El alcalde retoma el discurso del agravio y pide que no se impida el avance de Málaga · El Gobierno regional dice que las conclusiones ambientales son "innegociables"
El nivel de crispación y confrontación que viven las relaciones entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga empieza a alcanzar cotas históricas. Las numerosas objeciones que fija la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), elaborada por la Consejería de Medio Ambiente, a los principales proyectos del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), han desatado una importante ola de acusaciones entre ambas administraciones, cuyo último episodio estuvo protagonizado ayer por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre (PP), y por la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, María Gámez. Un clima de tensión sin precedentes y que hoy se hará patente en el Pleno municipal.De la Torre aprovechó el camino abierto el pasado martes por el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, que denunció el "bloqueo" que ejerce la Junta sobre las intervenciones de la ciudad, para ampliar el ámbito de su queja y retomar el discurso de agravio comparativo del que, a su juicio, es objeto la capital de la Costa del Sol en las últimas décadas. Asimismo, exigió al Gobierno regional "respeto" a las "aspiraciones" y "potencialidades" de la ciudad.La queja del equipo de gobierno del PP tiene su origen en el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida hace apenas una semana por el Gobierno andaluz, en la que rechaza propuestas como la ejecución de medio millar de viviendas al norte de la ronda este, la ocupación de los suelos de Arraijanal y de las márgenes del río Campanillas y la construcción de un puerto deportivo en El Morlaco, entre otras. En total, el informe medioambiental deja en agua de borrajas unas 9.000 de las alrededor de 35.000 viviendas nuevas que contempla el documento.Sin embargo, para De la Torre, ninguna de estas negativas está sustentada en argumentos legales y sí en cuestiones de "oportunidad" por parte de la Administración autonómica. Este hecho llevó al regidor a insistir en la posibilidad de acudir a la vía judicial para defender la autonomía local y a augurar que este asunto "quedaría perfectamente ganado en los tribunales". Al tiempo, eludió plantear cualquier marcha atrás en las intervenciones que son objeto de este rechazo.Por el contrario, confió en que el PGOU sea aprobado de manera definitiva por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio cuanto antes y ofreció un mensaje conciliador al máximo responsable de este departamento, el consejero Juan Espadas. "Quiero lanzar un mensaje de esperanza en que Ordenación del Territorio sepa reconducir el documento a unos términos de respeto a nuestra autonomía y de respeto a nuestra potencialidad como ciudad", dijo, después de destacar las numerosas reuniones que técnicos de ambos departamentos han mantenido en los últimos meses en relación al planeamiento de la ciudad.Asimismo, recordó los términos de colaboración en los que se han expresado en ocasiones anteriores el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el vicepresidente de la institución, Gaspar Zarrías, una línea que, para el alcalde, entra en contradicción con la forma en la que se pronuncia la DIA, que es de "confrontación". "Pido que en Sevilla exista la sensibilidad de entender esta ciudad tan trepidante, que quiere avanzar y que no quiere que una vez más se le corte su avance", sentenció.En su exposición ante los medios de comunicación, consideró que la "incomprensión" que desde la Junta se tiene de los proyectos de Málaga, así como la falta de entendimiento sobre su "potencialidad", no es de ahora, sino que "estaba ya en los años 80". "Faltaba entender la potencialidad de Málaga como ciudad del conocimiento porque la autonomía que nacía no tenía esa sensibilidad", apuntó, y sentenció: "Desde Sevilla, hay una cultura, un sustrato de fondo, de distanciamiento e incomprensión hacia los proyectos de Málaga".Apenas 45 minutos antes de la comparecencia del alcalde de Málaga, las delegadas del Gobierno y de Medio Ambiente de la Junta, María Gámez y Remedios Martel, respectivamente, tomaron la palabra para acusar al equipo de gobierno de tratar de confundir a los ciudadanos sobre este asunto y descartaron que el Gobierno regional intente "bloquear" los proyectos de la capital.Gámez señaló que las mismas objeciones incorporadas en la Declaración de Impacto Ambiental fueron expuestas al Ayuntamiento un año atrás, con motivo de la declaración previa, sin que haya habido cambio alguno en los postulados municipales. Además, la responsable autonómica intentó minimizar la gravedad del informe, por cuanto "afecta a una parte pequeña del PGOU", que, según apuntó Martel, supone el 12,6% de todo el documento.Preguntada sobre la posibilidad de alcanzar un consenso en relación a las intervenciones rechazadas por la Consejería de Medio Ambiente, la delegada del Gobierno fue precisa al asegurar que eso sólo será posible si el equipo de gobierno cambia el contenido de esas actuaciones, al entender que las conclusiones del informe medioambiental son "innegociables". "Está en manos del Ayuntamiento modificarlas para que el impacto no sea negativo", apostilló. En cualquier caso, y a la espera de conocer el resto de informes sectoriales que han de presentarse al PGOU, la última palabra sobre el planeamiento de la capital de la Costa del Sol corresponderá a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
