El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, tiene previsto reunirse el próximo lunes con los representantes de la Asociación de Empresarios de Polígonos de Málaga (Apoma) para tratar sobre el proyecto del Centro de Inserción Social que el Gobierno central quiere construir en el polígono Guadalhorce y que ha provocado la inquietud entre los profesionales de la zona.
Según informó ayer el Ayuntamiento, los empresarios han detectado movimientos de tierras en la parcela sobre la que la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos proyecta la implantación de este equipamiento, motivo por el que han solicitado el encuentro con el regidor.
Junto a De la Torre, a la reunión asistirán los concejales de Urbanismo, Manuel Díaz, y de Polígonos, Manuel Marmolejo. Este asunto ha provocado ciertas diferencias entre el equipo de gobierno y la Administración estatal, en relación a la propiedad de los terrenos en los que se asentará el centro de inserción. Hasta el punto de que en el último Consejo de Urbanismo, el equipo de gobierno aprobó una iniciativa por la que pasaba a inscribir en el patrimonio municipal los más de 400.000 metros cuadrados del polígono Guadalhorce, incluyendo la parcela de la nueva cárcel.
Y todo ello después de que el Ministerio del Interior adjudicase a la empresa Comsa los trabajos de construcción de este equipamiento, por un montante de once millones de euros. De acuerdo con el contrato, la adjudicataria de las obras dispone de doce meses para ejecutar el centro, que dispondrá de doscientas celdas para reclusos en régimen abierto. Estos presos cumplen en estos momentos su pena en la antigua prisión de Málaga, situada en Cruz de Humilladero.
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