La ex alcaldesa concedió la autorización de segregación de unos terrenos que supuso una venta de 18 millones
La ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, aseguró al juez instructor del ´caso Malaya´, Óscar Pérez, que concedió en 2005 una licencia de segregación de la parcela Francisco Norte en virtud del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986. Yagüe compareció como imputada ante el citado juez en relación a una pieza separada del sumario en la que se investigan dos operaciones urbanísticas en las parcelas denominadas Ave María y Francisco Norte. Según informaron fuentes de la defensa de la ex regidora, la comparecencia tuvo una duración de apenas tres minutos, en los que el instructor interpeló a Yagüe sobre la segregación de 10.300 metros cuadrados del subsuelo de la citada parcela para la construcción de un aparcamiento.En relación con estas dos operaciones urbanísticas también comparecieron el ex asesor Juan Antonio Roca, que negó ante el juez Óscar Pérez haber participado en la redacción y aprobación de los dos convenios, y el ex alcalde Julián Muñoz, que no admitió haber negociado los acuerdos peros sí reconoció que los había firmado durante su periodo al frente del Ayuntamiento.Las declaraciones por esta pieza separada se iniciaron el pasado enero con la comparecencia del ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, al que el juez imputa un delito de falsedad de documentos Éste también estuvo detenido durante la primera fase de la operación ´Malaya, al igual que Juan Antonio Roca, al que la instrucción considera el cerebro de la alambicada trama de corrupción que sacudió a la corporación municipal de Marbella durante varios mandatos consecutivos.Sobre la operación Francisco Norte, el magistrado indica que el final de ésta puede situarse en el convenio suscrito en noviembre de 2002 por el Ayuntamiento con Yeregui Desarrollo S.L. por el cual el Consistorio acordaba pagar a la empresa tres millones de euros en concepto de indemnización al no ser posible finalmente edificar en la finca.En 2004 la parcela fue adquirida por Naviro Inmobiliaria S.L., propiedad del empresario José Ávila Rojas, por un millón de euros más el 25 por ciento del beneficio de la venta de las viviendas, y en 2005 se segregan 10.300 metros cuadrados de su subsuelo, licencia autorizada por Marisol Yagüe, que fue traspasadas a la postre a Conservera Celta por 18 millones de euros.El informe policial sobre la operación urbanísitica en la parcela denominada Ave María establece que el Ayuntamiento de Marbella firmó un convenio en 2002 con la empresa CCF 21, por el que cedió un aprovechamiento urbanístico por un valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros, según destaca el texto. Antes de citadol convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en el terreno Ave María, así como casi 900 en la parecela de Los Verdiales, fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones.El informe señala además que la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad también de Roca. Según las investigaciones, teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros. Ambas causas fueron investigadas a raíz de la información colateral de la trama de corrupción en el Consistorio, que se saldó con la detención de un gran número de concejales de las corporaciones gobernadas por el el extinto partido de Jesús Gil y sus coaliciones ulteriores.
La ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, aseguró al juez instructor del ´caso Malaya´, Óscar Pérez, que concedió en 2005 una licencia de segregación de la parcela Francisco Norte en virtud del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986. Yagüe compareció como imputada ante el citado juez en relación a una pieza separada del sumario en la que se investigan dos operaciones urbanísticas en las parcelas denominadas Ave María y Francisco Norte. Según informaron fuentes de la defensa de la ex regidora, la comparecencia tuvo una duración de apenas tres minutos, en los que el instructor interpeló a Yagüe sobre la segregación de 10.300 metros cuadrados del subsuelo de la citada parcela para la construcción de un aparcamiento.En relación con estas dos operaciones urbanísticas también comparecieron el ex asesor Juan Antonio Roca, que negó ante el juez Óscar Pérez haber participado en la redacción y aprobación de los dos convenios, y el ex alcalde Julián Muñoz, que no admitió haber negociado los acuerdos peros sí reconoció que los había firmado durante su periodo al frente del Ayuntamiento.Las declaraciones por esta pieza separada se iniciaron el pasado enero con la comparecencia del ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, al que el juez imputa un delito de falsedad de documentos Éste también estuvo detenido durante la primera fase de la operación ´Malaya, al igual que Juan Antonio Roca, al que la instrucción considera el cerebro de la alambicada trama de corrupción que sacudió a la corporación municipal de Marbella durante varios mandatos consecutivos.Sobre la operación Francisco Norte, el magistrado indica que el final de ésta puede situarse en el convenio suscrito en noviembre de 2002 por el Ayuntamiento con Yeregui Desarrollo S.L. por el cual el Consistorio acordaba pagar a la empresa tres millones de euros en concepto de indemnización al no ser posible finalmente edificar en la finca.En 2004 la parcela fue adquirida por Naviro Inmobiliaria S.L., propiedad del empresario José Ávila Rojas, por un millón de euros más el 25 por ciento del beneficio de la venta de las viviendas, y en 2005 se segregan 10.300 metros cuadrados de su subsuelo, licencia autorizada por Marisol Yagüe, que fue traspasadas a la postre a Conservera Celta por 18 millones de euros.El informe policial sobre la operación urbanísitica en la parcela denominada Ave María establece que el Ayuntamiento de Marbella firmó un convenio en 2002 con la empresa CCF 21, por el que cedió un aprovechamiento urbanístico por un valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros, según destaca el texto. Antes de citadol convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en el terreno Ave María, así como casi 900 en la parecela de Los Verdiales, fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones.El informe señala además que la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad también de Roca. Según las investigaciones, teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros. Ambas causas fueron investigadas a raíz de la información colateral de la trama de corrupción en el Consistorio, que se saldó con la detención de un gran número de concejales de las corporaciones gobernadas por el el extinto partido de Jesús Gil y sus coaliciones ulteriores.
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