Un juzgado de Estepona lo vincula a una causa urbanística por una denuncia contra su jefe de gabinete
11.12.2009 -
Prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir el delito. Estos son los dos presuntos delitos que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Estepona imputa al alcalde socialista de la localidad, David Valadez. Según precisaron ayer a este periódico fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la causa investigada hay otras dos personas imputadas, de las que hasta el momento se desconocen más datos. Las mismas fuentes no han precisado los hechos que provocaron el inicio de la instrucción que lleva a cabo este juzgado.
El regidor accedió a la Alcaldía en julio de 2008 tras denunciar la presunta trama de corrupción municipal conocida como 'caso Astapa'. Cuatro meses después, el 2 de diciembre de 2008, el entonces concejal del PES, Juan Manuel Rodríguez, (en la actualidad es edil no adscrito) denunció ante la Fiscalía de Marbella una presunta irregularidad urbanística contra el actual jefe de gabinete de Alcaldía, Luciano Sánchez, por la construcción de una vivienda sobre suelo rústico.
La parcela, de 5.000 metros cuadrados de extensión, cuenta con un inmueble compuesto de una sola planta, que ocupa unos 115 metros cuadrados. En marzo de 2007, Sánchez elevó a público -ante notario- la declaración de obra nueva ejecutada sobre dicho terreno. Para poder otorgar escritura pública de obra nueva, hizo constar que la edificación tenían más de cinco años de antigüedad y aportó una certificación expedida por un arquitecto técnico, que fue visada en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Sin embargo, una ortofoto realizada en septiembre de 2004 por técnicos del Instituto de Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Fomento, reveló que sobre la parcela no había vivienda alguna.
El asunto levantó las críticas entre los miembros de la oposición municipal. La concejala no adscrita Marisa Rodríguez solicitó en varios plenos ordinarios el cese del jefe de gabinete de Alcaldía por la supuesta irregularidad cometida. Tras conocer los hechos, el regidor ordenó la apertura de un expediente disciplinario, que lleva el número 537/08.
Una multa de 157.415 euros
En la documentación incluida en este procedimiento, los técnicos municipales ponen de manifiesto que la vivienda, que se ubica en la zona de la Loma de la Pontezuela, se levantó sobre terreno clasificado como no urbanizable y de interés ambiental en el actual planeamiento. Los informes señalan además que la obra se realizó sin licencia municipal.
Según los técnicos municipales que han participado en la elaboración del expediente, la infracción cometida por el cargo de confianza de Valadez está considerada como «muy grave» en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Por ello, se dictó una orden de derribo de la construcción para reponer el daño causado, tras considerarse imposible la legalización.
Y más. Los hechos provocaron la imposición de una sanción económica que asciende a 157.415 euros; esto es, el 250% del valor de tasación de la obra. Otro de los aspectos que aclaran los técnicos municipales es la fecha en la que se construye la edificación. La documentación que se incluye en el expediente disciplinario tumba el argumento esgrimido por el jefe de gabinete de Alcaldía sobre la antigüedad de la vivienda. Así, los informes municipales señalan que ésta no existía hasta 2005.
Por los medios
El alcalde se enteró por los medios de comunicación de su imputación en la causa que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Estepona. De hecho, según fuentes judiciales, un problema impidió que el primer edil recibiera la notificación, que hoy se le comunicará. «No es el procedimiento correcto», reprochó Valadez. Hasta último momento, el alcalde negó su implicación en estos hechos y aseguró estar «muy tranquilo» porque, según dijo, ha actuado «con absoluta diligencia» en este expediente. Con este argumento sostuvo que es «imposible» que se le impute un delito de omisión del deber de perseguir el delito.
«En el tiempo que llevo ostentando la máxima responsabilidad en este Ayuntamiento, jamás se ha requerido información alguna respecto a este expediente por parte de juzgado alguno», dijo Valadez. El alcalde recordó además que el Ayuntamiento firmó un acuerdo con la Junta de Andalucía en materia de disciplina urbanística para que se normalizara la situación de «un número importante y considerable» de viviendas que se encuentran en una situación similar al caso denunciado ante la fiscalía.
El municipio esteponero cuenta con más de 5.000 construcciones en suelo no urbanizable conocidas popularmente como 'campitos'. El juzgado que instruye el 'caso Astapa' requirió al Consistorio en septiembre de 2008 todos los expedientes de disciplina urbanística que existían hasta la fecha en las dependencias municipales. En total, más de 2.000 asuntos. La mayoría de ellos están relacionados con la construcción de casas en zonas rurales.
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