Los agentes de la Guardia Civil han tomado fotografías y han analizado planos y documentación de las parcelas bajo sospecha.
Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil encontraron un hilo del que tirar. En sus inspecciones rutinarias, observaron construcciones aparentemente ilegales en el término municipal de Alcaucín.
Esos primeros expedientes por supuestas infracciones urbanísticas se han convertido en el punto de partida de la 'operación Arcos', una investigación mucho más amplia que se ha desarrollado durante los últimos ocho meses, y en la que han participado guardias civiles de tres unidades diferentes.
En ese periodo, los agentes han recopilado documentación sobre al menos cuatro promociones de casas y decenas de viviendas aisladas que están bajo sospecha por supuestas irregularidades urbanísticas, según explicaron a este periódico fuentes cercanas al caso.
Los investigadores empezaron a trabajar sobre la base de estas urbanizaciones y viviendas. El trabajo de campo consistió en la toma de fotografías y el análisis de planos y documentos de estas propiedades. La segunda parte fue la investigación patrimonial y los pinchazos telefónicos, que dieron cuerpo a las imputaciones que actualmente pesan sobre ellos.
En dinero y en especie
Según informó ayer la Guardia Civil, los promotores implicados en la trama presuntamente pagaron compensaciones en «dinero y en especie» a los cargos públicos implicados, que habrían consentido tales irregularidades.
No en vano, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Seprona imputan varios delitos de cohecho a los acusados, entre los que se encuentra el alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, detenido ayer junto a sus dos hijas y a otras diez personas.
Fuentes cercanas al caso explicaron que se investiga el supuesto pago de cantidades de dinero y la posible entrega de viviendas o parcelas a cambio de favores urbanísticos.
Pero los investigadores han ido un poco más allá. Para ellos, los cargos públicos no sólo hacían la vista gorda, sino que además «encubrían e incluso impulsaban» los presuntos desmanes urbanísticos en Alcaucín.
Posteriormente, según la Guardia Civil, trataban de legalizar las viviendas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados. Con ello, se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.
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