El nivel de crispación y confrontación que viven las relaciones entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga empieza a alcanzar cotas históricas. Las numerosas objeciones que fija la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), elaborada por la Consejería de Medio Ambiente, a los principales proyectos del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), han desatado una importante ola de acusaciones entre ambas administraciones, cuyo último episodio estuvo protagonizado ayer por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre (PP), y por la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, María Gámez. Un clima de tensión sin precedentes y que hoy se hará patente en el Pleno municipal.De la Torre aprovechó el camino abierto el pasado martes por el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, que denunció el "bloqueo" que ejerce la Junta sobre las intervenciones de la ciudad, para ampliar el ámbito de su queja y retomar el discurso de agravio comparativo del que, a su juicio, es objeto la capital de la Costa del Sol en las últimas décadas. Asimismo, exigió al Gobierno regional "respeto" a las "aspiraciones" y "potencialidades" de la ciudad.La queja del equipo de gobierno del PP tiene su origen en el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida hace apenas una semana por el Gobierno andaluz, en la que rechaza propuestas como la ejecución de medio millar de viviendas al norte de la ronda este, la ocupación de los suelos de Arraijanal y de las márgenes del río Campanillas y la construcción de un puerto deportivo en El Morlaco, entre otras. En total, el informe medioambiental deja en agua de borrajas unas 9.000 de las alrededor de 35.000 viviendas nuevas que contempla el documento.Sin embargo, para De la Torre, ninguna de estas negativas está sustentada en argumentos legales y sí en cuestiones de "oportunidad" por parte de la Administración autonómica. Este hecho llevó al regidor a insistir en la posibilidad de acudir a la vía judicial para defender la autonomía local y a augurar que este asunto "quedaría perfectamente ganado en los tribunales". Al tiempo, eludió plantear cualquier marcha atrás en las intervenciones que son objeto de este rechazo.Por el contrario, confió en que el PGOU sea aprobado de manera definitiva por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio cuanto antes y ofreció un mensaje conciliador al máximo responsable de este departamento, el consejero Juan Espadas. "Quiero lanzar un mensaje de esperanza en que Ordenación del Territorio sepa reconducir el documento a unos términos de respeto a nuestra autonomía y de respeto a nuestra potencialidad como ciudad", dijo, después de destacar las numerosas reuniones que técnicos de ambos departamentos han mantenido en los últimos meses en relación al planeamiento de la ciudad.Asimismo, recordó los términos de colaboración en los que se han expresado en ocasiones anteriores el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el vicepresidente de la institución, Gaspar Zarrías, una línea que, para el alcalde, entra en contradicción con la forma en la que se pronuncia la DIA, que es de "confrontación". "Pido que en Sevilla exista la sensibilidad de entender esta ciudad tan trepidante, que quiere avanzar y que no quiere que una vez más se le corte su avance", sentenció.En su exposición ante los medios de comunicación, consideró que la "incomprensión" que desde la Junta se tiene de los proyectos de Málaga, así como la falta de entendimiento sobre su "potencialidad", no es de ahora, sino que "estaba ya en los años 80". "Faltaba entender la potencialidad de Málaga como ciudad del conocimiento porque la autonomía que nacía no tenía esa sensibilidad", apuntó, y sentenció: "Desde Sevilla, hay una cultura, un sustrato de fondo, de distanciamiento e incomprensión hacia los proyectos de Málaga".Apenas 45 minutos antes de la comparecencia del alcalde de Málaga, las delegadas del Gobierno y de Medio Ambiente de la Junta, María Gámez y Remedios Martel, respectivamente, tomaron la palabra para acusar al equipo de gobierno de tratar de confundir a los ciudadanos sobre este asunto y descartaron que el Gobierno regional intente "bloquear" los proyectos de la capital.Gámez señaló que las mismas objeciones incorporadas en la Declaración de Impacto Ambiental fueron expuestas al Ayuntamiento un año atrás, con motivo de la declaración previa, sin que haya habido cambio alguno en los postulados municipales. Además, la responsable autonómica intentó minimizar la gravedad del informe, por cuanto "afecta a una parte pequeña del PGOU", que, según apuntó Martel, supone el 12,6% de todo el documento.Preguntada sobre la posibilidad de alcanzar un consenso en relación a las intervenciones rechazadas por la Consejería de Medio Ambiente, la delegada del Gobierno fue precisa al asegurar que eso sólo será posible si el equipo de gobierno cambia el contenido de esas actuaciones, al entender que las conclusiones del informe medioambiental son "innegociables". "Está en manos del Ayuntamiento modificarlas para que el impacto no sea negativo", apostilló. En cualquier caso, y a la espera de conocer el resto de informes sectoriales que han de presentarse al PGOU, la última palabra sobre el planeamiento de la capital de la Costa del Sol corresponderá a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
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