Siete de cada diez solicitantes de una vivienda protegida no la piden ya en venta al no poder obtener la hipoteca
28.02.2011 -
La inscripción en el Registro de Demandantes de VPO puede solicitarse tanto en el IMV como en las oficinas de atención al ciudadano de los distritos ::SALVADOR SALAS
El concejal de Vivienda, Diego Maldonado, no se equivocaba hace tres meses cuando, en una entrevista concedida a este periódico (ver SUR 15/11/2010), anunciaba que la política del Ayuntamiento en materia de vivienda protegida iba a dar un giro para centrarse mayoritariamente en la tipología del alquiler o el alquiler con opción a compra.
Los últimos datos del Registro de Demandantes de VPO, una oficina del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) que canaliza todas las peticiones para acceder a una casa protegida en la capital, no dejan lugar a dudas. Ambos tipos de vivienda, las de alquiler y las de alquiler con opción a compra, son las más demandadas con un total de 762 solicitudes en el primero de los casos, y 1.259 en el segundo. Por su parte, sólo 754 personas, de las 1.488 que ya están inscritas en el registro, están dispuestas a optar a una VPO en régimen de venta. Los peticionarios pueden marcar una tipología, dos o las tres. Es decir, que siete de cada diez solicitantes apuestan por el alquiler y no quieren el régimen de venta.
«Hoy por hoy, el alquiler con opción a compra es la mejor manera de garantizar el derecho a una vivienda, por eso vamos a procurar centrarnos en este régimen en las próximas promociones que pongamos en marcha, ya que las que ya están en tramitación no se pueden variar», explicó Maldonado.
Cuenta la mitad de lo pagado
El edil subrayó que la opción a comprar la vivienda -de cuyo precio se descuenta el 50% de las mensualidades abonadas desde que se reside en la casa- es «un mixto entre compra y alquiler, por lo que abarca las dos posibilidades para familias que en las actuales condiciones del mercado no puedan hacer frente a una hipoteca bancaria, pero sí puedan asumirla dentro de unos años».
Las viviendas de alquiler con opción a compra pueden ser adquiridas por sus moradores a los diez años de ocuparlas, o a los siete, en el caso de que sean para jóvenes. En ambos supuestos, el promotor -sea una administración pública o una empresa privada-, está obligado a ofrecer a los inquilinos la posibilidad de comprar el piso pasado ese tiempo. El Ayuntamiento también puede hacerlo con todas las viviendas públicas de alquiler que gestiona, pero a los 25 años.
No obstante, la opción más demandada por las personas que ya figuran en el Registro de Demandantes de VPO no se corresponde todavía con proyectos de viviendas que puedan ser materializados a corto plazo. Y es que las casas de alquiler con opción a compra que promueve el IMV se encuentran todavía en fase de proyecto o contratación de las obras. Algunas de las primeras en ponerse en marcha serán las que el Ayuntamiento levantará en solares de la zona de la Trinidad -unas 12 repartidas en pequeñas parcelas-, y también 346 que se construirán en los terrenos que actualmente se urbanizan al oeste de la ampliación del campus de Teatinos. Estas últimas serán promovidas por la nueva Sociedad Municipal de Viviendas que creó el equipo de gobierno municipal para evitar los límites gubernamentales que le impiden contraer más préstamos para inversiones.
Con todo, Diego Maldonado aseguró que esta será también la tipología mayoritaria de las promociones previstas para los próximos años, e incluidas ya en los presupuestos del IMV para 2011. No obstante, su realización se vislumbra todavía lejana debido a que la mayor parte de ellas está supeditada al cobro del dinero de los convenios urbanísticos del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), unos pagos que las promotoras quieren aplazar porque las actuales condiciones del mercado inmobiliario no les permiten hacer frente a cantidades millonarias que se pactaron hace cuatro o cinco años, cuando todavía no se veía la crisis de cerca.
Proyectos pendientes
En esa situación se encuentran 300 casas en alquiler para jóvenes en la zona de Bizcochero (en Teatinos), otras 200 en alquiler en Hacienda Cabello, 12 también para jóvenes en Carlinda, otras 51 en el Perchel, 25 en la Trinidad y 80 junto a la urbanización Barceló, en la avenida de Europa, para la protección de mujeres que hayan sido víctimas de malos tratos. En total, 668 casas que, de no cobrarse el dinero de los convenios, tendrán que ser financiadas con otros fondos del IMV -cuestión complicada toda vez que se encuentra con la imposibilidad de contraer nuevos préstamos por los límites gubernamentales para reducir la deuda de los municipios- o asumidas por la nueva Sociedad Municipal de Viviendas.
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