lunes, 25 de enero de 2010

BENALMADENA. La ampliación del puerto deportivo de Benalmádena no sale del dique seco (SUR)

El proyecto no acaba de arrancar, hasta el punto de que incluso ha caducado el estudio de impacto ambiental que se realizó en 2002
25.01.2010 -
FRANCISCO JIMÉNEZ pjimenez@diariosur.es
BENALMÁDENA.

La ampliación del puerto deportivo de Benalmádena no sale del dique seco
El proyecto, que data de la época de Enrique Bolín al frente del Ayuntamiento, contempla la incorporación de 825 nuevos atraques. :: SUR
La ampliación del puerto deportivo de Benalmádena se diluye como un azucarillo. Esta ambiciosa apuesta, que inició su andadura a finales de la década de los años noventa de la mano del entonces alcalde Enrique Bolín, ha ido acumulando polvo desde la última etapa del ex regidor independiente hasta el día de hoy. Buena muestra de ello es que el estudio de impacto ambiental aprobado por la Consejería de Medio Ambiente en 2002 ha caducado, lo que obliga a reiniciar el trayecto recorrido hasta ahora. Eso sí, siempre que el Ayuntamiento, como concesionario del recinto, tome la iniciativa.
La complejidad del proyecto y, sobre todo, su elevado coste (unos 72 millones de euros) han dejado aparcada esta actuación con la que el puerto benalmadense se convertiría en el más grande de Andalucía, con cerca de dos mil atraques. En el actual equipo de gobierno, comandado por Enrique Moya (PP), se contempla la posibilidad de encargar un nuevo informe medioambiental, aunque condicionando la reactivación del proyecto a la disponibilidad económica.
Inversión

Los distintos mandatarios que han pasado por el Consistorio (GIB-Bolín, PSOE y ahora, PP) no acaban de verlo claro, dada la importante inversión que requiere, inasumible actualmente por unas arcas municipales que no pasan precisamente por su mejor momento. Además, en plena crisis, también parece complicado despertar el interés de alguna empresa privada que pueda afrontar las obras a cambio de hacerse cargo de su gestión. Otro aspecto que ha frenado de momento el interés municipal tiene que ver con las dificultades para crear nuevos accesos al recinto náutico, ya que los actuales resultarían a todas luces insuficientes.

Falta de respaldo municipal
La pelota está en el tejado del Ayuntamiento. Mientras tanto, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) se limita a esperar. En el organismo dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía no están muy por la labor de poner sus miras en un proyecto al que consideran que le falta el respaldo municipal que sí tienen otras ampliaciones pendientes como las de La Caleta de Vélez, Marbella y Fuengirola, que podrían ver la luz a lo largo de este año, según afirmó la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez.

El más grande de Andalucía
El proyecto municipal contempla la creación de 825 nuevos atraques que, sumados a los 1.100 actuales, convertirían al recinto portuario en el más importante de la comunidad autonómica andaluza. La ampliación, entre zonas de servicio y lámina de agua, abarcaría una superficie de 36,5 hectáreas, permitiendo no sólo ampliar el número de embarcaciones, sino también su tamaño, ya que podrían llegar incluso yates y cruceros de hasta 60 metros de eslora. Además, el proyecto básico también recoge la creación de nuevos espacios comerciales -aunque sólo para locales relacionados con la actividad marítima y la restauración; nada de pubs y discotecas-, una zona de varadero que triplica la actual e incluso la posibilidad de ubicar un helipuerto.

MALAGA. La UMA aún no es dueña de los nuevos suelos de Teatinos (MALAGAHOY)

Las discrepancias entre la Universidad y el Ayuntamiento por el uso de los edificios del campus de El Ejido han bloqueado la ejecución total del convenio firmado en 1999.

La Universidad de Málaga (UMA) aún no es propietaria formal de los suelos de la ampliación del campus de Teatinos sobre los que ya ha levantado dos centros universitarios y promueve la urbanización de una segunda fase. Esto significa que todavía no ha podido escriturar estos terrenos, circunstancia que impide que puedan promoverse las viviendas universitarias, la construcción de un centro de operaciones del servicio de emergencias 112 y que una entidad privada tampoco levante un edificio en el parque científico.

