Detrás de la maraña de planos y de tecnicismos del Plan se esconde la historia de vecinos con sabores de boca bien distintos tras conocer los nuevos cambios Algunos se preparan para otra batalla y otros comienzan a respirar tranquilos
Bueno o malo. Según el color del cristal con que se mire. La aprobación provisional del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella reabrió el pasado jueves el debate sobre los beneficios o perjuicios para la ciudad del documento, retocado por el equipo de gobierno. No es sólo una maraña de planos y de tecnicismos. Muchos vecinos tienen sabores de boca encontrados según se regularicen o no sus viviendas, se legalicen las vecinas, que mermaron su calidad de vida hace años, o sean beneficiarios del blindaje a los compradores de viviendas ilegales para que no tengan que costear las compensaciones para su regularización. Estas son sus historias.
CARMEN SUÁREZ
Una lucha sin fin contra la ilegalidad
«En vez de echarlo abajo querían echarme a mí»
A sus 74 años, Carmen Suárez sigue anclada a sus recuerdos y a medio siglo de vida en una misma calle, Llano de San Ramón, donde nacieron y se criaron sus hijos y donde compartió su vida con su marido ya difunto. Ni la edad ni los achaques, algunos sobrevenidos de su lucha contra un Goliat de hormigón de diez plantas, la retiran de la primera línea de una batalla que emprendió contra el urbanismo desenfrenado del gilismo, que le plantó junto a su adosada de dos plantas una mole de hormigón, bautizada como edificio Belmonsa, donde había y debía seguir habiendo, un parque público y casas bajas.
La historia de su lucha es una de las más conocidas entre los vecinos. Se enfrentó a los obreros, a la promotora y hasta a la policía. Al menos consiguió que rebajaran el saliente de la terraza ajena, que casi colaba al vecino del primer piso en su terraza, donde hace años que el sol se deja ver con cuentagotas. «Yo lo que quiero es que me indemnicen. Han condenado a Sierra, a Roca y a toda la compañía pero siguen sin indemnizarme por lo que me han hecho», relata mientras la mirada se pierde en el coloso.
Los nuevos cambios en el PGOU le han dado la razón, al menos en parte. Consciente ya de que no verá a su imponente vecino hecho añicos, lo que no daba crédito es a que en el Plan General inicial, ahora retocado tras presentar su alegación, hubieran calificado su casa como parques y jardines. Sonaba, cuanto menos, a guasa. «Ponían lo mío ilegal y lo otro, que era zona verde, legal. Vamos, que en vez de echarlo abajo, querían echarme a mi», explica. Tras los cambios introducidos, se mantendrá su vivienda.
Su terraza, con todo, seguirá siendo inservible. Sólo sube a tender y casi ni eso. La sombra impide que la ropa se seque con normalidad. Y algunos vecinos transforman su modesto solárium en una basurero improvisado de colillas y papeles. No se atreve a mirar para arriba. Le invaden la rabia y los recuerdos de una obra que dejó la habitación sin vistas para siempre. Con nocturnidad, alevosía e impunidad. Y sin que nadie le haya resarcido por los daños, también los morales.
ISABEL CINTADO
A salvo de pagar compensaciones
«Ahora vamos a dormir tranquilos, por fin»
No ha echado cuentas, pero sabe que si las cosas se hubieran torcido y el promotor que construyó su vivienda estuviera desaparecido del mapa, le habría tocado pagar un buen pellizco para comprar los 5.000 metros cuadrados de suelo que separan a su edificio, levantado en terreno para aparcamientos, de cruzar la raya hacia la legalidad. Son las compensaciones que el Plan fija para que el edificio Plaza, en calle Mercado, sea lo que es también sobre los planos.
Ahora Isabel Cintado, que reside junto a sus padres, ya mayores, en uno de los inmuebles, respira tranquila al saber que su casa no le costará ni un euro más de lo que ya pagó. Como ella, miles de vecinos celebran el cambio de criterio en el PGOU, que blinda a los compradores de viviendas ilegales. «Ahora vamos a dormir tranquilos, por fin», comenta con alivio al conocer que el documento se pone en este punto del lado de los vecinos que no supieron, en muchos casos, que sus hogares tenían una larga historia de pleitos en ciernes o ya a cuestas.
La palabra demolición
Fue el caso de sus padres, que hace diez años dejaron Gerona para volver a la tierra paterna. «Cuando empezó a hablarse de demoliciones, yo les decía que se quedaran tranquilos. Era surrealista que pasara eso cuando ni en el notario ni en el registro ni nadie había hecho el más mínimo comentario cuando compraron», explica. Ese mensaje, el de los derribos, es el que más critica.
