El Consistorio ejecutará cinco sentencias firmes de derribo en suelo no urbanizable para no ser cuestionado por la Fiscalía
25.01.2010 -
Derribo de una vivienda ilegal llevado a cabo en Cártama en junio del año 2005. :: SUR
Es una imagen que se ha visto muy pocas veces en la capital, pero que en 2010 puede llegar a hacerse común: una excavadora echando abajo una vivienda que lleva años habitada, pero construida de manera ilegal en suelo no urbanizable. La labor de inspección de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y las correspondientes denuncias tramitadas por la Fiscalía malagueña para aplicar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en lo relativo a las construcciones realizadas en suelo no urbanizable en el interior de la provincia también tiene su efecto en la capital. Casos como los de Sayalonga, Almogía o Carratraca, donde la aplicación de la ley ha sido inflexible tanto con los infractores como con los responsables municipales, han llevado al Ayuntamiento de Málaga a retomar expedientes de demolición que llevaban años pendientes de ejecución y que no se han llevado a la práctica por lo impopular de este tipo de medidas.
Según pudo conocer este periódico, hay al menos cinco casos que van a ser activados de inmediato por la Gerencia de Urbanismo con el fin de dar cumplimiento a las sentencias judiciales firmes de derribo que pesan sobre cada uno de ellos. Se trata de expedientes en los que el pronunciamiento de los tribunales es definitivo, por lo que al Consistorio no le queda otra que emprender los trámites para restituir la legalidad, es decir, desalojar las casas con una orden judicial y llevar a cabo su demolición de forma subsidiaria si los propietarios no lo hacen de manera voluntaria. No hacerlo de este modo podría dar lugar a sospechas y a una investigación que, en localidades del interior como Sayalonga ha terminado con penas incluso de cárcel para alcaldes y concejales.
Los cinco expedientes sancionadores en los que está clara la orden de derribo son de viviendas construidas en suelo no urbanizable protegido por sus valores medioambientales o porque se encuentran en una zona inundable de dominio público-hidráulico. En estos dos supuestos, el delito de hacerse una casa ilegalmente no prescribe. En el caso de que fuera suelo no urbanizable común, la acción prescribe a los cuatro años, lo que salva de la piqueta a un buen número de edificaciones irregulares.
En Campanillas
Desde Urbanismo ya se ha advertido en los últimos meses que se iba a impulsar la labor del servicio de Disciplina Urbanística a raíz de la colaboración que se está produciendo entre los agentes del Seprona, los vigilantes de la Consejería de Medio Ambiente y las unidades especializadas de la Policía Local. Prueba de ello fue el derribo de la estructura de una vivienda que no llegó a terminarse en la zona de Campanillas.
Algunas de las demoliciones que ahora está previsto llevar a la práctica están pendientes desde hace años y otras son casos recientes. No obstante, hasta ahora el equipo de gobierno había preferido aparcar su ejecución por lo dramático que puede resultar en el caso de familias que habiten estas viviendas en suelo rústico, aunque algunas son de segunda residencia. Sin embargo, la acción de la Guardia Civil y de la Justicia en municipios del interior cuyos responsables han demostrado una dejación de sus funciones en materia de disciplina urbanística hace temer a los dirigentes municipales de la capital llegar a una situación similar.
Campanillas, la zona norte de Puerto de la Torre y el entorno del camino de Olías son algunos de los lugares en los que están las viviendas sobre las que pesa una sentencia firme de demolición que el Ayuntamiento pretende acometer. No obstante, existen unos noventa casos más en los juzgados que pueden tener el mismo final. El año pasado, Urbanismo abrió más de doscientos expedientes de infracción por obras fuera de la legalidad que van desde el cerramiento de terrazas hasta la construcción de una casa en suelo rústico protegido.
Según conoció SUR, entre los cinco casos de demolición que se reactivarán en las próximas semanas no se encuentra la edificación realizada de manera irregular por el promotor ruso Vladimir Davidovich Beniachvili, en el monte de San Antón. Urbanismo ha reactivado este expediente sancionador, en la que se ha seguido construyendo pese a las órdenes de suspensión dictadas por el Ayuntamiento. Hasta el momento, el Consistorio no ha podido derribar edificación alguna de manera subsidiaria porque cuando iba a hacerlo, el propietario había construido encima otra planta que también era ilegal y para la que había que iniciar otro proceso. Desde Urbanismo se anunció un seguimiento policial para evitar que se sigan realizando construcciones en el lugar y retomar el caso ante la Fiscalía.
Según apuntaron desde la Gerencia de Urbanismo, este promotor ruso ha edificado unos 1.600 metros cuadrados de forma ilegal.
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