La juez mantiene la imputación por varios delitos a la hija del ex alcalde, la hija de un empresario de Vélez y la secretaria del arquitecto de la Diputación
La primera fase de la operación Arcos se ha saldado con la imputación de las trece personas que fueron detenidas el 27 de febrero cuando se destapó la presunta trama de corrupción urbanística en Alcaucín. Ayer pasaron por el Juzgado número 3 de Vélez-Málaga las tres únicas acusadas que hasta el momento no habían pasado a prestar declaración ante la titular, Irene Urbión. Las tres quedaron en libertad con cargos, según informaron fuentes judiciales.
Según precisaron, la jueza ha mantenido la imputación por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y cohecho contra Mónica Martín, la hija mayor del ex alcalde José Manuel Martín Alba (expulsado del PSOE) en prisión por varios delitos en el marco de esta misma operación. A Rosana Tejada, hija de un empresario veleño también imputado en el caso, se le acusa de un presunto delito de cohecho, y por un presunto delito de participación en falsedad documental contra la secretaria del jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña.
Las tres mujeres estuvieron declarando en la mañana de ayer en el edificio de la Plaza de San Francisco de la capital axárquica. La primera en salir fue la secretaria de la Diputación que lo hizo hacia las 11:40 horas. Cuarenta minutos bastaron para que abandonase el juzgado la hija del empresario y cinco minutos después de la una de la tarde lo hizo la hija del regidor. Las tres dejaron el edificio por su propio pie acompañadas de sus abogados.
En la primera fase, la instructora decretó prisión sin fianza sólo para el ex alcalde José Manuel Martín Alba, por presuntos cohecho, prevaricación, blanqueo, prevaricación urbanística y falsedad documental; y para el jefe adjunto del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial José Mora, al que se le imputan inicialmente los delitos de cohecho, falsedad documental y prevaricación urbanística. Dejó en libertad con cargos a las otras ocho personas a las que tomó declaración. A los tres empresarios implicados con fianzas de 120.000 euros y al yerno de uno de ellos con 30.000 euros. Así, el aparejador, imputado por el delito de prevaricación urbanística, y el asesor fiscal, imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio, quedaron en libertad sin fianza.
Entre el lunes y el martes de la próxima semana se espera que declaren en el juzgado, entre 12 y 14 personas "al considerar que pueden estar imputadas en varios delitos", según estimó el subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna quien aportó que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el apoyo del Servicio de Protección de la Naturaleza había tomado declaración a varias personas. Entre las acusadas de la segunda fase de la operación estaría otro arquitecto de Diputación, un ex secretario municipal ya jubilado, un empresario y un arquitecto privado.
La primera fase de la operación Arcos se ha saldado con la imputación de las trece personas que fueron detenidas el 27 de febrero cuando se destapó la presunta trama de corrupción urbanística en Alcaucín. Ayer pasaron por el Juzgado número 3 de Vélez-Málaga las tres únicas acusadas que hasta el momento no habían pasado a prestar declaración ante la titular, Irene Urbión. Las tres quedaron en libertad con cargos, según informaron fuentes judiciales.
Según precisaron, la jueza ha mantenido la imputación por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y cohecho contra Mónica Martín, la hija mayor del ex alcalde José Manuel Martín Alba (expulsado del PSOE) en prisión por varios delitos en el marco de esta misma operación. A Rosana Tejada, hija de un empresario veleño también imputado en el caso, se le acusa de un presunto delito de cohecho, y por un presunto delito de participación en falsedad documental contra la secretaria del jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña.
Las tres mujeres estuvieron declarando en la mañana de ayer en el edificio de la Plaza de San Francisco de la capital axárquica. La primera en salir fue la secretaria de la Diputación que lo hizo hacia las 11:40 horas. Cuarenta minutos bastaron para que abandonase el juzgado la hija del empresario y cinco minutos después de la una de la tarde lo hizo la hija del regidor. Las tres dejaron el edificio por su propio pie acompañadas de sus abogados.
En la primera fase, la instructora decretó prisión sin fianza sólo para el ex alcalde José Manuel Martín Alba, por presuntos cohecho, prevaricación, blanqueo, prevaricación urbanística y falsedad documental; y para el jefe adjunto del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial José Mora, al que se le imputan inicialmente los delitos de cohecho, falsedad documental y prevaricación urbanística. Dejó en libertad con cargos a las otras ocho personas a las que tomó declaración. A los tres empresarios implicados con fianzas de 120.000 euros y al yerno de uno de ellos con 30.000 euros. Así, el aparejador, imputado por el delito de prevaricación urbanística, y el asesor fiscal, imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio, quedaron en libertad sin fianza.
Entre el lunes y el martes de la próxima semana se espera que declaren en el juzgado, entre 12 y 14 personas "al considerar que pueden estar imputadas en varios delitos", según estimó el subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna quien aportó que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el apoyo del Servicio de Protección de la Naturaleza había tomado declaración a varias personas. Entre las acusadas de la segunda fase de la operación estaría otro arquitecto de Diputación, un ex secretario municipal ya jubilado, un empresario y un arquitecto privado.
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