iniciaron hace más de dos años tras un permiso concedido por la anterior corporación encabezada por IU. Sin embargo, en enero de este año el Consistorio emitió un decreto del Alcaldía en el que ordenaba la paralización de los trabajos alegando que la licencia concedida en su día tenía carácter provisional y que la construcción no podía seguir adelante por ubicarse en suelo rústico.

La concejala de Urbanismo, Isabel Lara, señaló en declaraciones a la Cadena Ser que con la aprobación de la modificación de elementos se salva el «escollo más difícil» que había para sacar adelante el proyecto. Aunque la espera todavía no ha concluido, dado que ahora habrá que pasar otra serie de trámites como la aprobación del plan parcial, el de urbanización y otras cuestiones urbanísticas que se intentarán agilizar lo máximo posible, según Lara. Con todo, en el Ayuntamiento no manejan fechas para un posible inicio de las obras.

Lujo para mayores

El complejo geriátrico Sol Dorado, que fue calificado en su día por el Consistorio como proyecto de interés social, está siendo impulsado por la cooperativa del mismo nombre y que está integrada por personas mayores que quieren levantar una instalación de lujo y con todas las comodidades. La paralización de las obras supuso también el despido de cerca de un centenar de trabajadores, la mayoría del pueblo.

La ampliación del puerto de Fuengirola se atasca por diferencias en la zona comercial (SUR)

El Ayuntamiento presenta dos proyectos alternativos que contemplan más atraques y un mayor espacio para locales de ocio y restauración al entender que se reducen a la mitad La Junta asegura que las propuestas municipales obligarán a empezar de nuevo los trámites administrativos
Junta de Andalucía y Ayuntamiento tienen una visión muy distinta de lo que debe ser la ampliación del puerto de Fuengirola. Unas diferencias que amenazan con volver a atascar el proyecto, cuya licitación sólo está pendiente de que la Dirección General de Costas adscriba las aguas a la comunidad autónoma. Según ha podido saber este periódico, el Consistorio ha enviado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) un informe técnico con dos proyectos alternativos al ya elaborado por la Junta, lo que, a juicio del Ejecutivo andaluz, podría retrasar más si cabe el inicio de las obras. «Esta situación nos obligaría a redactar de nuevo el proyecto básico; es decir, a retroceder dos años», aseguran fuentes de la Junta, quienes recuerdan que la ampliación del recinto portuario ya ha superado el periodo de alegaciones y que el proyecto actual ya recoge algunas de las propuestas planteadas en su día por el Ayuntamiento, «como que se permita el atraque de cruceros de hasta 60 metros de eslora».

Sin embargo, la actuación que pretende llevar a cabo la APPA no se acerca «ni de lejos» a la que defiende el equipo de gobierno que encabeza Esperanza Oña, que siempre ha apostado por que el puerto sea el «motor económico» de Fuengirola, con una visión más allá de la puramente portuaria. Pero al margen de esta diferencia conceptual, hay un obstáculo aún más concreto, y tiene que ver con la superficie destinada a zona comercial. «El proyecto de la Junta aumenta los atraques, pero en cambio reduce a la mitad la superficie comercial, a pesar de que los empresarios tienen una concesión en vigor», explicó Oña. Por ello, el Ayuntamiento ha vuelto a poner sobre la mesa dos diseños alternativos acompañados por las firmas de los comerciantes del puerto. «Ya que no nos han hecho caso a la hora de redactar el proyecto, al menos que respeten a los comerciantes», añadió la alcaldesa, quien recalcó que «la Junta no puede rescindir un contrato de concesión porque sí». Además, insistió en la necesidad de buscar una salida «consensuada y negociada», algo que la regidora asegura haber echado en falta hasta ahora, recordando que el Ayuntamiento recibió el proyecto el último día de exposición pública.

Como primera opción, la más ambiciosa, el Consistorio apuesta por que la ampliación se extienda hasta la playa de San Francisco, donde se crearía una plaza semicircular con zonas comerciales y se habilitarían más puntos de atraque que, en este caso, alcanzarían los 1.389, el doble de los que recoge el proyecto actual (675). Una posibilidad que prácticamente dan por descartada en la APPA, ya que «conllevaría la desaparición de la playa de San Francisco».

La segunda propuesta guarda más similitudes con el boceto inicial, si bien propone una reordenación del uso comercial y pesquero, además de un cambio de ubicación del dique. Estas modificaciones permitirían incorporar 776 nuevos amarres, aunque «arrinconaría la parte pesquera, y no hay que olvidar que el puerto está concebido para prestar servicio a la comunidad portuaria», subrayan desde el órgano dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Sea como fuere, lo cierto es que en la Junta de Andalucía dan por hecho que este nuevo informe provocará un considerable retraso, ya que, en cualquiera de los dos casos, el proyecto deberá salvar de nuevo la declaración de impacto ambiental, publicada hace apenas un mes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). En este sentido, Oña quiso destacar que su intención «no es poner trabas».

