La detención, hoy, de trece personas, entre ellas el alcalde de Alcaucín, en relación con posibles delitos de corrupción urbanística en la sierra de la Axarquía, se suma a las operaciones de este tipo llevadas a cabo en los últimos años en la provincia de Málaga, entre las que destacan las siguientes:
OPERACIÓN MALAYA (Marbella)
En ella se investiga una presunta trama de corrupción urbanística y municipal descubierta en el municipio de Marbella. Supuso la disolución del Ayuntamiento en abril de 2006 y la asunción de competencias, incluidas las urbanísticas, por parte de una gestora.
Cerca de un centenar de personas están procesadas -entre ellas, el ex alcalde Julián Muñoz y el cerebro de la trama y ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, el único que permanece en prisión-, más de mil cuentas fueron bloqueadas y bienes valorados en unos 3.000 millones de euros fueron intervenidos.
OPERACIÓN TROYA (Alhaurín El Grande)
El 18 de enero de 2007 fueron detenidos el alcalde de Alhaurín El Grande, Juan Martín Serón (PP) -quien sigue en el cargo- y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, y en fases posteriores otras veintidós personas, entre ellas el asesor jurídico del Ayuntamiento y el arquitecto municipal.
En la causa se indaga la presunta comisión de los delitos de cohecho y prevaricación urbanística a través de los que, mediante acuerdos de pago a autoridades del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, se habrían obtenido licencias de obras no ajustadas a la normativa urbanística.
OPERACIÓN ASTAPA (Estepona)
En el "caso Astapa", operación policial y judicial contra la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona iniciada el 17 de junio del 2008, fueron detenidos el entonces alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), varios ediles de la Corporación y empresarios.
Hasta el momento, la operación suma 63 imputados por distintos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de dinero. De ellos, cuarenta están en libertad sin fianza y veintitrés en libertad con fianza, entre estos Barrientos y seis ediles, dos de ellos del PES y cuatro concejales expulsados del PSOE y que ahora forman parte del grupo de no adscritos.
GAUCÍN
La Fiscalía denunció al alcalde Francisco Corbacho Román (PA) y cuatro concejales por la realización y desarrollo de un convenio entre junio de 2004 y febrero de 2005 contrario a la norma urbanística y pidió la paralización de la obra.
En diciembre de 2007 la Audiencia Provincial de Málaga condenó a Corbacho a veintiún meses de suspensión de empleo y cargo público y a siete años de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación.
MANILVA
El 22 de enero de 2007 el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella sobreseyó la causa abierta contra nueve ediles que integraban el equipo de gobierno de Manilva en 2003 por un convenio que permitió aumentar el valor y la edificabilidad de unos terrenos.
En el auto el juez levantó la imputación a estos concejales al considerar que no existían "indicios suficientes de criminalidad" y que ellos no conocían la ilegalidad de su decisión al ratificar el convenio relativo a la finca "La Parrada" el 28 de noviembre de 2003, sino que siguieron "las consignas" del entonces alcalde, Pedro Tirado, máxima autoridad del Partido Democrático de Manilva (PDEM).
Tirado estuvo preso más de dos meses en la cárcel de Alhaurín de la Torre en 2005 tras su detención en el marco de la operación "Ballena Blanca" contra el blanqueo de capitales.
CÓMPETA
El ex alcalde de Cómpeta, Leovigildo López (PP), fue condenado el 23 de marzo de 2008 a siete años de inhabilitación para empleo y cargo público y a doce meses de multa por un delito de prevaricación urbanística por el Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga.
En la sentencia se consideró probado que el acusado concedió en junio de 2001 una licencia de obras para el movimiento de tierra y carril para realizar una construcción de nueva planta en un suelo calificado como no urbanizable.
TOLOX
La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga denunció en mayo de 2006 al alcalde, Juan Vera (PA), al arquitecto municipal y a la secretaria del Ayuntamiento por permitir la construcción de 2.000 viviendas en suelo no urbanizable entre 2004 y 2006.
La denuncia fue ampliada posteriormente y el juzgado de Coín ordenó la paralización cautelar de las obras de más de 400 viviendas, cuya construcción no había empezado aún en la mayoría de los casos. La Fiscalía acusó a Vera en marzo de 2008 de veintitrés delitos urbanísticos y pidió dos años de cárcel para él en catorce procedimientos y un año de prisión en nueve.
OJÉN
El 6 de marzo de 2007, la Fiscalía pidió un año de cárcel y doce de inhabilitación para el ex alcalde de Ojén, Francisco Manuel Vázquez (PSOE), por delito urbanístico, al conceder dos licencias para sendas viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, causa por la que también fueron imputados cuatro ex concejales como autores de un delito contra la ordenación del territorio.
La petición del fiscal se produjo después de que la Audiencia de Málaga anulara por un defecto de forma el procedimiento penal por el que Vázquez fue condenado en 2002 a dos años de cárcel y a dieciocho de inhabilitación, uno de los concejales a un año y los otros tres a seis meses.
RONDA
El 23 de marzo de 2007, la Fiscalía de Medio Ambiente, tras una denuncia de IU, comenzó a investigar un delito contra la ordenación del territorio y otro contra los recursos naturales en el macroproyecto urbanístico de los Merinos de Ronda, promovido por la empresa catalana Copisa, en el entorno de la Sierra de la Nieves. En octubre la Fiscalía trasladó la denuncia al juzgado decano de Ronda.
Este partido acusaba al alcalde, Antonio Marín Lara (PA), de cometer "un fraude de ley" al aprobar el proyecto, por realizar una transformación de suelo mayor al permitido y no contar con los requisitos medioambientales perceptivos. En enero de 2008 el proyecto fue rediseñado para
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