lunes, 3 de noviembre de 2008

El bloqueo de los PGOU trae de cabeza a los promotores (La Opinión)

Las revisiones de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los municipios de Málaga coincidió con la aprobación de la nueva legislación del territorio por parte de la Junta de Andalucía y eso ocasionó un parón inmobiliario que ha tocado fondo ahora, a la sombra de la crisis mundial. No sólo no se vende un piso, sino que no se construyen nuevos. Por eso, la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga exige que se agilicen los trámites para reactivar el sector inmobiliario. En la actualidad, sólo un municipio de la provincia, Rincón de la Victoria, tiene su PGOU totalmente adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Pero en toda Málaga hay cien municipios, lo que quiere decir que el parón de la actividad inmobiliaria es absoluto. De ahí las alarmantes cifras de paro registradas en los últimos meses en este sector, uno de los más importantes, por no decir el más, del auge económico vivido a lo largo de los últimos años en Málaga. De hecho, los promotores se quejan amargamente de que lo único que se edifica ahora es lo que se vendió sobre plano hace ya más de un año y medio. Pero entre la crisis, las dificultades que ponen los bancos a la hora de conceder préstamos hipotecarios y la falta de regulación legal, no se mueve un ladrillo en toda la provincia. "Hemos solicitado en reiteradas ocasiones a la Administración que agilice la tramitación de los PGOU, ya que es el único marco legal posible que tiene el promotor o el constructor para desarrollar su trabajo y crear riqueza", asegura Violeta Aragón, gerente de la ACP. Además, critica las "discrepancias políticas" a la hora de discutir la conformación de los planes generales. La ACP entiende que unas normas tan importantes y de tanto calado como éstas deben ejecutarse sin peleas de partidos, y si, llegado el caso, hay puntos de conflicto, "deberían dejarse para más adelante, pero aprobar ya los planes". Distintos casos. La ACP está de acuerdo con las sanciones a quienes hayan construido sus viviendas a sabiendas de que lo hacían en terrenos prohibidos, como suelos rurales; "Eso nunca lo vamos a defender", asegura Aragón. Pero sí pide que las compras de buena fe, como por ejemplo muchas de las que se hicieron en Marbella, encuentren acomodo legal en los nuevos planes generales de ordenación urbana.

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