El proyecto

La ampliación del puerto fuengiroleño, presupuestada en unos 68 millones de euros y con un plazo de ejecución de tres años, contempla que el recinto aumente su capacidad hasta los 919 atraques para embarcaciones de hasta 60 metros de eslora. Así, está previsto ganarle al mar 28,4 hectáreas para la construcción de un nuevo dique, la creación de 23 pantanales para embarcaciones de recreo, la demolición del dique actual en forma de 'T' en la playa de San Francisco, además del cierre de la actual bocana de entrada al puerto y la apertura de otra orientada al oeste. Del mismo modo, el proyecto recoge un aparcamiento subterráneo bajo la plaza central, dos paseos -ampliación del actual y otro de ribera-, varios edificios de administración y actividades complementarias y, por último, una zona comercial convertida en foco de las discrepancias entre administraciones.

Los rostros del PGOU. Marbella (SUR)

Detrás de la maraña de planos y de tecnicismos del Plan se esconde la historia de vecinos con sabores de boca bien distintos tras conocer los nuevos cambios Algunos se preparan para otra batalla y otros comienzan a respirar tranquilos

Bueno o malo. Según el color del cristal con que se mire. La aprobación provisional del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella reabrió el pasado jueves el debate sobre los beneficios o perjuicios para la ciudad del documento, retocado por el equipo de gobierno. No es sólo una maraña de planos y de tecnicismos. Muchos vecinos tienen sabores de boca encontrados según se regularicen o no sus viviendas, se legalicen las vecinas, que mermaron su calidad de vida hace años, o sean beneficiarios del blindaje a los compradores de viviendas ilegales para que no tengan que costear las compensaciones para su regularización. Estas son sus historias.

CARMEN SUÁREZ

Una lucha sin fin contra la ilegalidad

«En vez de echarlo abajo querían echarme a mí»

A sus 74 años, Carmen Suárez sigue anclada a sus recuerdos y a medio siglo de vida en una misma calle, Llano de San Ramón, donde nacieron y se criaron sus hijos y donde compartió su vida con su marido ya difunto. Ni la edad ni los achaques, algunos sobrevenidos de su lucha contra un Goliat de hormigón de diez plantas, la retiran de la primera línea de una batalla que emprendió contra el urbanismo desenfrenado del gilismo, que le plantó junto a su adosada de dos plantas una mole de hormigón, bautizada como edificio Belmonsa, donde había y debía seguir habiendo, un parque público y casas bajas.

La historia de su lucha es una de las más conocidas entre los vecinos. Se enfrentó a los obreros, a la promotora y hasta a la policía. Al menos consiguió que rebajaran el saliente de la terraza ajena, que casi colaba al vecino del primer piso en su terraza, donde hace años que el sol se deja ver con cuentagotas. «Yo lo que quiero es que me indemnicen. Han condenado a Sierra, a Roca y a toda la compañía pero siguen sin indemnizarme por lo que me han hecho», relata mientras la mirada se pierde en el coloso.

Los nuevos cambios en el PGOU le han dado la razón, al menos en parte. Consciente ya de que no verá a su imponente vecino hecho añicos, lo que no daba crédito es a que en el Plan General inicial, ahora retocado tras presentar su alegación, hubieran calificado su casa como parques y jardines. Sonaba, cuanto menos, a guasa. «Ponían lo mío ilegal y lo otro, que era zona verde, legal. Vamos, que en vez de echarlo abajo, querían echarme a mi», explica. Tras los cambios introducidos, se mantendrá su vivienda.

Su terraza, con todo, seguirá siendo inservible. Sólo sube a tender y casi ni eso. La sombra impide que la ropa se seque con normalidad. Y algunos vecinos transforman su modesto solárium en una basurero improvisado de colillas y papeles. No se atreve a mirar para arriba. Le invaden la rabia y los recuerdos de una obra que dejó la habitación sin vistas para siempre. Con nocturnidad, alevosía e impunidad. Y sin que nadie le haya resarcido por los daños, también los morales.

ISABEL CINTADO

A salvo de pagar compensaciones

«Ahora vamos a dormir tranquilos, por fin»

No ha echado cuentas, pero sabe que si las cosas se hubieran torcido y el promotor que construyó su vivienda estuviera desaparecido del mapa, le habría tocado pagar un buen pellizco para comprar los 5.000 metros cuadrados de suelo que separan a su edificio, levantado en terreno para aparcamientos, de cruzar la raya hacia la legalidad. Son las compensaciones que el Plan fija para que el edificio Plaza, en calle Mercado, sea lo que es también sobre los planos.

