Cerro Lanza busca un acuerdo para legalizar su situación (La Opinión)

El centenar de vecinos de este diseminado está dispuesto a pagar multas por autoconstrucción, pero reclama mejoras en los servicios municipales
ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA En el diseminado de Cerro Lanza, en lo alto del Puerto de la Torre, conviven las denuncias de la Fiscalía por autoconstrucción con las tasas municipales y algunos servicios del Ayuntamiento, una situación que los vecinos creen insostenible."Aquí estamos simples trabajadores, sabemos que las casas se han hecho sin papeles, por eso pedimos un acuerdo con el Ayuntamiento para pagar la multa correspondiente y que esto se arregle porque es un sinvivir", dice la presidenta vecinal, Dolores González. Jorge Fernández, otro vecino, explica que sobre el diseminado penden unas 50 denuncias por construcción ilegal. "No pedimos que nos eximan de la responsabilidad sino una solución consensuada porque tenemos servicios mínimos, pagamos el agua, hay poca electricidad y teléfono, una ambulancia tarda 50 minutos en llegar y la policía, hora y media", resalta. El vicepresidente vecinal, Juan Antonio Portillo, no se explica que el nuevo PGOU sólo incorpore y legalice "entre un 50 y un 60 por ciento del Cerro Lanza" y se pregunta por qué el Ayuntamiento "en el avance del PGOU tanteó incluir el diseminado entero y luego se echó para atrás".Jorge Fernández cree que en esta zona son tratados "como ciudadanos de tercera", mientras comenta que muchos de los vecinos con sanciones están en paro. La situación de Cristóbal García, de 30 años, en la construcción y con tres niños, es complicada. Sobre él pende la orden de derribo de su vivienda, una multa de 10 euros diarios durante 18 meses y dos años de cárcel. "No soy Julián Muñoz ni Roca", sostiene. El concejal de IU Antonio Serrano, que visitó la zona, explica que los vecinos "no piden privilegios", pero señala que el Ayuntamiento "es corresponsable de la situación" por falta de control y por no anticiparse "a la demanda ciudadana". El concejal se reunirá con el responsable de Urbanismo, Manuel Díaz, para tratar de buscar "una solución jurídica", y regularizar la situación del diseminado. La concejala socialista Mari Carmen Sánchez, que también visitó la zona y asistirá a la reunión, achacó el problema "a la desidia del Ayuntamiento" y lamentó que en el nuevo PGOU sólo haya un plan especial para un diseminado del Puerto de la Torre, frente a los cinco de 1997. "El resto está al margen de la legalidad, en tierra de nadie".