El consejero de Vivienda, Juan Espadas, se muestra «satisfecho» por el acuerdo con el Ayuntamiento que permitirá adelantar de forma provisional la ejecución del PGOU. Promotores y comerciantes aplauden la medida para «reactivar» la economía de la ciudad
LA MOCIÓN
La moción que hoy presentará el equipo de Gobierno para su aprobación en el pleno municipal contempla las siguientes premisas:Licencias de apertura o primera ocupación en edificios que contravengan el PGOU de 1986: Están condicionadas a su inscripción registral. Los afectados deberán unir a la solicitud su renuncia expresa a cualquier indemnización en el caso de que el PGOU definitivo no ampare su viabilidad jurídica. Hasta su aprobación, mantendrán su carácter «precario». En el caso de primera ocupación, los promotores deberán avalar la compensación que recoge el PGOU. Licencias de apertura o de primera ocupación en edificaciones fuera del ordenamiento que han prescrito: Se concederá la licencia y las obras de reforma siempre que su uso no contradiga el Plan.
El consenso en empezar a otorgar licencias de apertura y primera es absoluto. Pocas veces una decisión política ha arrastrado tantos adeptos. Promotores, comerciantes, vecinos, partidos e instituciones alaban la «valentía» del Ayuntamiento de Marbella de conceder licencias en base a un plan urbanístico que podría aprobarse de forma provisional en septiembre y de manera definitiva en los primeros meses del próximo año. La mayor garantía es el aval de la Junta de Andalucía que, a la postre, será quien dé luz verde al PGOU. Las declaraciones efectuadas ayer en Sevilla por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, daban el espaldarazo definitivo a la iniciativa y demostraba la buena sintonía entre ambas instituciones. Espadas se mostró «muy satisfecho» con el trabajo realizado por el Ayuntamiento hasta el punto de calificar de «jurídicamente impecable» las condiciones de ese «plan de transición» que permitirá regularizar 18.407 viviendas de las 30.000 ilegales que quedaron fuera del Plan de Ordenación de 1986 actualmente en vigor además de amparar a 600 comerciantes en situación de alegalidad. Las alabanzas del consejero son lógicas teniendo en cuenta que el documento que hoy se presentará en pleno para su debate y posterior aprobación ha sido fruto de intensas negociaciones entre Ayuntamiento y Junta que, durante meses, han dejado al margen el distinto color político de sus dirigentes por un bien común: la economía. No en vano, Marbella es una de las principales fuentes de ingresos de la provincia y de la comunidad autónoma, ingresos que estaban mermando como consecuencia de la paralización del PGOU que tiene al Ayuntamiento atado de pies y manos en urbanismo, su gallina de los huevos de oro junto al sector turístico. Espadas llegó incluso a poner fechas a la aprobación definitiva del PGOU marbellí anunciando que podría estar listo para finales de este año. De paso mandó un «mensaje» al líder el PA andaluz, Javier Arenas, asegurándole que la Junta sí sabe «priorizar lo importante». Y Marbella lo es. El PSOE fue más comedido a la hora de valorar el anuncio de la concesión de licencias que el miércoles realizaba la alcaldesa, Ángeles Muñoz. La portavoz socialista, Susana Radío, ha exigido un informe técnico a los servicios jurídicos municipales que «garantice» la legalidad de las medidas que contempla el acuerdo «para que no haya sorpresas de última hora» con la aprobación definitiva del PGOU.
IU, en contra
Tanto Radío como Enrique Monterroso, portavoz del grupo municipal de IU, se abstuvieron ayer en la votación de la comisión informativa extraordinaria para la ejecución anticipada del plan. Monterroso llegó a anunciar que hoy votará en contra por tratarse de «un acuerdo por debajo de la mesa con la Junta de Andalucía para bendecir todas las ilegalidades».Los promotores, por su parte, no caben en sí de gozo. «Es una de las noticias urbanísticas más importantes desde hace mucho tiempo; nos da mucha alegría, es una medida que contenta a todos porque por primera vez empiezan a verse soluciones», apuntó ayer José Prados, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. La noticia no les ha caído por sorpresa. Prado reconoce haber mantenido «conversaciones» con la alcaldesa y el consejero para que todas las partes implicadas estén satisfechas de la solución final. «Los promotores tienen ahora un mayor margen de maniobra porque pueden entregar legalmente los pisos a sus dueños; y éstos, pueden realizar por fin la escritura, subrogar la hipoteca con su entidad bancaria y tener legalmente el suministro de agua y de luz en sus viviendas. Hasta los bancos salen ganando».
Provisional
Para el representante de los promotores malagueños no se trata de una medida de carácter provisional porque, según apuntó, «no habrá ninguna institución que se oponga a los términos del documento porque a ninguna le interesa. Esta decisión beneficia a todos». La recién constituida Mesa de la Construcción, en la que participan los colegios oficiales de Arquitectos, Aparejadores, Ingenieros y la propia Asociación de Promotores, también dio el visto bueno a la iniciativa, recordando la importancia de «recuperar la seguridad jurídica».La medida no sólo beneficiará a promotores y compradores de inmuebles que quedaron fuera del plan de ordenamiento de 1986, aún vigente. También permitirá regularizar la situación de unos 600 comercios -concretamente 587- que desde hace años piden a gritos una licencia de apertura o de obras para efectuar reformas en el local. En algunos casos, como apunta Miguel Gómez Molina, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella, superan los diez años de espera. A partir del próximo lunes podrán solicitar nuevamente la licencia con la confianza de que, en esta ocasión, les será concedida. Sólo hay un pequeño requisito: los beneficiarios deberán adjuntar junto a la solicitud su renuncia expresa a cualquier tipo de indemnización que pudiera pertenecerles en caso de finalmente el PGOU no ampare la viabilidad jurídica del edificio en cuestión. Algo que, en principio, no debería pasar.
Una vieja reivindicación
Gómez ha acogido con los brazos abiertos la concesión de licencias en base a la redacción provisional del plan. «Va a impulsar la economía local y las arcas municipales», comenta. «Es una demanda largamente acariciada por los empresarios que no pueden trabajar en precario pero, sobre todo, supone volver a la normalidad». Él también está convencido de las garantías jurídicas del proyecto. «Siempre queda la duda de que pueda haber cambios en la aprobación definitiva del PGOU, pero cuando el Ayuntamiento y sus servicios jurídicos han tomado esta decisión es porque hay consenso». Hasta los abogados marbellíes están satisfechos. «Nuestros clientes están muy contentos porque llevan años pleiteando para conseguir la legalidad», comenta Alejandro Criado, miembro de la Sección de Seguimiento del PGOU del Colegio de Abogados en Marbella. Una solución que Criado calificó de «flexible» sin olvidar, dijo, que «fue la gestora quien puso el germen».
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