Las peticiones de legalización registradas en los ayuntamientos son casi inexistentes un mes y medio después de que entrara en vigor la norma
Los propietarios de viviendas ilegales en la provincia se resisten a aceptar el decreto por no estar de acuerdo con las soluciones propuestas. :: A. P.
El decreto por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en Andalucía sigue sin convencer a los dueños de las más de 50.000 viviendas irregulares que se estima existen en la provincia de Málaga. Tanto es así que un mes y medio después de la entrada en vigor de la nueva normativa el número de solicitudes de regularización registradas en los ayuntamientos es casi inexistente.
En la comarca de la Axarquía, donde las viviendas y edificaciones ilegales rondan las 20.000, en la mayoría de los consistorios las peticiones de regularización se pueden contar con los dedos de una mano. En Vélez, con más de 3.000 construcciones irregulares, no llegan a diez.
Según el edil de Urbanismo de Alcaucín, Mario Blancke, donde el número de casas pendientes de regularizar alcanza las 1.800, solo dos propietarios han pedido su legalización. «Lo han hecho porque necesitan hacer obras para garantizar la seguridad de las viviendas. Si no fuese así, no lo habrían solicitado», asegura convencido el edil.
«En este municipio muchas de las casas se construyeron con licencia del Ayuntamiento, aunque estas no estuvieran de acuerdo con el planeamiento. Lo único a lo que pueden aspirar es a un reconocimiento como asimilado a fuera de ordenación, algo que en absoluto supone su legalización. Es normal que la gente no quiera renunciar a su licencia para ser asimilado, que lo que hace es dejarles como ilegal», explica Blancke, que aclara que aunque el decreto está en vigor desde el 1 de marzo, este no es aplicable todavía.
Según el concejal, la Junta debe aprobar aún las normas directoras con las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad que deberán cumplir los asentamientos, hábitats rurales diseminados y las casas irregulares aisladas, y que deben servir de orientación a los ayuntamientos para establecerlas en sus planes generales o, en ausencia de esta regulación, mediante ordenanzas municipales.
Para la presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI), María del Mar Vázquez, muchos propietarios no van a solicitar su regularización porque «no ven que el decreto les resuelva su problema. Dicho con mas claridad, no les legaliza sus casas».
Levantar la liebre
«La propia Junta de Andalucía cuando se aprobó el decreto en enero pasado reconocía que solo un 10% de las edificaciones podrán ser legalizadas, otro 10% seguirá siendo ilegal y el 80% restante solo podrá aspirar a su reconocimiento como asimilado a fuera de ordenación, una figura que conlleva su legalización. ¿Quién va a querer que le reconozcan una ilegalidad? Yo se lo diré: nadie. Quien se ha hecho una casa sin licencia y todavía no ha prescrito no va a levantar la liebre acudiendo al Ayuntamiento para pedir su regularización, cuando lo primero que van a hacer es incoarle un expediente de protección de la legalidad urbanística para restablecer el orden perturbado», declara Vázquez, partidaria de promover una iniciativa legislativa popular para modificar la LOUA y permitir la legalización de la viviendas.
Aunque el decreto es de aplicación inmediata, la Junta había calculado un periodo mínimo de tres meses desde su entrada en vigor para ver los primeros resultados de la nueva normativa en la provincia. Los ayuntamientos, sin embargo, consideran que este plazo se podría demorar bastante más, ya que hay muchas dudas sobre su aplicación.
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