Las diez localidades más populosas del litoral se oponen a un eventual traslado y ponen el acento en sus consecuencias económicas, especialmente para los empleados. Aseguran que carecen de espacio en los paseos marítimos y no pueden alojar allí los establecimientos
LUCAS MARTÍN. MÁLAGA La respuesta ha sido rápida y unánime. La totalidad de los municipios del litoral de la provincia, con independencia de su adscripción política, está en contra de la reubicación de los chiringuitos y exige flexibilidad en la aplicación de la Ley de Costas.
Las declaraciones del secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, que el pasado lunes apostó por el cumplimiento estricto de la normativa, no parecen haber conmovido a los ayuntamientos, ni siquiera a aquellos gobernados por el PSOE. Todos continúan defendiendo el mantenimiento de los establecimientos a pie de orilla y aluden a argumentos que van desde la tradición hasta la pérdida de puestos de trabajo y la incertidumbre laboral que, de acuerdo con su opinión, impera en el sector en estos momentos.
Uno de los puntos comunes a muchas localidades, en función de las declaraciones de sus representantes, es la falta de espacio en los paseos marítimos para albergar este tipo de construcciones. No obstante, también existen variantes. Tanto en el plano valorativo como en la situación particular del sector en cada municipio.
En el caso de Málaga, por ejemplo, la polémica únicamente afecta a los emplazados en las playas de Guadalmar, La Caleta y La Malagueta. El resto aún cuenta con autorización en vigencia, que se prolongará los próximos doce años. Según la edil del área, Teresa Porras, la aplicación de la ley no debería comportar problemas, ya que ha sido consensuada con Costas en lo que respecta a ajustes y ubicaciones. "Ellos dijeron dónde tienen que ir y estamos pendientes de que lo firmen desde el año 2004", señala.
Más difícil se plantea la situación en Torremolinos, donde la normativa se considera, en palabras de su alcalde, Pedro Fernández Montes, una auténtica "barbaridad" y "un nuevo ataque" a la Costa del Sol. El regidor asevera que la ley va en contra de los propios actos de la Administración, ya que los chiringuitos recibieron autorización después de la aprobación de la normativa.
Una opinión que, si bien se sitúa lejos de las impresiones de la oposición, comulga en la valoración global del asunto. El PSOE local incide en que la aplicación de la ley supondría la pérdida de cientos de empleos y precisa que fuera de la arena no queda sitio para futuros emplazamientos.
En desacuerdo. En Benalmádena, el Ayuntamiento también se alinea con los postulados de los empresarios de playas. Su alcalde, Javier Carnero, subraya que la norma no tiene en cuenta la idiosincrasia de este tipo de negocios, a pesar de que la localidad no cuenta con ningún chiringuito implicado en la controversia.
No muy lejos de allí, en Fuengirola, su alcaldesa, Esperanza Oña, expone una visión radicalmente opuesta a los planteamientos de Costas. Para la regidora, la reubicación de los chiringuitos se traduciría en la eliminación de los paseos marítimos y en consecuencias calamitosas para su economía.
Su homólogo más cercano, Antonio Sánchez, de Mijas, también respalda la causa de los chiringuitos y apuesta por una solución dialogada. En Marbella, donde el 98 por ciento de los establecimientos dispone de licencias caducadas, la opinión municipal se sitúa en las antípodas de la Administración. El concejal de Medio Ambiente, Antonio Espada, asevera que su corporación no está de acuerdo en la desaparición de los chiringuitos de la arena de las playas e insiste en que la ubicación fuera de ella es casi irrealizable.
Estepona, por su parte, mantiene una opinión similar a la de Marbella y recuerda que la normativa, si no se introducen modificaciones, supondrá la reubicación de 9 de sus 21 chiringuitos. En este caso, se agrega la peculiaridad del ´caso Astapa´, que paralizó la firma de los contratos de los establecimientos que ya estaban legalmente adjudicados.
En el litoral oriental de la provincia, tampoco se registran aplausos hacia la normativa. José Pérez, edil de Playas en Torrox, municipio que cuenta con nueve chiringuitos instalados en el paseo marítimo y once sobre la arena, asegura que se trata de una imposición que va en contra de los intereses turísticos. Nerja es la excepción, con apenas unas doce familias afectadas. En Rincón de la Victoria, su concejal, Rita Jordá, tilda la actitud de Costas de "radical" y defiende el diálogo, al igual que Antonio López, concejal de Vélez, también contrario al traslado.
