viernes, 24 de julio de 2009

La alcaldesa intenta un acuerdo de última hora con la Junta antes de aprobar el PGOU. Marbella (SUR)

Ángeles Muñoz se reunió ayer en Córdoba con el consejero de Vivienda para acercar posturas
El Gobierno autonómico mantiene que no es posible la legalización del Banana Beach
Justificar a ambos lados
La alcaldesa intenta un acuerdo de última hora con la Junta antes de aprobar el PGOU
Juan Espadas y Ángeles Muñoz, en una reunión que mantuvieron en Marbella en mayo del año pasado. /JOSELE-LANZA
Una solución consensuada de última hora. El Ayuntamiento de Marbella mantiene su empeño en regularizar la situación de todas las promociones ilegales que ya se encuentran ocupadas, pero no quiere un choque frontal con la Junta que suponga un nuevo retraso para el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Su objetivo es sofocar el conato de conflicto que se ha generado con el Gobierno andaluz, que el pasado martes, a través del consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, advirtió de que las modificaciones incorporadas por el Consistorio marbellí ponían en peligro la legalidad del texto urbanístico y, por tanto, su aprobación definitiva.
Con este fin, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, se reunió ayer en Córdoba con Espadas, en un encuentro, confirmado a este periódico por fuentes de ambas administraciones, en el que la regidora intentó acercar posturas sobre el PGOU. La voluntad del Gobierno municipal es incluir las promociones del Banana Beach, La Víbora y Río Real en el proceso de regularización por compensaciones que contempla el documento, pero el propósito fundamental es la aprobación del mismo, por lo que el Ayuntamiento busca una solución pactada con la Junta para alcanzar esta meta.
Silencio
Muñoz dejó claro ayer este matiz. El equipo Gobierno había mantenido un silencio absoluto en los últimos días respecto al PGOU, pero la alcaldesa lo rompió ayer en un acto celebrado en Málaga en el que le preguntaron sobre este asunto. La regidora fue escueta, pero aseguró que no llevaría a Marbella a una situación de bloqueo por imponer un criterio que, a juicio del Ayuntamiento, «es el más razonable». Muñoz abogó además porque la lealtad constitucional presida la aprobación del Plan.
La Junta de Andalucía, por su parte, mantiene su postura respecto a las modificaciones incorporadas por el Consistorio marbellí al PGOU. La reunión entre la alcaldesa y el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio no ha supuesto una alteración de estos criterios, según señalaron a SUR fuentes del Gobierno autonómico. Espadas afirmó el martes a este periódico que la legalización del Banana Beach no es posible, dado que no se puede compensar la pérdida de la franja litoral en la que se encuentra esta edificación con la cesión de suelo en otra zona del municipio. Las promociones de La Víbora y Río Real, a juicio de la Administración regional, tampoco tienen cabida en el nuevo documento urbanístico.
El Ayuntamiento de Marbella apura los plazos para alcanzar una solución con la Junta antes de la celebración del pleno extraordinario del próximo 29 de julio, en el que se aprobará de forma provisional el PGOU. Los grupos de la oposición se encuentran a la espera de la convocatoria para la comisión informativa previa, que debe celebrarse al menos 48 horas antes de la sesión plenaria y que, según fuentes municipales, tendría lugar finalmente el lunes. La portavoz socialista, Susana Radío, aseguró ayer que la alcaldesa se había comprometido a celebrar la comisión hoy viernes, así como a facilitar a la oposición la documentación sobre las últimas modificaciones introducidas, compromisos que no ha cumplido. Según la edil, Muñoz desafía a la Junta «tomando decisiones que ponen en peligro la legalidad del PGOU» y además obstaculiza la labor de control de la oposición.

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