«La Junta debería pensar que detrás de los problemas hay personas, familias, y no papeles», remarca sobre los años de incertidumbre «y de miedo» que ahora parecen tocar a su fin. Por contra, sólo tiene palabras de elogio para la alcaldesa, Ángeles Muñoz. «Hemos recibido la noticia como una bendición», sostiene.
MERCEDES MORENO
A la sombra de Jardines del Príncipe
«Nos pondremos otra vez en pie de guerra»
Dicen que a veces los árboles no dejan ver el bosque pero en su caso, sin los árboles, la visión sería la de una mole de cemento en toda su extensión. Y aún a fuerza de plantar lo es. Mercedes Moreno engrosa una larga lista de damnificados por la construcción de un edificio de 81 viviendas y siete plantas donde sólo podían construirse un grupo de casas de poca altura, en consonancia con su entorno de chalés unifamiliares y fachadas blancas.
A todos dejaron de llegarle un día los rayos el sol y comenzaron una lucha sin tregua contra la ilegalidad urbanística que, tras un resquicio de esperanza, vuelve a torcerse con la aprobación provisional del Plan General. «No nos lo podíamos creer cuando lo supimos. No nos vamos a quedar parados; otra vez tendremos que ponernos en pie de guerra», explica Mercedes Moreno, propietaria de una vivienda unifamiliar que linda con los imponentes edificios Jardines del Príncipe, en El Capricho.
Los colosos han pasado en un año de no tener hueco en el nuevo modelo de ciudad a legalizarse a cambio de que los promotores entreguen 2.000 metros cuadrados construidos al Ayuntamiento. Mercedes aún no da crédito. «Hay sentencias firmes que dicen que es ilegal; no nos podemos explicar qué está pasando ahora. Además, no perjudicarían a nadie porque no está vendido ni habitado», comparte indignada.
Lo peor: la sensación de que el desgaste y el coste económico que ha supuesto la batalla legal no han servido de nada. «Reúne todas las condiciones para que se vea que de una vez que en Marbella no se permiten estos desaguisados», añade. Su caso suena familiar. Hace 34 años puso los ojos junto a su marido en una parcela con un horizonte «maravilloso» en las afueras del casco urbano. Pero un día, hace nueve años, llegaron las excavadoras. No hubo temor a nada más que a lo que decía el Plan: unas pocas casas adosadas de baja altura y zona verde.
La cosa empezó a subir. Comenzaron las movilizaciones y una historia que desemboca en dos edificios incólumes, inhabitados tras el precinto que decretó la comisión gestora pero inquietantes. «Tengo una pantalla total; he perdido horas de sol y aunque me he planteado vender alguna vez me da pena», confiesa. Ahora se prepara para otro capítulo más de la batalla vecinal que espera tenga un final feliz.
FRANCISCO BUGAYAL
Vecino del Banana Beach
«Confío en que no nos dejen en la estacada»
Hace cinco años que Francisco Bugayal, asesor de bolsa y sevillano de nacimiento, dejó Madrid tras casi medio siglo afincado en la caótica capital en busca de mayor calidad de vida. En el mapa, un destino: Marbella. Tras un periplo inmobiliario, su mujer y él coincidieron en que un piso a pie de playa y en pleno casco urbano era la mejor elección por comodidad. Poco sabían entonces que el nombre del edificio, Banana Beach, iba a protagonizar ríos de tinta y cientos de titulares de los periódicos.
«Me engañaron»
«Entonces me engañó todo el mundo. Me engañaron en el registro, en el notario, el Estado, la Junta, el Ayuntamiento, el promotor, la inmobiliaria. Nadie me dijo que pasara nada con la vivienda», relata este vecino. Los quebraderos de cabeza empezaron un año después, cuando los tribunales dictaron sentencia anulando el permiso de construcción y dejando en el limbo urbanístico los bloques, a expensas de la demolición o de la regularización.
Las noticias de los últimos meses no han sido buenas. El PGOU inicial, redactado por la Junta, cerró la puerta a la legalización de los inmuebles. Tras los cambios y la aprobación provisional, la situación no mejora. Banana Beach se queda como uno de los tres únicos puntos negros, de los 14 iniciales, sin hueco en la futura ciudad. Medio millar de viviendas, en suma. «Me sabe muy mal pero confío en los que rigen el municipio no nos van a dejar en la estacada», comenta desde su terraza, en un quinto piso. No teme a la palabra demolición: «Las excavadoras no las veo porque antes de eso hay otros recursos».
