La escasez de espacio por la proximidad de edificios hace imposible el traslado en casi toda la línea costera La ley prevé que cuando sea inviable el desplazamiento de estos negocios se queden donde están
La realidad es tozuda. Más allá de los dictados de la Ley de Costas, el litoral malagueño es el que es. La aglomeración urbanística llega en numerosas ocasiones casi hasta el pie mismo del paseo marítimo, con la frontera que marca la carretera nacional 340. Los paseos marítimos se limitan en muchos puntos a una estrecha avenida peatonal, atrapada entre la propia playa y la calzada, en la que sería imposible reubicar un chiringuito, por más que se quieran limitar sus dimensiones.
Pero además, el reglamento general de la Ley de Costas, de diciembre de 1989, que desarrolla la norma, en su artículo 60 permite la ocupación del dominio publico marítimo-terrestre -cien metros medidos desde la ribera del mar- «para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación» (artículo 32.1 de la Ley de Costas).
En su apartado B, cita textualmente que las instalaciones a que se refiere el punto anterior son «las de servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio».
Estos son, junto con la singularidad turística, los principales argumentos de los empresarios de playas, los ayuntamientos y de partidos como el PSOE y el PP ante la exigencia de un traslado de estas instalaciones a los paseos marítimos, posición que mantiene el Ministerio de Medio Ambiente, y que quedó patente de nuevo el lunes, tras la visita a Málaga del secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro.
Espacio saturado
Un breve recorrido por las playas de La Malagueta y La Caleta, en la capital, ilustra esta circunstancia. Los paseos marítimos Pablo Ruiz Picasso y Ciudad de Melilla tienen apenas unos metros de anchura, y están limitados por edificaciones como la residencia militar y el Club Mediterráneo; o, directamente, por la carretera, en la zona más cercana al palacio Miramar. En este espacio existen una decena de negocios que no tendrían posibilidades de reubicación en caso de que se prohibiera su permanencia sobre la arena. La incertidumbre y la carencia de concesiones bloquea la reforma de estos negocios, que se encuentran en una situación precaria.
Se produce además un agravio comparativo, puesto que en el mismo término municipal los negocios de La Misericordia están completamente renovados y tienen sus papeles en regla.
En el resto de la provincia la situación no es muy diferente. Sacar de la arena a los chiringuitos de Marbella, como pretende Medio Ambiente, es misión imposible. No queda ni un metro cuadrado sin urbanizar, sin mencionar la masificación del paseo marítimo. Las zonas de mayor concentración serían precisamente los paseos marítimos de Marbella y San Pedro Alcántara. En el primero, el mayor número se concentra desde el centro hasta la Milla de Oro, y de allí hasta Cabopino, donde las viviendas están construidas prácticamente en primera línea de playa.
A partir del núcleo urbano de Las Chapas hay menos establecimientos asentados en la arena pero la posibilidad de retroceder también es complicada. Habría que recurrir a la expropiación. Antonio Espada, concejal de Medio Ambiente, defendió ayer la situación en la que se encuentran los 61 establecimientos de este tipo que existen en el litoral marbellí, 33 de ellos ubicados en dominio público marítimo-terrestre, once pendientes de su incorporación -amparados por una disposición transitoria de la nueva Ley de Costas- y otros 17 en terreno municipal. A su juicio, el traslado sería un «disparate».
Trabas legales
De igual modo, salir de la zona de dominio público es una misión casi imposible en Estepona, que cuenta con 31 chiringuitos. La falta de espacio en los paseos marítimos, unida a la proliferación de construcciones casi en primera línea de playa dificulta la reubicación de estos establecimientos. Los problemas se acentúan para los situados en la playa de La Rada, junto al casco histórico, donde el paseo marítimo apenas tiene superficie.
De hecho, el acuerdo inicial de Costas con el Ayuntamiento contemplaba crear plataformas elevadas y adosadas al paseo marítimo para poder acoger a estos establecimientos. Sin embargo, el 'caso Astapa' dejó en punto muerto este proceso, que según el fiscal, se produjo de forma irregular. Casi un año después de que se iniciara la operación contra la presunta corrupción, el Ayuntamiento va a retomar el concurso para adjudicar las cinco instalaciones que todavía no tenían concesionario o que sus adjudicatarios no formalizaron el contrato con el Consistorio.