Ahora Isabel Cintado, que reside junto a sus padres, ya mayores, en uno de los inmuebles, respira tranquila al saber que su casa no le costará ni un euro más de lo que ya pagó. Como ella, miles de vecinos celebran el cambio de criterio en el PGOU, que blinda a los compradores de viviendas ilegales. «Ahora vamos a dormir tranquilos, por fin», comenta con alivio al conocer que el documento se pone en este punto del lado de los vecinos que no supieron, en muchos casos, que sus hogares tenían una larga historia de pleitos en ciernes o ya a cuestas.

La palabra demolición

Fue el caso de sus padres, que hace diez años dejaron Gerona para volver a la tierra paterna. «Cuando empezó a hablarse de demoliciones, yo les decía que se quedaran tranquilos. Era surrealista que pasara eso cuando ni en el notario ni en el registro ni nadie había hecho el más mínimo comentario cuando compraron», explica. Ese mensaje, el de los derribos, es el que más critica.

«La Junta debería pensar que detrás de los problemas hay personas, familias, y no papeles», remarca sobre los años de incertidumbre «y de miedo» que ahora parecen tocar a su fin. Por contra, sólo tiene palabras de elogio para la alcaldesa, Ángeles Muñoz. «Hemos recibido la noticia como una bendición», sostiene.

MERCEDES MORENO

A la sombra de Jardines del Príncipe

«Nos pondremos otra vez en pie de guerra»

Dicen que a veces los árboles no dejan ver el bosque pero en su caso, sin los árboles, la visión sería la de una mole de cemento en toda su extensión. Y aún a fuerza de plantar lo es. Mercedes Moreno engrosa una larga lista de damnificados por la construcción de un edificio de 81 viviendas y siete plantas donde sólo podían construirse un grupo de casas de poca altura, en consonancia con su entorno de chalés unifamiliares y fachadas blancas.

A todos dejaron de llegarle un día los rayos el sol y comenzaron una lucha sin tregua contra la ilegalidad urbanística que, tras un resquicio de esperanza, vuelve a torcerse con la aprobación provisional del Plan General. «No nos lo podíamos creer cuando lo supimos. No nos vamos a quedar parados; otra vez tendremos que ponernos en pie de guerra», explica Mercedes Moreno, propietaria de una vivienda unifamiliar que linda con los imponentes edificios Jardines del Príncipe, en El Capricho.

Los colosos han pasado en un año de no tener hueco en el nuevo modelo de ciudad a legalizarse a cambio de que los promotores entreguen 2.000 metros cuadrados construidos al Ayuntamiento. Mercedes aún no da crédito. «Hay sentencias firmes que dicen que es ilegal; no nos podemos explicar qué está pasando ahora. Además, no perjudicarían a nadie porque no está vendido ni habitado», comparte indignada.

Lo peor: la sensación de que el desgaste y el coste económico que ha supuesto la batalla legal no han servido de nada. «Reúne todas las condiciones para que se vea que de una vez que en Marbella no se permiten estos desaguisados», añade. Su caso suena familiar. Hace 34 años puso los ojos junto a su marido en una parcela con un horizonte «maravilloso» en las afueras del casco urbano. Pero un día, hace nueve años, llegaron las excavadoras. No hubo temor a nada más que a lo que decía el Plan: unas pocas casas adosadas de baja altura y zona verde.

La cosa empezó a subir. Comenzaron las movilizaciones y una historia que desemboca en dos edificios incólumes, inhabitados tras el precinto que decretó la comisión gestora pero inquietantes. «Tengo una pantalla total; he perdido horas de sol y aunque me he planteado vender alguna vez me da pena», confiesa. Ahora se prepara para otro capítulo más de la batalla vecinal que espera tenga un final feliz.

FRANCISCO BUGAYAL

Vecino del Banana Beach

«Confío en que no nos dejen en la estacada»

Hace cinco años que Francisco Bugayal, asesor de bolsa y sevillano de nacimiento, dejó Madrid tras casi medio siglo afincado en la caótica capital en busca de mayor calidad de vida. En el mapa, un destino: Marbella. Tras un periplo inmobiliario, su mujer y él coincidieron en que un piso a pie de playa y en pleno casco urbano era la mejor elección por comodidad. Poco sabían entonces que el nombre del edificio, Banana Beach, iba a protagonizar ríos de tinta y cientos de titulares de los periódicos.

«Me engañaron»

«Entonces me engañó todo el mundo. Me engañaron en el registro, en el notario, el Estado, la Junta, el Ayuntamiento, el promotor, la inmobiliaria. Nadie me dijo que pasara nada con la vivienda», relata este vecino. Los quebraderos de cabeza empezaron un año después, cuando los tribunales dictaron sentencia anulando el permiso de construcción y dejando en el limbo urbanístico los bloques, a expensas de la demolición o de la regularización.

