Cuando la Consejería de Vivienda planteó hace un año a los municipios de la Axarquía crear un listado de construcciones ilegales, el ex alcalde de Alcaucín fue sorprendentemente de los primeros en ofrecerse para colaborar
El ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, en prisión desde principios de marzo tras ser detenido por un presunto caso de corrupción urbanística dentro de la 'operación Arcos', es un hombre lleno de paradojas, en especial por la política que en materia de urbanismo ha venido desarrollando desde que tomara posesión del cargo en 1991.
El ex regidor, 'Pepe Calayo', que es como es conocido por su afición al flamenco, no tuvo nunca reparos en conceder licencias de obras para la construcción de viviendas residenciales en el campo sin atender a los informes negativos de la Junta de Andalucía, una práctica que también han llevado a cabo otros alcaldes de la zona con el argumento de que los informes de Obras Públicas, primero, y Viviendas y Ordenación del Territorio, después, no eran vinculantes.
Por esta razón, la Junta se ha visto obligada a impugnar por la vía judicial un total de 272 actos urbanísticos de los ayuntamientos de la Axarquía, incluido el de Alcaucín, y que han derivado en la anulación de un número no concretado de licencias.
Colaboración
A pesar de todo, Martín Alba se caracterizó por ser uno de los primeros alcaldes de la comarca en ofrecerse para colaborar con la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para elaborar un inventario de construcciones ilegales en el campo. Martín Alba firmó hace un año un convenio de colaboración con la Consejería para confeccionar un listado de construcciones edificadas en suelo no urbanizable, que persigue el estudio de caso por caso para decidir el futuro de las mismas.
Junto a Alcaucín, otros seis municipios de la comarca realizan sus propios planes de inspección mediante la elaboración de tales censos (Canillas del Aceituno, Comares, Cómpeta, Salares, Sayalonga y La Viñuela).
El trabajo, que realizan los ayuntamientos en colaboración con los inspectores de la Junta, ha permitido realizar hasta el momento un total de 1.113 fichas.
La Junta no ha sabido determinar cuántas de estas construcciones pertenecen a Alcaucín, consistorio que todavía no ha finalizado la confección de las fichas, en las que se contemplan datos como la localización, constructor, si cuenta con licencia o plan de actuación, si se ajusta al proyecto autorizado, si está impugnada o si se encuentra habitada o en ejecución.
Lo curioso del caso es que la finalidad de esta iniciativa es normalizar la situación de las edificaciones detectadas, restituyendo la legalidad urbanística, aunque en muchos casos se trata de construcciones con licencias municipales cuyos ayuntamientos han desoído la opinión de la Junta.
El futuro de las construcciones ilegales que se detecten no se decidirá hasta tanto no se culmina el inventario. Las fichas, según la Junta, se incorporarán al Plan Municipal de Inspección, documento que deberá señalar la fórmula que se aplicará en cada caso. Unas podrán ser legalizadas, otras quedarán fuera de ordenación y otras deberán ser demolidas.
Además de los siete pueblos de la Axarquía también se han sumado a la iniciativa de Vivienda y Ordenación del Territorio otros cinco municipios de la provincia (Marbella, Estepona, Mijas, Alhaurín el Grande y Benalmádena).
Según la delegada provincial de Vivienda, Josefa López, estos inventarios son claves para que los ayuntamientos puedan elaborar sus propios planes de inspección, «muy necesarios para desarrollar políticas urbanísticas correctas».
El ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, en prisión desde principios de marzo tras ser detenido por un presunto caso de corrupción urbanística dentro de la 'operación Arcos', es un hombre lleno de paradojas, en especial por la política que en materia de urbanismo ha venido desarrollando desde que tomara posesión del cargo en 1991.
El ex regidor, 'Pepe Calayo', que es como es conocido por su afición al flamenco, no tuvo nunca reparos en conceder licencias de obras para la construcción de viviendas residenciales en el campo sin atender a los informes negativos de la Junta de Andalucía, una práctica que también han llevado a cabo otros alcaldes de la zona con el argumento de que los informes de Obras Públicas, primero, y Viviendas y Ordenación del Territorio, después, no eran vinculantes.
Por esta razón, la Junta se ha visto obligada a impugnar por la vía judicial un total de 272 actos urbanísticos de los ayuntamientos de la Axarquía, incluido el de Alcaucín, y que han derivado en la anulación de un número no concretado de licencias.
Colaboración
A pesar de todo, Martín Alba se caracterizó por ser uno de los primeros alcaldes de la comarca en ofrecerse para colaborar con la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para elaborar un inventario de construcciones ilegales en el campo. Martín Alba firmó hace un año un convenio de colaboración con la Consejería para confeccionar un listado de construcciones edificadas en suelo no urbanizable, que persigue el estudio de caso por caso para decidir el futuro de las mismas.
Junto a Alcaucín, otros seis municipios de la comarca realizan sus propios planes de inspección mediante la elaboración de tales censos (Canillas del Aceituno, Comares, Cómpeta, Salares, Sayalonga y La Viñuela).
El trabajo, que realizan los ayuntamientos en colaboración con los inspectores de la Junta, ha permitido realizar hasta el momento un total de 1.113 fichas.
La Junta no ha sabido determinar cuántas de estas construcciones pertenecen a Alcaucín, consistorio que todavía no ha finalizado la confección de las fichas, en las que se contemplan datos como la localización, constructor, si cuenta con licencia o plan de actuación, si se ajusta al proyecto autorizado, si está impugnada o si se encuentra habitada o en ejecución.
Lo curioso del caso es que la finalidad de esta iniciativa es normalizar la situación de las edificaciones detectadas, restituyendo la legalidad urbanística, aunque en muchos casos se trata de construcciones con licencias municipales cuyos ayuntamientos han desoído la opinión de la Junta.
El futuro de las construcciones ilegales que se detecten no se decidirá hasta tanto no se culmina el inventario. Las fichas, según la Junta, se incorporarán al Plan Municipal de Inspección, documento que deberá señalar la fórmula que se aplicará en cada caso. Unas podrán ser legalizadas, otras quedarán fuera de ordenación y otras deberán ser demolidas.
Además de los siete pueblos de la Axarquía también se han sumado a la iniciativa de Vivienda y Ordenación del Territorio otros cinco municipios de la provincia (Marbella, Estepona, Mijas, Alhaurín el Grande y Benalmádena).
Según la delegada provincial de Vivienda, Josefa López, estos inventarios son claves para que los ayuntamientos puedan elaborar sus propios planes de inspección, «muy necesarios para desarrollar políticas urbanísticas correctas».
No hay comentarios:
Publicar un comentario