La problemática tampoco escapa a los municipios de la Costa occidental. En Benalmádena, la salida de los chiringuitos de la arena resulta una tarea compleja dado el escaso margen de maniobra que dejan las construcciones colindantes al paseo marítimo y la N-340.
Más complicado aún sería en Fuengirola, un municipio donde precisamente no sobra el espacio, como lo ponen de manifiesto los reparos que Costas está poniendo a la renovación de la zona de Carvajal, donde la recuperación del dominio público que plantean obligaría a demoler parte de las propiedades de una quincena de comunidades y de un hotel.
Una situación similar se da en Torremolinos, donde precisamente ahora se está llevando a cabo una remodelación del paseo marítimo a la altura del Bajondillo. Donde se verían menos establecimientos afectados es en Mijas, si bien la anchura del paseo marítimo de La Cala tampoco daría mucho juego.
Ya en la Axarquía, en puntos como Torre del Mar, donde existen una veintena, la mayoría está en la arena, aunque algunos se ubican sobre el paseo marítimo, que tiene más de cincuenta metros de ancho, por lo que es uno de los pocos de la provincia que tendría espacio para dar cabida a estos servicios.
En Rincón de la Victoria hay media docena de chiringuitos en la arena, y unos quince en Torre de Benagalbón. En ambos núcleos resulta imposible la reubicación, debido a la saturación de construcciones en la franja litoral y a la ausencia de un paseo marítimo, en el caso de Torre de Benagalbón. Los de Burriana, en Nerja, están en parcelas municipales, fuera del dominio público.
Muy diferente es el caso de Torrox, que, junto a dos de Estepona, son los únicos establecimientos -de un total de 400- que ya están realojados en el paseo marítimo, por los graves daños que sufre la playa de Ferrara después de cada temporal.
Sin embargo, en los núcleos costeros torroxeños de El Morche y El Peñoncillo hay una decena de instalaciones en el dominio público, que tendrían una difícil reubicación por estar muy próximos a la antigua N-340.
Como se ve, en la mayoría de los casos es imposible localizar en la costa malagueña una ubicación alternativa a los chiringuitos que no sea la propia arena
La realidad es tozuda. Más allá de los dictados de la Ley de Costas, el litoral malagueño es el que es. La aglomeración urbanística llega en numerosas ocasiones casi hasta el pie mismo del paseo marítimo, con la frontera que marca la carretera nacional 340. Los paseos marítimos se limitan en muchos puntos a una estrecha avenida peatonal, atrapada entre la propia playa y la calzada, en la que sería imposible reubicar un chiringuito, por más que se quieran limitar sus dimensiones.
Pero además, el reglamento general de la Ley de Costas, de diciembre de 1989, que desarrolla la norma, en su artículo 60 permite la ocupación del dominio publico marítimo-terrestre -cien metros medidos desde la ribera del mar- «para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación» (artículo 32.1 de la Ley de Costas).
En su apartado B, cita textualmente que las instalaciones a que se refiere el punto anterior son «las de servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio».
Estos son, junto con la singularidad turística, los principales argumentos de los empresarios de playas, los ayuntamientos y de partidos como el PSOE y el PP ante la exigencia de un traslado de estas instalaciones a los paseos marítimos, posición que mantiene el Ministerio de Medio Ambiente, y que quedó patente de nuevo el lunes, tras la visita a Málaga del secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro.
Espacio saturado
Un breve recorrido por las playas de La Malagueta y La Caleta, en la capital, ilustra esta circunstancia. Los paseos marítimos Pablo Ruiz Picasso y Ciudad de Melilla tienen apenas unos metros de anchura, y están limitados por edificaciones como la residencia militar y el Club Mediterráneo; o, directamente, por la carretera, en la zona más cercana al palacio Miramar. En este espacio existen una decena de negocios que no tendrían posibilidades de reubicación en caso de que se prohibiera su permanencia sobre la arena. La incertidumbre y la carencia de concesiones bloquea la reforma de estos negocios, que se encuentran en una situación precaria.
Se produce además un agravio comparativo, puesto que en el mismo término municipal los negocios de La Misericordia están completamente renovados y tienen sus papeles en regla.