Las noticias de los últimos meses no han sido buenas. El PGOU inicial, redactado por la Junta, cerró la puerta a la legalización de los inmuebles. Tras los cambios y la aprobación provisional, la situación no mejora. Banana Beach se queda como uno de los tres únicos puntos negros, de los 14 iniciales, sin hueco en la futura ciudad. Medio millar de viviendas, en suma. «Me sabe muy mal pero confío en los que rigen el municipio no nos van a dejar en la estacada», comenta desde su terraza, en un quinto piso. No teme a la palabra demolición: «Las excavadoras no las veo porque antes de eso hay otros recursos».

Urbanismo en mala racha (SUR)

El Ayuntamiento de Málaga ve cómo en menos de un mes la Junta rechaza y las constructoras se deshacen de un buen número de proyectos para la ciudad

Octubre no está resultando un buen mes para el Ayuntamiento en lo referente a proyectos urbanísticos privados que había previsto para la ciudad, que se han encontrado con un rechazo frontal por parte de la Junta de Andalucía. Las posturas encontradas de ambas administraciones sobre diferentes actuaciones bendecidas por el equipo de gobierno local las colocan en la cuerda floja y hacen que muchos las den ya por irrealizables.

Empezó el mes con el rechazo por parte de la delegación provincial de la Consejería de Cultura al hotel diseñado por el arquitecto Rafael Moneo para la zona de Hoyo de Esparteros. La altura de este proyecto, que alcanzaría ocho plantas más baja y ático, pese a que lo permitido en la zona es baja más cinco, fue -entre otros- el argumento de la Administración regional para decir 'no' a la actuación, que también incluye dos edificios de oficinas y un aparcamiento.

Los promotores de este plan urbanístico, por el que el Consistorio preveía obtener una inyección de 6,8 millones de euros para las arcas municipales, preparan nueva documentación, más amplia, para intentar convencer a los responsables de Cultura de que el proyecto no conlleva un impacto negativo para la ordenación del Centro ni incumple su normativa.

Opiniones enfrentadas

Desde la Gerencia de Urbanismo resaltaron que esto supone la pérdida de una oportunidad para la ciudad, ya que Moneo es un arquitecto de gran prestigio. Por su parte, el Gobierno andaluz sostuvo que no puede usarse el nombre de este personaje para vulnerar las normas urbanísticas que el propio Ayuntamiento fijó para el casco antiguo.

Impacto ambiental

Diez días después de este revés, llegó al registro municipal otro mucho más amplio para las pretensiones volcadas por el Consistorio en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) redactada por la Consejería de Medio Ambiente ha supuesto un duro golpe para el documento local al confirmar el rechazo a proyectos que suman 8.124 viviendas, entre ellas el medio millar de chalés al norte de la ronda este, los 664 pisos y hoteles previstos en la parcela de Arraijanal y una urbanización de 2.157 casas al oeste del Parque Tecnológico.

Además, la DIA anula 601 viviendas y equipamientos hoteleros en el distrito de Churriana, más de cuatro mil casas en las márgenes del río Campanillas, el proyecto de un puerto deportivo a la altura de El Morlaco y el traslado del colegio de los Hermanos Maristas a un suelo junto a la autovía de Las Pedrizas.

En el caso de los proyectos contemplados por el PGOU en Arraijanal, cabe recordar que el Ayuntamiento firmó un acuerdo con los propietarios del sector por el que estos aportarían 28 millones de euros a las arcas municipales a cambio de su desarrollo. Con ese dinero, cuya obtención queda ahora en entredicho ante el rechazo de la Junta, el gobierno local pretendía sufragar diversas obras de infraestructuras en el entorno de Guadalmar y en otros puntos de la ciudad. Entre estas últimas se incluyen un paso bajo la Ronda Oeste para conectar Santa Bárbara con la calle Leo Delibes -que forma parte del eje viario diseñado entre El Atabal y la Térmica- y el soterramiento de los cables de alta tensión que entran por el norte en la subestación de Los Ramos, cuya reducción y traslado están previstos por el equipo de gobierno junto con Sevillana-Endesa y Redesa.

Plan metropolitano

Los reveses para el planeamiento urbanístico elaborado por el Ayuntamiento no terminarán aquí, según fuentes consultadas por este periódico. El nuevo PGOU tiene que recibir todavía nuevos informes de departamentos del Gobierno central y del autonómico que pueden dar al traste con alguna de las operaciones contenidas en el documento, que recibirá el dictamen final de la Consejería de Ordenación del Territorio dentro de aproximadamente un año. Además, está previsto que en enero sea aprobado el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del área metropolitana de Málaga, un trabajo al que el PGOU debe someterse y con el que choca inicialmente en más de una decena de cuestiones.