La Dirección General de Inspección responde a las acusaciones de los populares con detalles cronológicos de sus actuaciones. Creen que confunden expedientes
JOSE TORRES. MÁLAGA La respuesta de la Junta de Andalucía a las acusaciones del Partido Popular, en las que aseguraba que la Junta y el PSOE estaban al tanto de las irregularidades urbanísticas de Alcaucín, vino ayer a través de la Dirección General de Inspección de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, departamento que asegura haber impedido el desarrollo urbanístico de varias parcelas ubicadas en suelo no urbanizable en Alcaucín sobre las que existía una denuncia. Por ello asegura que el PP "confunde dos expedientes distintos".
Así, la Junta confirmaba que sí se tiene constancia de una denuncia sobre la posibilidad de que se fuesen a construir viviendas en suelo no urbanizable en septiembre de 2006, tras lo que se inició una investigación que desembocó, el 11 de diciembre, en un informe del Ayuntamiento de Alcaucín en el que se decía que en ese suelo no estaba prevista la ejecución de obras, sino la ampliación de la carretera de acceso a la localidad.
La Junta indica que en agosto de 2007 recibió una nueva comunicación del denunciante en la que se aseguraba que "existían nuevos indicios de la intención de construir viviendas", con lo que la Dirección General de Inspección retomó el expediente y pidió a la Policía Local de Alcaucín que se investigaran los hechos.
Posteriormente, el 22 de noviembre, se recibió un escrito del Defensor del Pueblo que informaba sobre la denuncia de este mismo particular. El 18 de marzo de 2008 se le volvió a enviar un escrito al Ayuntamiento de Alcaucín requiriendo el ejercicio de potestades de disciplina urbanística. Igualmente, se le pidió al Consistorio que remitiera las licencias otorgadas, referidas al movimiento de tierras y a la construcción de un muro de contención, con el objeto de las obras de ampliación de la carretera de acceso al municipio. El 16 de mayo, y siempre según la versión de la Junta de Andalucía, se realizó una visita de inspección por parte de la Consejería de Vivienda y el 23 de junio se le ordenó al Ayuntamiento que retirase la caseta de ventas, las banderolas, el cartel informativo y las grúas desmontadas. "En ningún momento se inician obras de construcción de viviendas en esa parcela, ni los 350 apartamentos que menciona el PP en su denuncia", añade la Consejería.
Tormenta política. Sin embargo, la noticia más sorprendente llegó cuando los socialistas señalaban a la actual concejala de Urbanismo de Torremolinos, María Isabel Llamas, como asesora jurídica del ex alcalde de Alcaucín, ahora detenido, durante los años que se investigan. Esta noticia era confirmada con un informe del secretario municipal del Ayuntamiento de Alcaucín, en el que se detallaban las fechas en las que Llamas trabajó como asesora y como funcionaria interina en este consistorio. A su vez, esta mujer es hija y hermana de dos de los detenidos en la operación ´Arcos´ por su presunta implicación en la trama y su relación con la empresa CROASA.
JOSE TORRES. MÁLAGA La respuesta de la Junta de Andalucía a las acusaciones del Partido Popular, en las que aseguraba que la Junta y el PSOE estaban al tanto de las irregularidades urbanísticas de Alcaucín, vino ayer a través de la Dirección General de Inspección de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, departamento que asegura haber impedido el desarrollo urbanístico de varias parcelas ubicadas en suelo no urbanizable en Alcaucín sobre las que existía una denuncia. Por ello asegura que el PP "confunde dos expedientes distintos".
Así, la Junta confirmaba que sí se tiene constancia de una denuncia sobre la posibilidad de que se fuesen a construir viviendas en suelo no urbanizable en septiembre de 2006, tras lo que se inició una investigación que desembocó, el 11 de diciembre, en un informe del Ayuntamiento de Alcaucín en el que se decía que en ese suelo no estaba prevista la ejecución de obras, sino la ampliación de la carretera de acceso a la localidad.
La Junta indica que en agosto de 2007 recibió una nueva comunicación del denunciante en la que se aseguraba que "existían nuevos indicios de la intención de construir viviendas", con lo que la Dirección General de Inspección retomó el expediente y pidió a la Policía Local de Alcaucín que se investigaran los hechos.
Posteriormente, el 22 de noviembre, se recibió un escrito del Defensor del Pueblo que informaba sobre la denuncia de este mismo particular. El 18 de marzo de 2008 se le volvió a enviar un escrito al Ayuntamiento de Alcaucín requiriendo el ejercicio de potestades de disciplina urbanística. Igualmente, se le pidió al Consistorio que remitiera las licencias otorgadas, referidas al movimiento de tierras y a la construcción de un muro de contención, con el objeto de las obras de ampliación de la carretera de acceso al municipio. El 16 de mayo, y siempre según la versión de la Junta de Andalucía, se realizó una visita de inspección por parte de la Consejería de Vivienda y el 23 de junio se le ordenó al Ayuntamiento que retirase la caseta de ventas, las banderolas, el cartel informativo y las grúas desmontadas. "En ningún momento se inician obras de construcción de viviendas en esa parcela, ni los 350 apartamentos que menciona el PP en su denuncia", añade la Consejería.
Tormenta política. Sin embargo, la noticia más sorprendente llegó cuando los socialistas señalaban a la actual concejala de Urbanismo de Torremolinos, María Isabel Llamas, como asesora jurídica del ex alcalde de Alcaucín, ahora detenido, durante los años que se investigan. Esta noticia era confirmada con un informe del secretario municipal del Ayuntamiento de Alcaucín, en el que se detallaban las fechas en las que Llamas trabajó como asesora y como funcionaria interina en este consistorio. A su vez, esta mujer es hija y hermana de dos de los detenidos en la operación ´Arcos´ por su presunta implicación en la trama y su relación con la empresa CROASA.
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