Además de Marbella, los municipios de la Axarquía, el Guadalhorce, Mijas y Estepona son los más afectados por esta situación. Los constructores exigen que se agilicen los planes de ordenación para que la actividad inmobiliaria salga de la crisis
JOAQUÍN MARÍN D*. MÁLAGA
Las tropelías del GIL en Marbella a lo largo de muchos años y el escaso control autonómico de su fraudulenta política urbanística explotaron en la última época del fallecido Jesús Gil y, sobre todo, cuando comenzó la operación ´Malaya´. Miles de personas que habían comprado sus casas de buena fe se encontraron con la cruda realidad de que sus pisos eran ilegales o, al menos, que estaban en situación irregular. El caso de Marbella es el más conocido, el más famoso, el más mediático, pero en absoluto es el único. En toda la provincia hay más de 50.000 viviendas en esta especie de letargo de la alegalidad, la mayoría de ellas por edificaciones en suelo rústico. Y la mayoría también con conocimiento de causa de sus dueños o constructores.El número de afectados en toda Málaga por esta circunstancia asciende a más de 150.000 personas. Claro que no todas ellas están en la calle, pues muchas de las viviendas son segundas residencias, pero sí se encuentran en la tesitura de tener que lidiar con la Administración, litigar para intentar que pasen a ser consideradas legales en los nuevos planeamientos urbanísticos o, directamente, pagar multas y sanciones impuestas por haber levantado sus casas en terrenos no urbanizables y sin posibilidad de serlo, es decir, en suelos rústicos. Y eso cuando no tienen, además, que sufragar de su propio bolsillo el coste de la demolición impuesta.
En Marbella, el número de unidades en situación irregular llega hasta las 19.000. Sin embargo, este caso, que ha sido sin duda el de más relevancia no sólo en la provincia sino el ámbito nacional, puede ser el primero en solucionarse, y además casi completamente. Se acaba de pactar entre PSOE y PP una modificación del plan general de ordenación urbana en la que se prevé la legalización de unas 18.000, pues fueron adquisiciones ´de buena fe´ por parte de los compradores. Sí se van a dejar fuera de la ordenación alrededor de 500, con el curioso caso de que algunas de las que se van a legalizar están deshabitadas -Jardines de la Costa o Jardines del Príncipe- y algunas de las que se van a dejar fuera sí están ocupadas, como es el caso de Banana Beach, con 350 casas, o las construcciones hechas en La Víbora o Río Real.
Ahora el documento está en exposición pública y su aprobación provisional está prevista para diciembre. Si todo sale según lo previsto y la Junta de Andalucía le da el visto bueno, Marbella tendrá en marzo de 2009 su primer PGOU legal desde el lejano año 1996.3.000 más. Al lado de Marbella, en Estepona, también hay casos de construcciones ilegales que se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el ayuntamiento. Es el asunto conocido como ´los campitos´, viviendas levantadas en suelo rústico, en principio como casas de aperos de labranza pero remodeladas, que además están en terrenos declarados como zona protegida por el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Junta. Sus propietarios, preocupados ante la posibilidad de tener que afrontar demoliciones, se han movilizado, pero no han podido evitar que se abran 400 expedientes de intervención. No obstante, el número total de ´campitos´ es de 3.000, y la intención de la corporación municipal es intentar legalizar la mayor parte posible en el PGOU que está en tramitación. Sin embargo, muchas de ellas tendrán que ser derribadas con total seguridad.Un caso parecido al de Estepona se da en Mijas, también en diseminados rurales como la zona de Valtocado. En este municipio hay entre 7.500 y 8.000 viviendas alegales y, lo que es más preocupante para los vecinos, 3.000 expedientes de demolición abiertos. La Junta de Andalucía ha aplicado la legalidad con fuerza y ha impuesto sanciones muy elevadas a quienes han construido en zonas rurales a sabiendas. Muchas familias se encuentran con verdaderos problemas para afrontar las multas y algunas han tomado ya la decisión de derribar por sí mismas las casas, ya que cuanto más tiempo pasa más sanción hay que pagar. Hay casos de familias que sólo tienen una vivienda, la ilegal, y se encuentran en situaciones que a veces llegan a ser desesperadas.
Otra zona ´delicada´ desde el punto de vista de la construcción ilegal es la Axarquía, donde se contabilizan unas 20.000 viviendas irregulares. No abundan en los grandes municipios, como Vélez, Nerja o Rincón, sino sobre todo en la zona de interior. Esta comarca está poco poblada en relación a su amplitud y tiene grandes extensiones de terrenos rurales en los que florecen las edificaciones fuera de ordenación. Rincón ya tiene aprobado su PGOU y adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), mientras que Vélez está en la recta final de la tramitación. Los casos de Nerja y Torrox van más lentos.Por último, en la comarca del Guadalhorce destaca Cártama, donde hay contabilizadas unas 3.500 viviendas ilegales o alegales. Es el municipio de la provincia en el que más demoliciones se han ejecutado por edificaciones irregulares en terrenos rústicos -y por tanto, no urbanizables-. Coín y Alhaurín de la Torre también presentan casos, pero son menos abundantes. Los PGOU están en distintas fases de tramitación y los ayuntamientos confían en dar un importante avance a lo largo de 2009.
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