.La Fiscalía advierte del endurecimiento de las penas para los delitos urbanísticos. (SUR)

El Código Penal castigará con hasta cuatro años de cárcel a las autoridades que contravengan el planeamiento

02.07.10 - 01:54 -

MONTSE MARTÍN | MÁLAGA.

LOS DATOS

Diligencias de investigación: En 2009 fueron 438. En 2008 se incoaron 360.

Delitos urbanísticos. Fueron investigados 277 (276 en 2008)

Denuncias y querellas. De las 438 diligencias abiertas por la Fiscalía de Medio Ambiente, 123 (90 en 2008) acabaron en denuncias y querellas en los juzgados. Cerca de doscientas fueron archivadas al no constituir delito (146 en 2008).

Denunciantes. La mayoría de las denuncias que llegaron a la Fiscalía en 2009 procedieron de la Guardia Civil, un total de 108 (51 en 2008); 128 de las distintas consejerías de la Junta de Andalucía (82 en 2008); Ayuntamiento de Málaga, 54 (65 en el ejercicio anterior); Ayuntamiento de Vélez-Málaga, 53 (22 en 2008) y Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que presentó 12, frente a ninguna del año anterior.

La Fiscalía de Málaga despejó ayer las dudas sobre la idoneidad de la vía penal para perseguir las irregularidades urbanísticas que han puesto sobre el tapete algunos representantes políticos e incluso judiciales. El fiscal delegado de Medio Ambiente, Juan Calvo Rubio, recordó ayer en la presentación de la memoria de 2009 que a final de este año entrará en vigor una reforma del Código Penal que endurecerá las penas para los delitos urbanísticos que cometan las autoridades o funcionarios públicos, que se castigarán con año y medio a cuatro años de cárcel (actualmente es de seis meses a dos años).

Calvo Rubio dijo no haberse sentido presionado por los movimientos que abogan por la vía administrativa para dilucidar las irregularidades del planeamiento en las que incurran los cargos públicos, como el que lidera el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, y los alcaldes de la Axarquía.

«Presión ninguna», contestó fiscal, quien añadió que «el legislador está haciendo todo lo contrario de lo que se está pidiendo», en referencia al endurecimiento del Código Penal. Es más, subrayó incluso que la reforma recogerá «expresamente» el delito de prevaricación omisiva (cuando los cargos públicos no actúan contra la ilegalidad), «por la que yo ya he formulado denuncia y acusación y ha habido sentencia condenatoria», añadió.

En 2009 la Fiscalía de Medio Ambiente investigó un total 438 denuncias (frente a las 360 de 2008), de las que más de la mitad, en concreto 277, estaban relacionadas con supuestos delitos contra la ordenación del territorio. De ellas, 123 acabaron en denuncias y querellas en los juzgados de instrucción y otra buena parte (190) fueron archivadas. Juan Calvo Rubio destacó la «mayor concienciación» sobre este tipo de delitos de todas las administraciones públicas, incluidos las locales, que años atrás «parecían más reticentes a la hora denunciar». En ese sentido destacó como «los más colaboradores» los ayuntamientos de Málaga y Vélez-Málaga, aunque también mencionó los de Alhaurín de la Torre, Antequera, Álora y Alhaurín el Grande. También resaltó el aumento de las denuncias formuladas por la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda y Ordenación del Territorio.

De las 59 sentencias por delitos urbanísticos dictadas el año pasado, 47 fueron condenatorias y doce, absolutorias. Además los juzgados resolvieron otros diez procesos judiciales relacionados con la flora y fauna, el patrimonio histórico e incendios forestales, de los que nueve acabaron en condena.