El Ayuntamiento buscará otras vías para crear VPO antes de firmar con la Junta. Fuengirola (SUR)

Oña aplaza la oferta del Gobierno autonómico para la construcción de 2.281 viviendas hasta saber si cuenta con suelo disponible y si hay posibilidad de hacerlas más baratas. El PSOE insiste en que «comete un error» si no se adhiere al protocolo

El grupo municipal socialista llevó ayer al pleno el protocolo de actuación propuesto por la Junta de Andalucía para impulsar la construcción de las 2.281 viviendas protegidas necesarias en el municipio, según el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía, para cubrir la demanda actual. A pesar de su insistencia, se quedó sin conseguir lo que pretendía: que el equipo de gobierno que encabeza Esperanza Oña dejara de dar largas al tema y tomara la decisión de aprobar o rechazar en sesión plenaria el convenio del Ejecutivo autonómico. El resultado fue aplazar nuevamente la decisión, una medida que contó con los votos a favor del PP, en contra del PSOE y la abstención del PA, que si bien se mostró a favor del protocolo, vio con buenos ojos tomarse un tiempo para pensar cómo llevarlo a cabo, «al menos hasta después de las elecciones autonómicas y generales del próximo 9 de marzo».Oña dejó claro que la propuesta de la Junta «no es la única salida para construir VPO en el municipio» y se comprometió a sopesar «otras alternativas más rentables». «Firmaremos el convenio si no encontramos nada más favorable. Pero hacerlo ahora es precipitado, es como dar un cheque en blanco a una serie de incógnitas que no están claras». Por un lado, la falta de suelo disponible, pendiente del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, que no podrá aprobarse hasta tener el visto bueno de la Junta. Por otro, el precio de las viviendas. El protocolo establece un máximo de 90.000 euros y ofrece una subvención por cada una de ellas de 3.000. Para Oña este precio es «mejorable». Por último, el papel que juega el Gobierno socialista en el convenio. Según Oña «el protocolo sólo sirve para que se inmiscuya en los asuntos de Fuengirola. Si el Ayuntamiento pone el suelo; los bancos, la financiación; y el inquilino, el dinero, ¿por qué la Junta debe controlar la comisión de seguimiento?», preguntó la primera edil. Para el PSOE no es más que «una estrategia para ganar tiempo». El PA sostiene que si el problema es la falta de suelo «el equipo de Gobierno local debería empezar a conseguirlo después de las elecciones». Así las cosas, no queda más remedio que esperar. Al menos seis meses, que es el plazo máximo que tiene Fuengirola para adherirse al protocolo, al que ya pertenecen otros municipios de la provincia como Vélez-Málaga, Mijas o Benalmádena.