El informe medioambiental en el que se rechazan algunos de los proyectos del PGOU abre una guerra entre la Junta y el Ayuntamiento. El alcalde afirma que se vetan iniciativas por razón de oportunidad política
Las relaciones institucionales entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía han saltado por los aires a cuenta del planeamiento urbanístico de la capital. Cuando parecía abierto el clima de diálogo y mano tendida entre ambas administraciones en este asunto -expresado incluso por el propio presidente andaluz, Manuel Chaves, en agosto de 2007-, el reciente informe de impacto ambiental de la Delegación de Medio Ambiente en el que se rechazan algunos de los principales proyectos del PGOU (como la construcción al norte de las rondas, en Arraijanal y la vega de Campanillas, el puerto deportivo de El Morlaco o el traslado del colegio de Maristas) ha reabierto la guerra entre las dos instituciones.
Desde sus respectivas trincheras, Francisco de la Torre y María Gámez se reafirmaron ayer en sus posiciones creando un ambiente en el que la puerta al diálogo parece, por el momento, cerrada.
En rueda de prensa con su concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, el alcalde defendió los proyectos incluidos en el plan; reiteró su intención de acudir a los tribunales para defenderlos; acusó a la Junta de intromisión en la autonomía municipal; afirmó que algunas de las iniciativas vetadas en el informe lo han sido más por criterios de oportunidad política que por razones legales; y, enarbolando la bandera local, sentenció que es una realidad que históricamente desde Sevilla hay «una incomprensión» hacia los proyectos de Málaga y su potencialidad. De la Torre confió en que el departamento que tiene la última palabra en dar luz verde al texto, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y su titular, Juan Espadas -de quien elogió su prudencia y responsabilidad-, sea sensible con la ciudad y lo apruebe en sus actuales términos.
La delegada del gobierno regional en la provincia, por su parte, criticó que el Consistorio apueste por el juego de la confusión. María Gámez sostuvo que es obligatorio que la Junta elabore el preceptivo informe medioambiental; lamentó que desde el Ayuntamiento se haya persistido en unos proyectos sobre los que ya se le advirtió que eran inviables; negó que desde la Administración autonómica se esté intentando bloquear el desarrollo de Málaga y añadió que no se está rechazando la totalidad del plan sino sólo un 12,6%.
A su juicio, la pelota está ahora en el tejado del Ayuntamiento y debe ser éste el que dé el siguiente paso modificando las propuestas rechazadas para ajustarlas a la legalidad y poder aprobarlas.
Cascada de reacciones
Esta confrontación institucional generó ayer una cascada de reacciones desde los grupos municipales de la oposición y los partidos políticos de la provincia. La diputada del PP Celia Villalobos recordó que cuando fue alcaldesa ya se percató de la situación «de abandono» de la Junta hacia Málaga y calificó de «gravísimo error» el bloqueo del PGOU. El secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, exigió al regidor que abandone «el torpedeo jurídico» anunciado y destacó que no es la Administración regional la que bloquea los proyectos, sino que es «la ley y el sentido común» la que pone coto a un modelo urbanístico «desarrollista alejado de la defensa del interés general».
El portavoz de los socialistas en la Casona del Parque, Rafael Fuentes, pidió a Francisco de la Torre que «deje de hacerse la víctima» y anunció que solicitarán que comparezca y dé explicaciones sobre lo sucedido. Por su parte, el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, aseguró que el plan general prevé proyectos «insostenibles» desde un punto de vista jurídico y medioambiental y confió en que la Junta se mantenga firme en su desestimación, el documento vuelva a su punto original y se elabore con más debate y consenso. «El alcalde se atrinchera frente a la Junta poniendo a los malagueños en medio», apostilló.
Las relaciones institucionales entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía han saltado por los aires a cuenta del planeamiento urbanístico de la capital. Cuando parecía abierto el clima de diálogo y mano tendida entre ambas administraciones en este asunto -expresado incluso por el propio presidente andaluz, Manuel Chaves, en agosto de 2007-, el reciente informe de impacto ambiental de la Delegación de Medio Ambiente en el que se rechazan algunos de los principales proyectos del PGOU (como la construcción al norte de las rondas, en Arraijanal y la vega de Campanillas, el puerto deportivo de El Morlaco o el traslado del colegio de Maristas) ha reabierto la guerra entre las dos instituciones.
Desde sus respectivas trincheras, Francisco de la Torre y María Gámez se reafirmaron ayer en sus posiciones creando un ambiente en el que la puerta al diálogo parece, por el momento, cerrada.
En rueda de prensa con su concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, el alcalde defendió los proyectos incluidos en el plan; reiteró su intención de acudir a los tribunales para defenderlos; acusó a la Junta de intromisión en la autonomía municipal; afirmó que algunas de las iniciativas vetadas en el informe lo han sido más por criterios de oportunidad política que por razones legales; y, enarbolando la bandera local, sentenció que es una realidad que históricamente desde Sevilla hay «una incomprensión» hacia los proyectos de Málaga y su potencialidad. De la Torre confió en que el departamento que tiene la última palabra en dar luz verde al texto, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y su titular, Juan Espadas -de quien elogió su prudencia y responsabilidad-, sea sensible con la ciudad y lo apruebe en sus actuales términos.
La delegada del gobierno regional en la provincia, por su parte, criticó que el Consistorio apueste por el juego de la confusión. María Gámez sostuvo que es obligatorio que la Junta elabore el preceptivo informe medioambiental; lamentó que desde el Ayuntamiento se haya persistido en unos proyectos sobre los que ya se le advirtió que eran inviables; negó que desde la Administración autonómica se esté intentando bloquear el desarrollo de Málaga y añadió que no se está rechazando la totalidad del plan sino sólo un 12,6%.
A su juicio, la pelota está ahora en el tejado del Ayuntamiento y debe ser éste el que dé el siguiente paso modificando las propuestas rechazadas para ajustarlas a la legalidad y poder aprobarlas.
Cascada de reacciones
Esta confrontación institucional generó ayer una cascada de reacciones desde los grupos municipales de la oposición y los partidos políticos de la provincia. La diputada del PP Celia Villalobos recordó que cuando fue alcaldesa ya se percató de la situación «de abandono» de la Junta hacia Málaga y calificó de «gravísimo error» el bloqueo del PGOU. El secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, exigió al regidor que abandone «el torpedeo jurídico» anunciado y destacó que no es la Administración regional la que bloquea los proyectos, sino que es «la ley y el sentido común» la que pone coto a un modelo urbanístico «desarrollista alejado de la defensa del interés general».
El portavoz de los socialistas en la Casona del Parque, Rafael Fuentes, pidió a Francisco de la Torre que «deje de hacerse la víctima» y anunció que solicitarán que comparezca y dé explicaciones sobre lo sucedido. Por su parte, el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, aseguró que el plan general prevé proyectos «insostenibles» desde un punto de vista jurídico y medioambiental y confió en que la Junta se mantenga firme en su desestimación, el documento vuelva a su punto original y se elabore con más debate y consenso. «El alcalde se atrinchera frente a la Junta poniendo a los malagueños en medio», apostilló.
No hay comentarios:
Publicar un comentario