Bueno o malo. Según el color del cristal con que se mire. La aprobación provisional del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella reabrió el pasado jueves el debate sobre los beneficios o perjuicios para la ciudad del documento, retocado por el equipo de gobierno. No es sólo una maraña de planos y de tecnicismos. Muchos vecinos tienen sabores de boca encontrados según se regularicen o no sus viviendas, se legalicen las vecinas, que mermaron su calidad de vida hace años, o sean beneficiarios del blindaje a los compradores de viviendas ilegales para que no tengan que costear las compensaciones para su regularización. Estas son sus historias.
CARMEN SUÁREZ
Una lucha sin fin contra la ilegalidad
«En vez de echarlo abajo querían echarme a mí»
A sus 74 años, Carmen Suárez sigue anclada a sus recuerdos y a medio siglo de vida en una misma calle, Llano de San Ramón, donde nacieron y se criaron sus hijos y donde compartió su vida con su marido ya difunto. Ni la edad ni los achaques, algunos sobrevenidos de su lucha contra un Goliat de hormigón de diez plantas, la retiran de la primera línea de una batalla que emprendió contra el urbanismo desenfrenado del gilismo, que le plantó junto a su adosada de dos plantas una mole de hormigón, bautizada como edificio Belmonsa, donde había y debía seguir habiendo, un parque público y casas bajas.
La historia de su lucha es una de las más conocidas entre los vecinos. Se enfrentó a los obreros, a la promotora y hasta a la policía. Al menos consiguió que rebajaran el saliente de la terraza ajena, que casi colaba al vecino del primer piso en su terraza, donde hace años que el sol se deja ver con cuentagotas. «Yo lo que quiero es que me indemnicen. Han condenado a Sierra, a Roca y a toda la compañía pero siguen sin indemnizarme por lo que me han hecho», relata mientras la mirada se pierde en el coloso.
Los nuevos cambios en el PGOU le han dado la razón, al menos en parte. Consciente ya de que no verá a su imponente vecino hecho añicos, lo que no daba crédito es a que en el Plan General inicial, ahora retocado tras presentar su alegación, hubieran calificado su casa como parques y jardines. Sonaba, cuanto menos, a guasa. «Ponían lo mío ilegal y lo otro, que era zona verde, legal. Vamos, que en vez de echarlo abajo, querían echarme a mi», explica. Tras los cambios introducidos, se mantendrá su vivienda.
Su terraza, con todo, seguirá siendo inservible. Sólo sube a tender y casi ni eso. La sombra impide que la ropa se seque con normalidad. Y algunos vecinos transforman su modesto solárium en una basurero improvisado de colillas y papeles. No se atreve a mirar para arriba. Le invaden la rabia y los recuerdos de una obra que dejó la habitación sin vistas para siempre. Con nocturnidad, alevosía e impunidad. Y sin que nadie le haya resarcido por los daños, también los morales.
ISABEL CINTADO
A salvo de pagar compensaciones
«Ahora vamos a dormir tranquilos, por fin»
No ha echado cuentas, pero sabe que si las cosas se hubieran torcido y el promotor que construyó su vivienda estuviera desaparecido del mapa, le habría tocado pagar un buen pellizco para comprar los 5.000 metros cuadrados de suelo que separan a su edificio, levantado en terreno para aparcamientos, de cruzar la raya hacia la legalidad. Son las compensaciones que el Plan fija para que el edificio Plaza, en calle Mercado, sea lo que es también sobre los planos.
Ahora Isabel Cintado, que reside junto a sus padres, ya mayores, en uno de los inmuebles, respira tranquila al saber que su casa no le costará ni un euro más de lo que ya pagó. Como ella, miles de vecinos celebran el cambio de criterio en el PGOU, que blinda a los compradores de viviendas ilegales. «Ahora vamos a dormir tranquilos, por fin», comenta con alivio al conocer que el documento se pone en este punto del lado de los vecinos que no supieron, en muchos casos, que sus hogares tenían una larga historia de pleitos en ciernes o ya a cuestas.
La palabra demolición
Fue el caso de sus padres, que hace diez años dejaron Gerona para volver a la tierra paterna. «Cuando empezó a hablarse de demoliciones, yo les decía que se quedaran tranquilos. Era surrealista que pasara eso cuando ni en el notario ni en el registro ni nadie había hecho el más mínimo comentario cuando compraron», explica. Ese mensaje, el de los derribos, es el que más critica.
