Trece familias de El Palo con alquileres de renta antigua temen por el futuro de sus casas después de que una constructora las haya adquirido para construir un bloque
La incertidumbre se ha apoderado de trece familias de El Palo que ven peligrar su futuro en las casas que durante más de 50 años han habitado. Todas tienen contratos de alquiler de renta antigua indefinidos, pero una constructora ha adquirido las viviendas y tiene planeado edificar un bloque de pisos. La primera oferta que recibieron para que las abandonen es de 3.000 euros, aunque posteriormente la cifra subió a 10.000. El Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, ya conoce el caso y el próximo viernes se reunirá con estos vecinos para asesorarles y que el caso no se convierta en otro de asustaviejas. María del Carmen Bravo y su hermana, dos de los afectados, poseen contratos que sus padres firmaron en 1938 y 1942, uno de los cuales se subrogó. La primera explicó que hace unas semanas recibieron una carta de un despacho de abogados en la que se les informaba del cambio de propiedad de la vivienda y les solicitaban una reunión."Mi hijo fue a la dirección indicada y allí le ofrecieron 3.000 euros para que abandonásemos la casa, manifestó María del Carmen, quien señaló que, ante la negativa, "días después la cifra aumentó a 10.000". Los residentes opinan que la oferta es ridícula y ni por asomo se plantean dejar el lugar.La mujer declaró que la constructora que ha comprado los domicilios tiene pensado edificar en el terreno y temen que acaben por tener que irse. Una solución que ven inviable porque "yo gano 400 euros al mes y mi madre, a la que cuido, tiene una paga de 500".Las viviendas se encuentran en el Pasaje del Rosario y otro anexo sin nombre. Son casas mata que los inquilinos han ido reparando poco a poco y en las que han vivido durante décadas.La situación es más grave para otros vecinos, a los que les ha llegado una carta de desalojo después de que en el pasado obtuviesen permisos verbales para anexar residencias de otros familiares que habían fallecido. Es el caso de la madre de Francisco Valentín, quien a sus 89 años de edad se enfrenta a la pérdida de la mitad de su domicilio tras recibir una orden de desahucio.Éste explicó que a estas personas también les han ofrecido 3.000 euros de indemnización y que, si no los aceptan, tienen de plazo hasta el próximo 1 de julio para abandonar la vivienda.Valentín se preguntaba por qué una constructora trata de hacer negocio "a costa de unos ancianos que no entienden de leyes y sin poder adquisitivo".Los vecinos ya han comenzado a moverse para defender sus derechos y han contratado abogados. Además, han puesto el caso en conocimiento del Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, quien los visitará el viernes.
La incertidumbre se ha apoderado de trece familias de El Palo que ven peligrar su futuro en las casas que durante más de 50 años han habitado. Todas tienen contratos de alquiler de renta antigua indefinidos, pero una constructora ha adquirido las viviendas y tiene planeado edificar un bloque de pisos. La primera oferta que recibieron para que las abandonen es de 3.000 euros, aunque posteriormente la cifra subió a 10.000. El Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, ya conoce el caso y el próximo viernes se reunirá con estos vecinos para asesorarles y que el caso no se convierta en otro de asustaviejas. María del Carmen Bravo y su hermana, dos de los afectados, poseen contratos que sus padres firmaron en 1938 y 1942, uno de los cuales se subrogó. La primera explicó que hace unas semanas recibieron una carta de un despacho de abogados en la que se les informaba del cambio de propiedad de la vivienda y les solicitaban una reunión."Mi hijo fue a la dirección indicada y allí le ofrecieron 3.000 euros para que abandonásemos la casa, manifestó María del Carmen, quien señaló que, ante la negativa, "días después la cifra aumentó a 10.000". Los residentes opinan que la oferta es ridícula y ni por asomo se plantean dejar el lugar.La mujer declaró que la constructora que ha comprado los domicilios tiene pensado edificar en el terreno y temen que acaben por tener que irse. Una solución que ven inviable porque "yo gano 400 euros al mes y mi madre, a la que cuido, tiene una paga de 500".Las viviendas se encuentran en el Pasaje del Rosario y otro anexo sin nombre. Son casas mata que los inquilinos han ido reparando poco a poco y en las que han vivido durante décadas.La situación es más grave para otros vecinos, a los que les ha llegado una carta de desalojo después de que en el pasado obtuviesen permisos verbales para anexar residencias de otros familiares que habían fallecido. Es el caso de la madre de Francisco Valentín, quien a sus 89 años de edad se enfrenta a la pérdida de la mitad de su domicilio tras recibir una orden de desahucio.Éste explicó que a estas personas también les han ofrecido 3.000 euros de indemnización y que, si no los aceptan, tienen de plazo hasta el próximo 1 de julio para abandonar la vivienda.Valentín se preguntaba por qué una constructora trata de hacer negocio "a costa de unos ancianos que no entienden de leyes y sin poder adquisitivo".Los vecinos ya han comenzado a moverse para defender sus derechos y han contratado abogados. Además, han puesto el caso en conocimiento del Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, quien los visitará el viernes.
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