El sector de la construcción se une en plena crisis y reclama más obra pública a las administraciones (SUR)

Una plataforma exige a la Junta de Andalucía una legislación urbanística «clara» y que se agilice la aprobación de los PGOU. Caen a la mitad las casas visadas y alertan de que habrá más paro

MESA CONSTRUCCIÓN
Integrantes: Colegios Oficiales de Arquitectos, de Arquitectos Técnicos y Aparejadores y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y la Asociación Provincial de Constructores y Promotores.

Reuniones: Mantendrán una trimestralmente.

Representantes: De cada organismo habrá dos miembros y se crearán comisiones de trabajo.

En plena crisis económica, Málaga asistió ayer al nacimiento de la Mesa de la Construcción, emulando a las que ya existen en ciudades como Madrid, Sevilla o Córdoba. Este colectivo está formado por los colegios oficiales de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Aparejadores e Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Asociación Provincial de Constructores y Promotores (ACP), aunque está abierto a futuras adhesiones. En su primera comparecencia pública reclamaron a todas las administraciones (estatal, autonómica y local) «el mayor esfuerzo» para que liciten más obras públicas y contribuir así a compensar en parte la «grave» situación laboral por la que atraviesa el sector. Presentada como un foro de reflexión y análisis crítico, además de un canal para participar en la vida económica, técnica y social del sector y que sus análisis y planteamientos sean tenidos en cuenta por las instituciones, la Mesa de la Construcción exigió a la Junta de Andalucía una legislación urbanística «clara y concreta», que ordene el territorio en relación con los intereses generales de los ciudadanos, pero que no suponga inseguridad jurídica de las inversiones ni contribuya al estancamiento económico de Málaga.Una medida que, a su juicio y así se recoge en su primera declaración de intenciones expuesta por el decano del Colegio de Arquitectos, Francisco San Martín, debe ir acompañada de una agilización por parte de la Administración regional de las aprobaciones definitivas de los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU), aunque ello suponga «la revisión o modificación de alguna legislación urbanística». Y es que en una época «difícil» de la economía, el sector público y el privado deben poner de su parte. «No se entiende que la aprobación de los planes generales se haya convertido en una carrera de obstáculos en la actual situación», declaró.

Indicadores

Todos los indicadores que se conocen sobre el sector apuntan a un panorama más negro en los próximos meses en la provincia. El último dato lo apuntó el propio decano de los arquitectos ya que el número de viviendas visadas en los primeros meses de este año por este colegio se ha reducido en un 50%. Esto se traduce, según San Martín, en que durante 2009 se reducirá la cifra de obras en marcha. «El que no hace un proyecto básico no pide proyecto de ejecución y, por tanto, licencia», dijo.Esto, según el presidente de la ACP, José Prado, llevará aparejado el aumento del desempleo en la construcción (que ya viene subiendo en los últimos meses) y aunque no se atrevió a apuntar un número ni un porcentaje sí indicó que por cada vivienda que se deje de hacer en la provincia se perderán 2,3 puestos de trabajo. «La cosa se pondrá peor a final de año», dijo.La Mesa de la Construcción reivindicó el buen nombre de esta actividad económica y profesional que «últimamente se ha visto dañada por la actuación negativa de una minoría de empresarios y profesionales» que han perjudicado a la mayoría que hacen su trabajo con honradez y dignidad. Asimismo, se refirieron a las situaciones particulares de algunos municipios. En el caso de Marbella pidieron la recuperación de la seguridad jurídica y una solución para aquellas viviendas adquiridas por propietarios «de buena fe» y que no pueden obtener licencia de primera ocupación. Para Estepona, tras la operación 'Astapa' solicitaron tiempo para que el nuevo equipo de gobierno pueda reconducir las supuestas irregularidades de la gestión urbanística. En la capital reclamaron que tras el retraso en la aprobación provisional de la revisión del PGOU -que finalmente se producirá el 14 de agosto- el Ayuntamiento aplique el plan vigente de 1997 a los proyectos pendientes y a las nuevas licencias siempre que no afecten a los intereses generales.