El exregidor acudirá el jueves a un nuevo juicio en el que también están imputados la alcaldesa, Pilar Ortiz, y cinco ediles del PSOE
16.01.2012 -
Aranda, en los juzgados de Málaga en mayo de 2010. :: SUR
El exalcalde de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE), será juzgado el próximo jueves por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga por conceder presuntamente una licencia de obras para la construcción de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable. El exregidor se enfrenta a cuatro años de prisión y veinte de inhabilitación especial para empleo o cargo público por dos presuntos delitos contra la ordenación del territorio.
Junto al exmandatario también se sentarán en el banquillo como acusados la actual alcaldesa, Pilar Ortiz, y otros cinco ediles y exediles del PSOE, todos ellos miembros de la Junta Local de Gobierno que aprobó el proyecto de actuación que desembocó posteriormente en la concesión de la licencia de obras mediante decreto de Alcaldía.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, Aranda, que se vio obligado a abandonar la Alcaldía en marzo del pasado año por una condena anterior también por delito urbanístico, concedió por decreto el 6 de septiembre de 2006 una licencia de obras para la construcción de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable en la zona conocida como La Machera con los informes en contra del arquitecto municipal y la secretaria del Ayuntamiento.
Al tratarse de un terreno no urbanizable le fue requerido al propietario un proyecto de actuación que fue informado negativamente por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda por entender que la construcción proyectada carecía de numerosos requisitos ineludibles, además de por no quedar justificada la necesidad de la vivienda unifamiliar vinculada a la explotación agrícola, según la Fiscalía.
El fiscal hace constar asimismo en el escrito de acusación que en marzo de 2006 los acusados, constituidos en sesión de Gobierno presidida por el entonces alcalde, José Manuel Aranda, resolvieron aprobar el proyecto de actuación aún conociendo el informe contrario de la Junta.
Para la Fiscalía, los hechos son constitutivos de dos delitos contra la ordenación del territorio del artículo 320.2 del Código Penal. El fiscal pide para el exalcalde, José Manuel Aranda, cuatro años de prisión por los dos presuntos delitos, inhabilitación especial mientras dure la condena, así como otros 20 años de inhabilitación -10 por cada delito-, y multa de 48 meses -24 por cada uno- con una cuota diaria de 30 euros.
Para los seis miembros restantes de la junta de gobierno del Ayuntamiento también imputados, entre los que se encuentra la actual alcaldesa, Pilar Ortiz (PSOE), y a los que el fiscal considera también autores de un presunto delito contra la ordenación del territorio, la Fiscalía solicita dos años de prisión e inhabilitación mientras dure la condena, así como otros 10 años de inhabilitación especial y multa el 24 meses con una cuota diaria de 30 euros.
Inhabilitación
Aranda se vio obligado a abandonar el cargo de alcalde en marzo del pasado año después de que el Ayuntamiento de la localidad recibiera una notificación del Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga instándole a cumplir la sentencia de nueve años de inhabilitación a la que fue condenado por un delito urbanístico anterior.
La Audiencia Provincial condenó a Aranda en noviembre de 2010 a nueve años de inhabilitación por autorizar una licencia de obras en suelo no urbanizable, dejando sin efecto una sentencia anterior del Juzgado de los Penal número 3 que lo había absuelto varios meses antes.
José Manuel Aranda aún tiene pendientes varias causas más, también relacionados con la ordenación del territorio y el urbanismo en el municipio.
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