Los populares pondrán los documentos a disposición de la juez del caso Arcos
El PP asegura que tiene en sus manos documentación que demostraría que la anterior dirección del PSOE de Málaga, que lideraba la ahora parlamentaria Marisa Bustinduy, la Junta y la Diputación eran conocedores de las presuntas irregularidades que se cometían en el Ayuntamiento de Alcaucín, que han desembocado en el caso Arcos contra la corrupción urbanística y que han llevado a prisión al ex alcalde, José Manuel Martín Alba, expulsado por los socialistas.
Se trata de denuncias de particulares, incluidas las de varios militantes del PSOE, de asociaciones ecologistas y del Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, que una semana antes de que estallara el caso, el 20 de febrero de 2009, emitió un informe en el que instaba a la Junta a restaurar la legalidad en un terreno ocupado por viviendas irregulares, según explicó ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz.
Según los populares, el goteo de vecinos de Alcaucín que se personan en su sede de Málaga para dar información es constante. También hay comunicaciones anónimas. Sanz, que compareció junto al presidente provincial del PP, Elías Bendodo, dijo que pondrán toda esta documentación a disposición de la juez del caso, Irene Urbón. El número dos del PP andaluz mostró públicamente los documentos, aunque no aportó ninguno.
En concreto, varios miembros de la anterior cúpula del PSOE en la provincia tendrían conocimiento de estas irregularidades, bien por escrito o bien a través de reuniones con los denunciantes. Sanz apuntó que en junio de 2006, se informó a Luis Reina, ex responsable de Política Municipal del PSOE; en diciembre de 2006, a Juan Paniagua, ex presidente del partido en Málaga; en marzo de 2007, dos meses antes de las últimas elecciones municipales, a Marisa Bustinduy, entonces secretaria del PSOE malagueño; y en abril de 2007, a Francisco Dodero, presidente del Comité de Ética del PSOE-A. Sanz dijo que el ex secretario de Organización del PSOE, Francisco Fernández España, también estaba al tanto de lo que ocurría en Alcaucín. Éste, igual que Bustinduy y Reina, tenían cargos de responsabilidad en la Diputación.
Sobre la Junta, Sanz se centró en una denuncia de junio de 2006 ante la Consejería de Obras Públicas sobre la construcción de 45 apartamentos en cuatro parcelas que sólo admitían la edificación de cuatro viviendas unifamiliares. Criticó que los inspectores visitaron estas obras en mayo de 2008, casi dos años después de la denuncia, y dijo que pese a que se advirtieron las ilegalidades, el asunto se zanjó "quitando los postes de publicidad de las obras". Citó también la construcción de 350 viviendas en suelo rústico.
A su juicio, la información de la que dispone el PP "pone en evidencia la actitud presuntamente negligente y una clara responsabilidad más allá de lo político de responsables del PSOE, la Diputación y la Junta".
El PP asegura que tiene en sus manos documentación que demostraría que la anterior dirección del PSOE de Málaga, que lideraba la ahora parlamentaria Marisa Bustinduy, la Junta y la Diputación eran conocedores de las presuntas irregularidades que se cometían en el Ayuntamiento de Alcaucín, que han desembocado en el caso Arcos contra la corrupción urbanística y que han llevado a prisión al ex alcalde, José Manuel Martín Alba, expulsado por los socialistas.
Se trata de denuncias de particulares, incluidas las de varios militantes del PSOE, de asociaciones ecologistas y del Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, que una semana antes de que estallara el caso, el 20 de febrero de 2009, emitió un informe en el que instaba a la Junta a restaurar la legalidad en un terreno ocupado por viviendas irregulares, según explicó ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz.
Según los populares, el goteo de vecinos de Alcaucín que se personan en su sede de Málaga para dar información es constante. También hay comunicaciones anónimas. Sanz, que compareció junto al presidente provincial del PP, Elías Bendodo, dijo que pondrán toda esta documentación a disposición de la juez del caso, Irene Urbón. El número dos del PP andaluz mostró públicamente los documentos, aunque no aportó ninguno.
En concreto, varios miembros de la anterior cúpula del PSOE en la provincia tendrían conocimiento de estas irregularidades, bien por escrito o bien a través de reuniones con los denunciantes. Sanz apuntó que en junio de 2006, se informó a Luis Reina, ex responsable de Política Municipal del PSOE; en diciembre de 2006, a Juan Paniagua, ex presidente del partido en Málaga; en marzo de 2007, dos meses antes de las últimas elecciones municipales, a Marisa Bustinduy, entonces secretaria del PSOE malagueño; y en abril de 2007, a Francisco Dodero, presidente del Comité de Ética del PSOE-A. Sanz dijo que el ex secretario de Organización del PSOE, Francisco Fernández España, también estaba al tanto de lo que ocurría en Alcaucín. Éste, igual que Bustinduy y Reina, tenían cargos de responsabilidad en la Diputación.
Sobre la Junta, Sanz se centró en una denuncia de junio de 2006 ante la Consejería de Obras Públicas sobre la construcción de 45 apartamentos en cuatro parcelas que sólo admitían la edificación de cuatro viviendas unifamiliares. Criticó que los inspectores visitaron estas obras en mayo de 2008, casi dos años después de la denuncia, y dijo que pese a que se advirtieron las ilegalidades, el asunto se zanjó "quitando los postes de publicidad de las obras". Citó también la construcción de 350 viviendas en suelo rústico.
A su juicio, la información de la que dispone el PP "pone en evidencia la actitud presuntamente negligente y una clara responsabilidad más allá de lo político de responsables del PSOE, la Diputación y la Junta".
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