Tercera fase del complejo comercial, paralizada por orden judicial desde enero de 2005. /JOSELE-LANZA
La Junta de Andalucía aplicó en 2003 a la empresa Europea de Complejos Comerciales SA la máxima sanción prevista entonces por la ley después de construir ilegalmente la segunda fase del centro comercial La Cañada sin contar con el preceptivo informe de la Consejería de Hacienda. La multa superó los 600.000 euros y supuso en su día un récord en este tipo de correctivos económicos. Seis años después, la cifra se antoja nimia respecto a la sanción de más de 23 millones de euros que el Ayuntamiento de Marbella ha impuesto ahora a la entidad propiedad de Tomás Olivo, procesado por el 'caso Malaya', en relación con las nueve naves comerciales levantadas sin licencia para acometer la tercera fase del complejo comercial.
El Consistorio marbellí inició un expediente sancionador contra la mercantil por su presunta responsabilidad en la comisión de una infracción urbanística por la construcción sin licencia de naves industriales, zonas de aparcamiento y obras de urbanización en la parcela situada en el paraje Cañada de la Trinidad, al norte de la A-7 y al este de las dos fases con las que cuenta en la actualidad el centro comercial. La empresa presentó alegaciones al procedimiento, al considerar que la supuesta infracción habría prescrito y defendiendo que contaba con las licencias pertinentes para acometer la actuación.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han desestimado dichas alegaciones. En su informe establecen que no existe prescripción y que las licencias a las que alude Europea de Complejos Comerciales están basadas en proyectos básicos, lo que no habilita a la entidad a realizar ningún tipo de actuación. Además, las obras acometidas por la empresa de Olivo exceden «en gran medida» las contempladas en los citados proyectos no ejecutivos. En virtud del informe, el servicio de disciplina urbanística ha resuelto imponer a la sociedad una sanción de 23.289.838,50 euros. La cantidad se ha calculado en función del volumen de tierra movida para realizar las obras.
Las irregularidades en la tercera fase del centro comercial La Cañada se remontan al mismo día del inicio de las obras, dado que comenzaron sin contar con el informe de impacto ambiental. En diciembre de 2002, el Ayuntamiento de Marbella dio viso de legalidad a la construcción, en virtud de un decreto firmado por el ex alcalde Julián Muñoz en el que se aprobaban las diferentes licencias para la edificación de locales comerciales y almacenes en ocho solares de la zona cuya superficie total sobrepasaba los 55.000 metros cuadrados. Los permisos fueron recurridos por la Junta de Andalucía, que presentó hasta nueve impugnaciones, puesto que permitían una construcción en contra del planeamiento urbanístico vigente.
En 2004, y a requerimiento de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno andaluz, la entonces alcaldesa Marisol Yagüe decretó la paralización de los trabajos. Eso sí, el Consistorio no llegó a notificar a Olivo la orden de suspensión cautelar de la obra, que continuó hasta que intervinieron los tribunales. Hasta que no se hizo efectiva la paralización, la empresa tuvo tiempo de construir nueve naves industriales y cerca de un millar de plazas de aparcamiento, además de ejecutar obras de urbanización, en unos 30.000 metros cuadrados de los terrenos.
La comisión gestora puso fin a la defensa judicial de las licencias otorgadas por Muñoz. El órgano rector que estuvo al frente del Ayuntamiento de Marbella tras la disolución de la Corporación a raíz del 'caso Malaya' se allanó en los procesos contencioso-administrativos, promovidos por anteriores gobiernos municipales, en los que el Consistorio mantenía que eran legales los permisos otorgados por Julián Muñoz a Europea de Complejos Comerciales.
Plan General
El futuro de la ampliación de La Cañada depende del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, cuya segunda aprobación provisional se llevará a pleno el próximo 29 de julio. Los suelos sobre los que se asientan las obras paralizadas han sido modificados en distintas ocasiones por el equipo redactor del documento. El avance del Plan bloqueaba la consolidación de la tercera fase del centro comercial al calificar los terrenos como equipamiento público. Las primeras variaciones al texto urbanístico supusieron que la catalogación mudara a uso comercial, mientras que los cambios posteriores impedían de nuevo que Olivo acometiera la expansión del complejo al clasificar la parcela como equipamiento territorial de carácter recreativo-deportivo. Como ya adelantó este periódico, las últimas modificaciones en relación con estos terrenos llevadas a cabo por el equipo redactor no satisfacían al propietario de La Cañada ni al Gobierno municipal, por lo que el documento que se lleve a pleno la próxima semana presentará con toda probabilidad nuevos cambios.
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