sábado, 25 de julio de 2009

Entre la sorpresa, la aceptación y las críticas de la oposición. Málaga (SUR)

El consejero de Vivienda dice que su departamento «no puede aprobar» un documento con informes jurídicos contrarios.

Entre la sorpresa, la aceptación y las críticas de la oposición
La delegación malagueña que acudió ayer a Sevilla, encabezada por el alcalde, Francisco de la Torre, y el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, se encontró con la sorpresa de la postura defendida por la Junta de Andalucía, toda vez que ya habían asimilado que se iba a aprobar el PGOU dejando en suspenso sólo algunos de los puntos que han creado más discrepancias. Tras esa decisión «sorpresiva», según el regidor y una vez que recibieron las oportunas explicaciones tanto del consejero, Juan Espadas, como de los técnicos de la Consejería de Vivienda, los responsables de la capital fueron asimilando la situación y el nuevo escenario que se abre a partir de ahora.

Díaz señaló en un comunicado que Urbanismo va a elaborar la documentación para dar cumplimiento a lo requerido, pero reiteró la postura ya manifestada días atrás de que se reservan el recurrir a los tribunales en aquellos asuntos que «no se adecuen a la legalidad o al ámbito competencial municipal».

Juan Espadas, por su parte, argumentó la postura de su departamento en declaraciones a SUR: «La Junta no puede aprobar un documento contrario a informes jurídicos que son vinculantes».

Desde los grupos de la oposición en el Ayuntamiento, el portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, aseguró que el PGOU se ha hecho sin consenso ni participación ni debate y que era el plan general de De la Torre, pero no el de la ciudad de Málaga. Unas declaraciones que hizo junto al responsable de urbanismo de la ejecutiva local del PSOE, Diego Martín Reyes, quien criticó que en todo el proceso de tramitación del documento, el PP había utilizado la estrategia del victimismo y del agravio comparativo.

El portavoz municipal de IU, Pedro Moreno Brenes, consideró que el alcalde no es un interlocutor ante las administraciones después de haber sometido a la ciudad y el Ayuntamiento a «un embrollo político y jurídico» sobre el PGOU.

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