José Manuel Aranda asegura ante el juez que siguió el procedimiento que le indicaron los técnicos municipales para aprobar la vivienda
04.05.2010 -
El alcalde de Canillas de Aceituno, ayer, a su llegada al juzgado. ::A. SALAS
El juicio contra el alcalde de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE), por conceder presuntamente una licencia de obras para una vivienda en suelo no urbanizable quedó ayer visto para sentencia. El Fiscal pide para él un año de prisión y nueve de inhabilitación para empleo o cargo público por cometer un delito contra la ordenación del territorio.
Aranda afirmó ante el juez que los documentos emitidos por la secretaria del Ayuntamiento y por el arquitecto técnico municipal «eran informes de procedimiento, no informes negativos», tal y como asegura la Fiscalía.
Según el abogado del regidor, Jesús Marín, han sido los propios técnicos municipales los que han explicado que no se trataba de informes contrarios o desfavorables, sino de informes en los que se explican los trámites a seguir, haciendo hincapié en que si cumplía el procedimiento, sí procedía la licencia.
Asimismo, el regidor declaró ante el juez que desconocía la razón por la que no se siguieron dos procedimientos por separado, uno para aprobar el proyecto de actuación que demuestra que la vivienda está vinculada a un uso agrícola, y otro para la licencia de obras, ya que siempre ha seguido los pasos que le han indicado los técnicos municipales, según manifestó ayer.
Aranda manifestó asimismo que, en ningún caso, se ocultaron tales informes a los concejales, como mantiene el Ministerio Fiscal, lo que también fue confirmado por la secretaria del Ayuntamiento, según aseguró ayer el letrado del regidor. Para el Fiscal, sin embargo, la licencia se concedió «sin tramitar expediente de licencia de obra mayor alguno y sin recabar los preceptivos informes técnico y jurídico».
Sobre la razón por la cual no se esperó a que la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes resolviera sobre la solicitud de licencias, Marín manifestó que la Junta tardó 62 días en emitir su informe, cuando la ley establece un plazo máximo de 30. Aranda, por su parte, aseguró que el gobierno autonómico «informaba de todo igual» y «decía siempre que no». La defensa del alcalde presentó en el juicio diversa documentación del municipio de Los Guájares (Granada) acreditativa de que en la provincia granadina la Junta, sin embargo, sí respalda los mismos proyectos de actuación que rechaza en la Axarquía.
El fiscal mantiene sin embargo su petición de un año de prisión y nueve de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito contra la ordenación del territorio, al considerar que el regidor «dictó una resolución contraria al ordenamiento» y que no se siguieron los trámites necesarios.
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