La Audiencia ratifica los ocho años de inhabilitación para Bolín por delito urbanístico. Benalmádena (SUR)

Desestiman el recurso del ex alcalde de Benalmádena por incrementar laedificabilidad en una parcela de La Leala.

Enrique Bolín, en una imagen de archivo. / SUR

Si, tal y como ha anunciado en varias ocasiones, Enrique Bolín tiene intención de volver a la política e incluso presentarse a las municipales de 2011, de momento va a tener que ir aparcando esta idea. La Audiencia Provincial de Málaga ha desestimado el recurso presentado por el ex alcalde de Benalmádena contra la condena de ocho años de inhabilitación como cargo público y una multa diaria de 20 euros durante un año por un delito contra la ordenación del territorio en la concesión de una licencia en una parcela de La Leala Norte en diciembre de 2004. De esta forma, la sentencia dictada en noviembre de 2008 por el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga es firme, si bien Bolín ha vuelto a recurrir, esta vez ante el Tribunal Constitucional, alegando que se han vulnerado sus derechos.

El motivo de la denuncia contra el ex regidor independiente por parte de la Junta de Andalucía tiene su origen en la autorización de dos licencias de obras a una entidad mercantil para la construcción de 46 viviendas y aparcamientos en esta zona de Arroyo de la Miel. El proyecto contemplaba la creación de un edificio en una parcela anexa al colegio La Leala donde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sólo permite viviendas unifamiliares. Todo ello, pese a los informes desfavorables del arquitecto y del aparejador municipales, que recogían la necesidad de aportar al expediente la modificación del PGOU para el aumento de la edificabilidad y el estudio de detalle para estar dentro de la legalidad.

Las obras, finalizadas

Sin embargo, no fue hasta febrero de 2006 cuando el Ejecutivo autonómico denunció los hechos ante la Fiscalía, después de haberlo puesto en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Para entonces, el edificio ya estaba construido.

Este periódico contactó ayer con Bolín -se encontraba fuera del país-, quien se limitó a reconocer la desestimación del recurso. Pese a ello, insiste en defender su inocencia.

Durante el juicio celebrado en octubre de 2008, el Ministerio Fiscal acusó al ex alcalde por un delito contra la ordenación del territorio al autorizar la licencia «a sabiendas de la ilegalidad, transmitida por los técnicos, e incumpliendo la normativa urbanística». Además, recalcó que la modificación de elementos necesaria se hizo tras conceder la licencia, descartando «la buena fe» del acusado. Por su parte, la defensa ha mantenido que la operación fue «amparada por el Pleno y los informes técnicos», por lo que aseguraron que, en todo caso, pudo haber «un desfase procedimental administrativo», pero no un delito.