Información de p. sánchez, n. andrade, f. extremera, m. albarral, c. fernández e i. guerrero
LUCAS MARTÍN. MÁLAGA La respuesta ha sido rápida y unánime. La totalidad de los municipios del litoral de la provincia, con independencia de su adscripción política, está en contra de la reubicación de los chiringuitos y exige flexibilidad en la aplicación de la Ley de Costas.
Las declaraciones del secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, que el pasado lunes apostó por el cumplimiento estricto de la normativa, no parecen haber conmovido a los ayuntamientos, ni siquiera a aquellos gobernados por el PSOE. Todos continúan defendiendo el mantenimiento de los establecimientos a pie de orilla y aluden a argumentos que van desde la tradición hasta la pérdida de puestos de trabajo y la incertidumbre laboral que, de acuerdo con su opinión, impera en el sector en estos momentos.
Uno de los puntos comunes a muchas localidades, en función de las declaraciones de sus representantes, es la falta de espacio en los paseos marítimos para albergar este tipo de construcciones. No obstante, también existen variantes. Tanto en el plano valorativo como en la situación particular del sector en cada municipio.
En el caso de Málaga, por ejemplo, la polémica únicamente afecta a los emplazados en las playas de Guadalmar, La Caleta y La Malagueta. El resto aún cuenta con autorización en vigencia, que se prolongará los próximos doce años. Según la edil del área, Teresa Porras, la aplicación de la ley no debería comportar problemas, ya que ha sido consensuada con Costas en lo que respecta a ajustes y ubicaciones. "Ellos dijeron dónde tienen que ir y estamos pendientes de que lo firmen desde el año 2004", señala.
Más difícil se plantea la situación en Torremolinos, donde la normativa se considera, en palabras de su alcalde, Pedro Fernández Montes, una auténtica "barbaridad" y "un nuevo ataque" a la Costa del Sol. El regidor asevera que la ley va en contra de los propios actos de la Administración, ya que los chiringuitos recibieron autorización después de la aprobación de la normativa.
Una opinión que, si bien se sitúa lejos de las impresiones de la oposición, comulga en la valoración global del asunto. El PSOE local incide en que la aplicación de la ley supondría la pérdida de cientos de empleos y precisa que fuera de la arena no queda sitio para futuros emplazamientos.
En desacuerdo. En Benalmádena, el Ayuntamiento también se alinea con los postulados de los empresarios de playas. Su alcalde, Javier Carnero, subraya que la norma no tiene en cuenta la idiosincrasia de este tipo de negocios, a pesar de que la localidad no cuenta con ningún chiringuito implicado en la controversia.
No muy lejos de allí, en Fuengirola, su alcaldesa, Esperanza Oña, expone una visión radicalmente opuesta a los planteamientos de Costas. Para la regidora, la reubicación de los chiringuitos se traduciría en la eliminación de los paseos marítimos y en consecuencias calamitosas para su economía.
Su homólogo más cercano, Antonio Sánchez, de Mijas, también respalda la causa de los chiringuitos y apuesta por una solución dialogada. En Marbella, donde el 98 por ciento de los establecimientos dispone de licencias caducadas, la opinión municipal se sitúa en las antípodas de la Administración. El concejal de Medio Ambiente, Antonio Espada, asevera que su corporación no está de acuerdo en la desaparición de los chiringuitos de la arena de las playas e insiste en que la ubicación fuera de ella es casi irrealizable.
Estepona, por su parte, mantiene una opinión similar a la de Marbella y recuerda que la normativa, si no se introducen modificaciones, supondrá la reubicación de 9 de sus 21 chiringuitos. En este caso, se agrega la peculiaridad del ´caso Astapa´, que paralizó la firma de los contratos de los establecimientos que ya estaban legalmente adjudicados.
En el litoral oriental de la provincia, tampoco se registran aplausos hacia la normativa. José Pérez, edil de Playas en Torrox, municipio que cuenta con nueve chiringuitos instalados en el paseo marítimo y once sobre la arena, asegura que se trata de una imposición que va en contra de los intereses turísticos. Nerja es la excepción, con apenas unas doce familias afectadas. En Rincón de la Victoria, su concejal, Rita Jordá, tilda la actitud de Costas de "radical" y defiende el diálogo, al igual que Antonio López, concejal de Vélez, también contrario al traslado.
Información de p. sánchez, n. andrade, f. extremera, m. albarral, c. fernández e i. guerrero
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