El Gobierno andaluz recordó ayer que la sentencia que anula la licencia del edificio y que pide su derribo es firme
Alegación. Los vecinos del Banana, ayer en Sevilla. L.O.
PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA. Hay muchos ´Banana Beach´ en Marbella. Los ocupantes de este bloque marbellí de 238 apartamentos, locales comerciales y garajes irregulares se ampararon ayer en este argumento para salvar sus propiedades del derribo.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aún pendiente de aprobación, no las incluye en el proceso de legalización, en el que sí entran cerca de 18.000 edificios. Por tanto, se consideran "discriminados".
La comunidad de propietarios viajó ayer hasta Sevilla para presentar en la sede de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio el documento que prueba sus sospechas. El informe está elaborado por la Asociación Española de Técnicos Urbanistas que preside el decano del colegio de Arquitectos de Sevilla, Ángel Díaz del Río.
De acuerdo con este texto, la construcción del inmueble que simbolizó durante años el mandato del Grupo Independiente Liberal (GIL) en Marbella está autorizada por una de las 1.009 licencias que otorgó el Ayuntamiento y que no se ajustaban ni ajustan al PGOU vigente, aprobado en 1986. Motivo por el cual fueron declaradas nulas.
El informe, analizado por este diario, compara el caso del Banana Beach con otros 16 edificios irregulares de la ciudad que han sido normalizados por el nuevo PGOU. Como por ejemplo, el hotel Senator o el centro comercial Plaza del Mar. Todos sus suelos están calificados como "sistemas generales de uso público", que en la práctica no se cumplen.
Los arquitectos que respaldan a los residentes del Banana no entienden por qué el equipo redactor del PGOU califica el edificio como "irreemplazable" por ocupar el frente litoral. "El edificio cumple la Ley de Costas al no ocupar la zona de servidumbre de protección de dominio marítimo-terrestre", justifican en el escrito presentado.
Sentencia firme. La Junta de Andalucía no tardó en responder a los interesados. Fundamentalmente, les recordó que el edificio cuenta con una sentencia firme en contra.
"El Tribunal Supremo emitió el 15 de abril de 2004 una sentencia por la que anula la licencia concedida por el anterior Ayuntamiento de Marbella para la construcción de este edificio. La sentencia fue recurrida en casación por el Ayuntamiento, recurso que no fue admitido mediante auto del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2006. Esta sentencia, por tanto, es firme", señalaron.
Los vecinos insisten en que el inmueble está calificado como ´sistema general de espacios libres´, "lo cual no implica su demolición", pero el Gobierno andaluz destacó que este decisión pertenece estrictamente al ámbito judicial y no al político.
La Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía se reúne el 29 de enero para evaluar si el nuevo PGOU marbellí se ajusta a la legalidad, teniendo en cuenta también a los defensores del Banana Beach.
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