viernes, 1 de febrero de 2008

Julián Muñoz suma una nueva condena de seis meses de cárcel por el ´caso Incopromar' (La Opinión)

El ex alcalde marbellí y cinco concejales del GIL han sido condenados por conceder una licencia ilegal a la empresa del fallecido periodista Antonio Herrero
El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y cinco antiguos concejales del GIL han sido condenados a seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación por otro delito urbanístico, relativo a la concesión de una licencia ilegal para la construcción de un edificio de viviendas a la entidad Incopromar, propiedad en un 95 por ciento del periodista fallecido Antonio Herrero. El juzgado de lo Penal 8 de Málaga ha absuelto en la sentencia al ex asesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca, tal y como se acordó en el juicio, y al que fue asesor jurídico en el Ayuntamiento, José Luis Sierra. El fallo declara nula la licencia de obras por la cual se construyó un edificio de diez plantas con 68 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en la Avenida del Mar de Marbella. Tanto Muñoz como los concejales Rafael González, Manuel Calle, Mario Jiménez Notario, José Marino Pomares y María Luisa Alcalá han sido condenados por un delito de prevaricación urbanística. El edificio se levantó en una zona clasificada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1968 como suelo viario y destinado a uso público, y en el de 1986, como vial y zona verde. Además, la construcción superó los límites de altura máxima. Según la sentencia, los acusados, integrantes de la comisión de gobierno, concedieron en julio de 1997 la licencia de obras de acuerdo a la revisión del plan urbanístico que el propio equipo de gobierno del GIL elaboraba en ese momento.Este documento no había sido aprobado por la Junta de Andalucía, por lo que no tenía vigencia. Incluso al año siguiente se denegó por no adecuarse al ordenamiento urbanístico. La juez considera que los acusados sabían que la licencia de obras a Incopromar no se ajustaba a la legalidad. "Entendemos acreditado que se otorgó la licencia, al margen de cualquier planeamiento aplicable, según el convenio urbanístico pactado (...) y el criterio de la corporación".Los concejales alegaron en el juicio que ellos se limitaban a votar en las comisiones de gobierno, siguiendo las instrucciones del secretario del Ayuntamiento. Sin embargo, el juzgado estima que "conocían perfectamente" lo que aprobaban y "no pueden limitarse a votar según le digan, sino que su obligación es la de cerciorarse que sus decisiones se ajusten a la legalidad vigente". La sentencia señala que no puede entenderse que los concejales fueran personas totalmente ajenas al desarrollo normal de la actividad municipal e insiste en que eran conscientes de que la licencia no se ajustaba a la legalidad. Para la imposición de la pena, la juez ha tenido en cuenta la dilación del proceso judicial, de hace una década, aunque "hayan sido las propias partes las que han pretendido mantener la paralización del procedimiento". Sin demolición. El fallo no recoge la demolición del edificio de viviendas, pese a que la licencia se ha declarado nula. En este sentido, la juez estima que aunque la decisión del derribo "bien podría ser la forma de reestablecer el orden urbanístico perturbado, no es posible en el presente procedimiento puesto que no han sido llamados al caso los adquirientes de las viviendas". Julián Muñoz acumula su sexta condena por delito urbanístico, la cuarta con pena de prisión. Actualmente se encuentra cumpliendo condena en la cárcel por el caso urbanístico ´Moansa´. No obstante, tanto él como todos los antigos concejales del GIL implicados en causas de urbanismo están pendientes de las negociaciones entre la Fiscalía y sus defensas para condensar las penas. Por otro lado, el juicio que estaba previsto contra Muñoz y otros ediles para el lunes en el juzgado de lo Penal 7 se ha aplazado hasta el 24, 25, 28 y 29 de julio.

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