En el resto de la provincia la situación no es muy diferente. Sacar de la arena a los chiringuitos de Marbella, como pretende Medio Ambiente, es misión imposible. No queda ni un metro cuadrado sin urbanizar, sin mencionar la masificación del paseo marítimo. Las zonas de mayor concentración serían precisamente los paseos marítimos de Marbella y San Pedro Alcántara. En el primero, el mayor número se concentra desde el centro hasta la Milla de Oro, y de allí hasta Cabopino, donde las viviendas están construidas prácticamente en primera línea de playa.
A partir del núcleo urbano de Las Chapas hay menos establecimientos asentados en la arena pero la posibilidad de retroceder también es complicada. Habría que recurrir a la expropiación. Antonio Espada, concejal de Medio Ambiente, defendió ayer la situación en la que se encuentran los 61 establecimientos de este tipo que existen en el litoral marbellí, 33 de ellos ubicados en dominio público marítimo-terrestre, once pendientes de su incorporación -amparados por una disposición transitoria de la nueva Ley de Costas- y otros 17 en terreno municipal. A su juicio, el traslado sería un «disparate».
Trabas legales
De igual modo, salir de la zona de dominio público es una misión casi imposible en Estepona, que cuenta con 31 chiringuitos. La falta de espacio en los paseos marítimos, unida a la proliferación de construcciones casi en primera línea de playa dificulta la reubicación de estos establecimientos. Los problemas se acentúan para los situados en la playa de La Rada, junto al casco histórico, donde el paseo marítimo apenas tiene superficie.
De hecho, el acuerdo inicial de Costas con el Ayuntamiento contemplaba crear plataformas elevadas y adosadas al paseo marítimo para poder acoger a estos establecimientos. Sin embargo, el 'caso Astapa' dejó en punto muerto este proceso, que según el fiscal, se produjo de forma irregular. Casi un año después de que se iniciara la operación contra la presunta corrupción, el Ayuntamiento va a retomar el concurso para adjudicar las cinco instalaciones que todavía no tenían concesionario o que sus adjudicatarios no formalizaron el contrato con el Consistorio.
La problemática tampoco escapa a los municipios de la Costa occidental. En Benalmádena, la salida de los chiringuitos de la arena resulta una tarea compleja dado el escaso margen de maniobra que dejan las construcciones colindantes al paseo marítimo y la N-340.
Más complicado aún sería en Fuengirola, un municipio donde precisamente no sobra el espacio, como lo ponen de manifiesto los reparos que Costas está poniendo a la renovación de la zona de Carvajal, donde la recuperación del dominio público que plantean obligaría a demoler parte de las propiedades de una quincena de comunidades y de un hotel.
Una situación similar se da en Torremolinos, donde precisamente ahora se está llevando a cabo una remodelación del paseo marítimo a la altura del Bajondillo. Donde se verían menos establecimientos afectados es en Mijas, si bien la anchura del paseo marítimo de La Cala tampoco daría mucho juego.
Ya en la Axarquía, en puntos como Torre del Mar, donde existen una veintena, la mayoría está en la arena, aunque algunos se ubican sobre el paseo marítimo, que tiene más de cincuenta metros de ancho, por lo que es uno de los pocos de la provincia que tendría espacio para dar cabida a estos servicios.
En Rincón de la Victoria hay media docena de chiringuitos en la arena, y unos quince en Torre de Benagalbón. En ambos núcleos resulta imposible la reubicación, debido a la saturación de construcciones en la franja litoral y a la ausencia de un paseo marítimo, en el caso de Torre de Benagalbón. Los de Burriana, en Nerja, están en parcelas municipales, fuera del dominio público.
Muy diferente es el caso de Torrox, que, junto a dos de Estepona, son los únicos establecimientos -de un total de 400- que ya están realojados en el paseo marítimo, por los graves daños que sufre la playa de Ferrara después de cada temporal.
Sin embargo, en los núcleos costeros torroxeños de El Morche y El Peñoncillo hay una decena de instalaciones en el dominio público, que tendrían una difícil reubicación por estar muy próximos a la antigua N-340.
Como se ve, en la mayoría de los casos es imposible localizar en la costa malagueña una ubicación alternativa a los chiringuitos que no sea la propia arena
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