Urbanismo reconoce que algunas promotoras han solicitado aplazar los pagos, y el PSOE insinúa que por esta causa al PP ya no le corre prisa el PGOU
17.06.2010 -
El Ayuntamiento se las prometía muy felices hace dos y tres años cuando firmó con diversas promotoras los convenios urbanísticos asociados al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Se trata de unos acuerdos programados para aportar a las arcas municipales unos considerables beneficios económicos a cambio de aumentar los derechos edificatorios en determinados sectores de la ciudad, en los que se han proyectado elevadas torres de pisos como hitos del paisaje urbano de la Málaga del futuro. Sin embargo, las condiciones del mercado inmobiliario con las que se rubricaron estos convenios no son ni por asomo las actuales y la actual crisis pone en jaque el cobro de todos los que están pendientes, que suman más de 200 millones de euros.
Así lo entiende el grupo municipal del PSOE que, en la comisión de Movilidad y Urbanismo celebrada ayer, cuestionó sobre este asunto al concejal de Urbanismo. El edil socialista Sergio Brenes llegó a insinuar que el retraso en la aprobación del PGOU se debe a que el propio equipo de gobierno no tiene prisas por dar luz verde al documento debido a que, de tenerlo en vigor, no podría hacer caja con los convenios porque el sector inmobiliario está totalmente parado y sin solvencia económica para hacer frente a las elevadas cantidades que se fijaron en su momento. «Si al Plan General se le caen los convenios, ya no le merece la pena al PP, que no tiene interés en aprobarlo», declaró Brenes.
El responsable municipal de Urbanismo, Manuel Díaz, le contestó que si el PGOU no está aprobado no es por culpa del Ayuntamiento, sino de la Junta de Andalucía, que lo rechazó en julio del año pasado en lugar de aprobarlo parcialmente. Díaz afirmó en su comparencia en la comisión que «los convenios están firmados y están para cumplirlos». «No vamos a bajar ni un euro de lo acordado. Exigiremos los pagos por nuestro sentido de responsabilidad cara a los ciudadanos», aseguró.
No obstante, al término de la reunión, reconoció a los medios de comunicación que, como adelantó este periódico ( SUR 8/2/2010), hay varias promotoras que han solicitado la negociación de nuevas condiciones del pago de las cantidades acordadas por la crisis. En concreto, se trata de las empresas vinculadas al convenio de La Térmica (58 millones de euros) y de Martiricos (23 millones). A estas cantidades hay que añadir los 28,7 millones que están pendientes del proyecto de Sánchez Blanca, que no depende del nuevo PGOU, sino del actual, y que está parado por la crisis. De hecho, Urbanismo tenía previsto financiar este año inversiones con una primera parte de los 28 millones y ha tenido que echar mano de partidas por gastar de presupuestos anteriores para no parar actuaciones como la rehabilitación de la Tabacalera. Díaz aseguró que si se accede a algún aplazamiento de los pagos se exigirá la actualización de las cantidades en función del interés legal del dinero.
Por otro lado, Sergio Brenes recordó que, según lo estipulado en el convenio con los promotores del proyecto de Repsol, junto a la avenida de Juan XXIII, las condiciones del acuerdo podrán ser revisadas por las partes si el PGOU no está aprobado antes del 21 de marzo del año que viene. La entrada en vigor del documento para esa fecha no está del todo garantizada a tenor de las diferencias que aún mantienen el Ayuntamiento y la Junta para una cuestión clave, como es la obtención de Arraijanal. Así, no está del todo claro que el Consistorio pueda ingresar finalmente los 82 millones de este convenio, si bien Díaz aseguró que sus promotores no han planteado por ahora ni aplazamiento ni reducción.
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