El 5 de octubre de 1999 el Ayuntamiento y la UMA cerraron un acuerdo por el que la Administración local le cedía a la universitaria las parcelas para ampliar Teatinos a cambio de los edificios del campus de el Ejido una vez que perdieran el uso docente. Una década después ambas instituciones no han sido capaces aún de ejecutar en su totalidad aquel acuerdo. La Universidad puso hace meses sobre la mesa del Ayuntamiento un anexo al convenio que aún sigue sin firmar.

Aunque esta adenda teóricamente responde al espíritu del convenio inicial, al determinar las condiciones del canje introduce algunas novedades como el uso compartido de los edificios de El Ejido aunque titularidad pase a manos municipales, una condición que el Ayuntamiento no acepta. El secretario general de la Universidad de Málaga, Miguel Porras, ha reconocido que existen "discrepancias" en la cuestión de la gestión conjunta de los edificios de El Ejido. "El Ayuntamiento entiende que la cesión no significa "uso compartido sino exclusivo".

No obstante, Porras le ha quitado hierro al desacuerdo y resalta que sólo se trata de un "problema de interpretación". El conflicto se centra en el apartado séptimo de la adenda, cuando que alude al "uso o afectación compartida (...) sin perjuicio del cambio de titularidad demanial a favor del Ayuntamiento hasta tanto persistan las necesidades presentes o futuras de la Administración universitaria". La opción que defiende la Universidad es que un acuerdo general contemple el uso compartido, si bien cada vez que se entregue un edificio al Ayuntamiento se firma otro convenio específico en el que ya se concrete cómo será la gestión de ese inmueble.

El secretario de la UMA subraya que esta institución tiene interés en cumplir el convenio de 1999, pero que quiere dejar abierta la posibilidad del uso universitario de los inmuebles, "aunque la voz principal la tenga el Ayuntamiento como titular". En este sentido resalta que la Universidad está en proceso de incorporar nuevos títulos tanto de grado como de posgrado, razón por la que se prevé que aparezcan en el futuro "nuevas necesidades y la UMA tenga que pedir el uso de esos inmuebles para fines académicos".

Además, la institución académica también tiene interés en colaborar en otras tareas que se desarrollen en estos espacios aún cuando no sean meramente universitarias: "Cuando el Ayuntamiento organice actividades sería bueno que también participara la universidad. Por ejemplo si se plantea una biblioteca sería buena idea que también se pensara para que diera servicio a los alumnos universitarios que viven por la zona". Las dificultades para que el acuerdo entre la UMA y el Ayuntamiento prosperen están teniendo efectos colaterales. "La falta de escrituras es un pequeño obstáculo para trámites jurídicos complejos como constituir derechos sobre superficie", explica Miguel Porras.

En la actualidad hay tres proyectos que están pendientes de que se desencalle este asunto. Por una parte, la universidad tiene previsto aportar suelo en su campus para que el Ministerio de Vivienda y la Junta promuevan viviendas universitarias en la zona de expansión de Teatinos. Sin embargo, para que el suelo se pueda entregar es imprescindible que la UMA pueda acreditar su titularidad, algo que no se puede hacer sin escrituras. En segundo lugar el servicio de emergencias 112 tiene planteado levantar un centro de operaciones también en esa zona que sólo se podrá hacer si la universidad le cede derechos de superficie, para lo que también es necesario que sea propietaria formal de los terrenos. En tercer lugar, el secretario de la UMA ha apuntado que hay "terceros" interesados en promover edificios en el parque científico, pero que no se podrá hacer hasta que la institución sea dueña de pleno derecho de los terrenos.

El Ayuntamiento activa la demolición de viviendas por la presión de la ley urbanística (SUR)

El Consistorio ejecutará cinco sentencias firmes de derribo en suelo no urbanizable para no ser cuestionado por la Fiscalía
25.01.2010 -
JESÚS HINOJOSA jhinojosa@diariosur.es
MÁLAGA.

