Comarex finaliza el estudio de tráfico exigido por la Junta y el Ayuntamiento y abre el camino para impulsar la aprobación de construcción de los cuatro rascacielos.
Casi dos años después de que fuese presentado en público, poco se sabe del gran proyecto urbanístico que el Ayuntamiento de Málaga y la empresa Comarex pretenden ejecutar sobre los antiguos suelos de Repsol. La intervención diseñada sobre esta parcela, localizada junto a la Avenida Juan XXIII y del futuro bulevar sobre el soterramiento del AVE, sigue estancada a la espera de su tramitación ante la Comisión Provincial de Urbanismo, por la que, de momento, sigue sin pasar.El diseño previsto para este entorno, que pasará a convertirse en una nueva centralidad urbana, contempla la ejecución de grandes torres residenciales y de oficinas. En concreto, y tras varios cambios de forma y contenido, serán cuatro los rascacielos que se levantarán sobre esta parcela, con 99, 106, 113 y 168 metros de altura, respectivamente.
La actuación es fruto del convenio firmado el 21 de marzo de 2006 por Comarex y el Ayuntamiento de la ciudad. Según el acuerdo, la Gerencia de Urbanismo se comprometía a impulsar la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para triplicar la edificabilidad de este suelo, que pasará de 0,34, según el plan vigente, a uno, permitiendo a los nuevos propietarios de los terrenos edificar 930 viviendas de renta libre y unas 400 de protección oficial. A cambio de la intervención municipal, el documento fija una compensación económica a la ciudad de 82 millones de euros, de los que 21 millones tienen que ser ingresados conforme se produzca la aprobación definitiva de la modificación del PGOU y la parte restante, conforme se desarrollen los suelos. Este procedimiento se ajusta a las exigencias de la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que entró en vigor a finales de 2005 y que afecta de lleno a este acuerdo urbanístico.Fuentes de la empresa constructora justificaron la demora de la intervención en la elaboración de unos informes de tráfico exigidos por la Junta de Andalucía y por el Consistorio, que ya han sido finalizados. Este trabajo ha sido realizado por la empresa catalana Doymo Desarrollo, Organización y Movilidad. "Una vez acabado es el Ayuntamiento el que tiene que hacer lo conveniente", indicaron las fuentes. El paso que deberá dar no es otro que tramitar el expediente ante la Comisión Provincial de Urbanismo, cuya decisión no será vinculante, al tiempo que la iniciativa deberá disponer del aval del Consejo Consultivo de Andalucía. Será ese el momento en que se sabrá definitivamente si la aprobación definitiva de esta propuesta corresponde a la Junta de Andalucía, como sostiene la Administración autonómica, o no, como defiende el equipo de gobierno del PP. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, confirmó estos extremos y negó que exista problema alguno relacionado con esta intervención.
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