Los alcaldes más representativos del Guadalhorce se quejan de la dureza de la norma
Pleno. El alcalde Óscar Román, en el centro, ayer por la tarde en el Ayuntamiento de Carratraca. Ana García
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ANA GARCÍA. CARRATRACA La dimisión del alcalde de Carratraca, Óscar Román (IU), por discrepar de la actual legislación urbanística de Andalucía, reaviva el rechazo de los responsables políticos de la comarca del Guadalhorce a la LOUA, después de haberse calmado el revuelo en la Axarquía.
El regidor de Carratraca, un pueblo de apenas 900 habitantes, ha sido el primero en abrir el fuego al negarse a un enfrentamiento con sus vecinos por aplicar la actual Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que le obliga a abrir un centenar de expedientes disciplinarios con sanciones económicas y demoliciones de algunas construcciones irregulares.
La decisión de dimitir por estar en contra de la LOUA también ha calentado los ánimos entre los alcaldes de la comarca del Guadalhorce, que consideran necesaria una modificación en el ámbito rural en el que se desarrollan los pueblos. Y queda por escuchar a los municipios de la Serranía de Ronda, quince de los cuales no tienen planeamiento urbanístico. Sin embargo, no están de acuerdo con las restricciones urbanísticas que impone la Junta de Andalucía.
"Hay que hacer posible la cultura de construcción en el medio rural que ha existido siempre, evitando la especulación y destrozar el medio ambiente", insiste el alcalde de Guaro y presidente de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves, Sebastián Rueda. "Hay que pelear para cambiar lo que nos disgusta, pero desde dentro, abandonar es lo último", afirma.
Para el regidor de Monda, José Antonio Bernal, el urbanismo crea un drama para los alcaldes que hay que aceptar, "pero es la ley y hay que aceptarla", matiza.
El compañero de partido de Román y alcalde de Ardales, Juan Calderón, reconoce que la LOUA restringe a los ayuntamientos y tienen dificultades en su aplicación y en el control del territorio: "Pero no nos podemos saltar la ley, es una situación delicada para todos".
En Cártama donde existen más de 2.000 expedientes urbanísticos, el alcalde, José Garrido, apuesta por una modificación de la ley. "Un juez no nos puede pedir cárcel porque un expediente se retrase", lamenta este regidor. Un cambio que también pide el regidor de Álora, José Sánchez, que cree que deben dejar construir en el entorno rural. "Dimitir es una decisión difícil pero lo que no se puede hacer tampoco es perjudicar a un pueblo".
Más contundente es el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín (PP), a quien no le parece lógico que se responsabilice a los alcaldes de todo: "Esto puede que ocurra en más pueblos. Es una decisión valiente, ya que no hay nadie de acuerdo con la LOUA, hay que modificarla protegiendo el entorno".
Sin alcalde. Óscar Román dejó ayer la alcaldía de Carratraca después de once años y el 27 de enero se celebrará el pleno para elegir el nuevo alcalde, ya que hasta ahora ningún concejal de la corporación integrada por IU, PSOE y PP ha querido asumir esta responsabilidad. En el caso de que no se pongan de acuerdo, el caso se llevará a la junta electoral central.
El portavoz socialista en Carratraca, José María Suárez, insiste en la negativa de su grupo en hacerse cargo de la alcaldía: "No contemplamos esa posibilidad ni con el apoyo del PP", ya que alega que los expedientes urbanísticos abiertos "están ahí y son unos cien". "Ellos (por el equipo de gobierno de IU) han estado mirando para otro lado durante once años y tendrían que haber aplicado la ley", argumenta Suárez, quien recalca: "Con la situación actual, no tenemos ninguna intención de acceder a la alcaldía".
La portavoz popular en el municipio, María Teresa Benavides, indicó que todavía es precipitado tomar una decisión, aunque aseveró que no han descartado "ninguna posibilidad", al menos hasta que analice la situación en la que se queda el municipio, para lo que se da un plazo máximo de "seis o siete días".
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