«La Junta debería pensar que detrás de los problemas hay personas, familias, y no papeles», remarca sobre los años de incertidumbre «y de miedo» que ahora parecen tocar a su fin. Por contra, sólo tiene palabras de elogio para la alcaldesa, Ángeles Muñoz. «Hemos recibido la noticia como una bendición», sostiene.
MERCEDES MORENO
A la sombra de Jardines del Príncipe
«Nos pondremos otra vez en pie de guerra»
Dicen que a veces los árboles no dejan ver el bosque pero en su caso, sin los árboles, la visión sería la de una mole de cemento en toda su extensión. Y aún a fuerza de plantar lo es. Mercedes Moreno engrosa una larga lista de damnificados por la construcción de un edificio de 81 viviendas y siete plantas donde sólo podían construirse un grupo de casas de poca altura, en consonancia con su entorno de chalés unifamiliares y fachadas blancas.
A todos dejaron de llegarle un día los rayos el sol y comenzaron una lucha sin tregua contra la ilegalidad urbanística que, tras un resquicio de esperanza, vuelve a torcerse con la aprobación provisional del Plan General. «No nos lo podíamos creer cuando lo supimos. No nos vamos a quedar parados; otra vez tendremos que ponernos en pie de guerra», explica Mercedes Moreno, propietaria de una vivienda unifamiliar que linda con los imponentes edificios Jardines del Príncipe, en El Capricho.
Los colosos han pasado en un año de no tener hueco en el nuevo modelo de ciudad a legalizarse a cambio de que los promotores entreguen 2.000 metros cuadrados construidos al Ayuntamiento. Mercedes aún no da crédito. «Hay sentencias firmes que dicen que es ilegal; no nos podemos explicar qué está pasando ahora. Además, no perjudicarían a nadie porque no está vendido ni habitado», comparte indignada.
Lo peor: la sensación de que el desgaste y el coste económico que ha supuesto la batalla legal no han servido de nada. «Reúne todas las condiciones para que se vea que de una vez que en Marbella no se permiten estos desaguisados», añade. Su caso suena familiar. Hace 34 años puso los ojos junto a su marido en una parcela con un horizonte «maravilloso» en las afueras del casco urbano. Pero un día, hace nueve años, llegaron las excavadoras. No hubo temor a nada más que a lo que decía el Plan: unas pocas casas adosadas de baja altura y zona verde.
La cosa empezó a subir. Comenzaron las movilizaciones y una historia que desemboca en dos edificios incólumes, inhabitados tras el precinto que decretó la comisión gestora pero inquietantes. «Tengo una pantalla total; he perdido horas de sol y aunque me he planteado vender alguna vez me da pena», confiesa. Ahora se prepara para otro capítulo más de la batalla vecinal que espera tenga un final feliz.
FRANCISCO BUGAYAL
Vecino del Banana Beach
«Confío en que no nos dejen en la estacada»
Hace cinco años que Francisco Bugayal, asesor de bolsa y sevillano de nacimiento, dejó Madrid tras casi medio siglo afincado en la caótica capital en busca de mayor calidad de vida. En el mapa, un destino: Marbella. Tras un periplo inmobiliario, su mujer y él coincidieron en que un piso a pie de playa y en pleno casco urbano era la mejor elección por comodidad. Poco sabían entonces que el nombre del edificio, Banana Beach, iba a protagonizar ríos de tinta y cientos de titulares de los periódicos.
«Me engañaron»
«Entonces me engañó todo el mundo. Me engañaron en el registro, en el notario, el Estado, la Junta, el Ayuntamiento, el promotor, la inmobiliaria. Nadie me dijo que pasara nada con la vivienda», relata este vecino. Los quebraderos de cabeza empezaron un año después, cuando los tribunales dictaron sentencia anulando el permiso de construcción y dejando en el limbo urbanístico los bloques, a expensas de la demolición o de la regularización.
Las noticias de los últimos meses no han sido buenas. El PGOU inicial, redactado por la Junta, cerró la puerta a la legalización de los inmuebles. Tras los cambios y la aprobación provisional, la situación no mejora. Banana Beach se queda como uno de los tres únicos puntos negros, de los 14 iniciales, sin hueco en la futura ciudad. Medio millar de viviendas, en suma. «Me sabe muy mal pero confío en los que rigen el municipio no nos van a dejar en la estacada», comenta desde su terraza, en un quinto piso. No teme a la palabra demolición: «Las excavadoras no las veo porque antes de eso hay otros recursos».
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