El dueño de La Cañada tiene la compensación de suelo más elevada (Málaga Hoy)

Las irregularidades urbanísticas cometidas en la ampliación del centro comercial La Cañada de Marbella le costarán a su propietario, Tomás Olivo, la cesión al municipio de 260.000 metros cuadrados de suelo para una zona verde. El presidente de General de Galerías Comerciales, uno de los empresarios imputados en el caso Malaya por presunto cohecho, no es el promotor con más número de compensaciones previstas en el nuevo Plan General de Ordenación (PGOU), pero sí el que debe reparar su mala actuación con una superficie más elevada.
El delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, informó ayer de esta cesión de suelo tras recordar los 1,8 millones de metros cuadrados con que compensarán a Marbella los empresarios que han construido al margen de la legalidad en los años de gobierno del GIL. Según dijo, el terreno cedido por Olivo contribuirá a la creación de un auténtico "pulmón" alrededor de uno de los centros comerciales más grandes de Andalucía.
Las referencias a la revisión del PGOU se produjeron tras la reunión celebrada para avanzar en la declaración de impacto ambiental del documento urbanístico que normalizará Marbella. La edil de Urbanismo, Alba Echevarría, entregó a Medio Ambiente el plan aprobado inicialmente en Pleno el pasado 19 de julio con el objetivo de culminar cuanto antes la declaración previa de impacto ambiental, que podría estar lista en un par de meses, mientras se cumple el periodo de información pública.
Echevarría se reunió con Trillo, con el director de la Oficina del PGOU, José María Ruiz Povedano, y con varios técnicos del Ayuntamiento, la Junta y del equipo redactor. Tras el encuentro explicaron que la intención es agilizar los trámites lo más posible y que el documento pueda estar culminado antes del verano de 2008.
La Junta y el Ayuntamiento también acordaron ayer mantener un encuentro técnico-jurídico dentro de un mes para "limar asperezas" sobre las discrepancias surgidas alrededor de la revisión de 561 licencias irregulares, trámite que el gobierno municipal quiere obviar.