El Ayuntamiento activa la demolición de viviendas por la presión de la ley urbanística
Derribo de una vivienda ilegal llevado a cabo en Cártama en junio del año 2005. :: SUR
Es una imagen que se ha visto muy pocas veces en la capital, pero que en 2010 puede llegar a hacerse común: una excavadora echando abajo una vivienda que lleva años habitada, pero construida de manera ilegal en suelo no urbanizable. La labor de inspección de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y las correspondientes denuncias tramitadas por la Fiscalía malagueña para aplicar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en lo relativo a las construcciones realizadas en suelo no urbanizable en el interior de la provincia también tiene su efecto en la capital. Casos como los de Sayalonga, Almogía o Carratraca, donde la aplicación de la ley ha sido inflexible tanto con los infractores como con los responsables municipales, han llevado al Ayuntamiento de Málaga a retomar expedientes de demolición que llevaban años pendientes de ejecución y que no se han llevado a la práctica por lo impopular de este tipo de medidas.
Según pudo conocer este periódico, hay al menos cinco casos que van a ser activados de inmediato por la Gerencia de Urbanismo con el fin de dar cumplimiento a las sentencias judiciales firmes de derribo que pesan sobre cada uno de ellos. Se trata de expedientes en los que el pronunciamiento de los tribunales es definitivo, por lo que al Consistorio no le queda otra que emprender los trámites para restituir la legalidad, es decir, desalojar las casas con una orden judicial y llevar a cabo su demolición de forma subsidiaria si los propietarios no lo hacen de manera voluntaria. No hacerlo de este modo podría dar lugar a sospechas y a una investigación que, en localidades del interior como Sayalonga ha terminado con penas incluso de cárcel para alcaldes y concejales.
Los cinco expedientes sancionadores en los que está clara la orden de derribo son de viviendas construidas en suelo no urbanizable protegido por sus valores medioambientales o porque se encuentran en una zona inundable de dominio público-hidráulico. En estos dos supuestos, el delito de hacerse una casa ilegalmente no prescribe. En el caso de que fuera suelo no urbanizable común, la acción prescribe a los cuatro años, lo que salva de la piqueta a un buen número de edificaciones irregulares.
En Campanillas
Desde Urbanismo ya se ha advertido en los últimos meses que se iba a impulsar la labor del servicio de Disciplina Urbanística a raíz de la colaboración que se está produciendo entre los agentes del Seprona, los vigilantes de la Consejería de Medio Ambiente y las unidades especializadas de la Policía Local. Prueba de ello fue el derribo de la estructura de una vivienda que no llegó a terminarse en la zona de Campanillas.
Algunas de las demoliciones que ahora está previsto llevar a la práctica están pendientes desde hace años y otras son casos recientes. No obstante, hasta ahora el equipo de gobierno había preferido aparcar su ejecución por lo dramático que puede resultar en el caso de familias que habiten estas viviendas en suelo rústico, aunque algunas son de segunda residencia. Sin embargo, la acción de la Guardia Civil y de la Justicia en municipios del interior cuyos responsables han demostrado una dejación de sus funciones en materia de disciplina urbanística hace temer a los dirigentes municipales de la capital llegar a una situación similar.
Campanillas, la zona norte de Puerto de la Torre y el entorno del camino de Olías son algunos de los lugares en los que están las viviendas sobre las que pesa una sentencia firme de demolición que el Ayuntamiento pretende acometer. No obstante, existen unos noventa casos más en los juzgados que pueden tener el mismo final. El año pasado, Urbanismo abrió más de doscientos expedientes de infracción por obras fuera de la legalidad que van desde el cerramiento de terrazas hasta la construcción de una casa en suelo rústico protegido.
Según conoció SUR, entre los cinco casos de demolición que se reactivarán en las próximas semanas no se encuentra la edificación realizada de manera irregular por el promotor ruso Vladimir Davidovich Beniachvili, en el monte de San Antón. Urbanismo ha reactivado este expediente sancionador, en la que se ha seguido construyendo pese a las órdenes de suspensión dictadas por el Ayuntamiento. Hasta el momento, el Consistorio no ha podido derribar edificación alguna de manera subsidiaria porque cuando iba a hacerlo, el propietario había construido encima otra planta que también era ilegal y para la que había que iniciar otro proceso. Desde Urbanismo se anunció un seguimiento policial para evitar que se sigan realizando construcciones en el lugar y retomar el caso ante la Fiscalía.
Según apuntaron desde la Gerencia de Urbanismo, este promotor ruso ha edificado unos 1.600 metros cuadrados de forma ilegal.