La Junta requiere al Ayuntamiento que revise las licencias de 13.000 viviendas (SUR)

El equipo de gobierno municipal analizará caso por caso antes de tomar una decisión definitiva Según la edil de Urbanismo, la mayoría de los inmuebles encontrará amparo en el nuevo PGOU

Los deberes quedaron hechos. Antes de devolver las competencias urbanísticas al Ayuntamiento, la Oficina de Planeamiento Urbanístico remitió a la institución municipal una relación de 452 licencias ilegales para que se procediera a su revisión. La lista, que afecta a más de 13.000 viviendas, fue enviada al Ayuntamiento el pasado 8 de junio, una semana antes del pleno de constitución de la nueva corporación y cuando todavía la comisión gestora estaba al frente del Ayuntamiento, pero deberá ser el nuevo equipo de gobierno qué hace con ella.No se trata de un tema menor. La mayor parte de las licencias en su día concedidas de manera ilegal corresponden a viviendas unifamiliares, aunque también figuran bloques , fases enteras de urbanizaciones, cinco hoteles, un aparthotel, siete centros comerciales, tres edificios comerciales, dos inmuebles con locales, una nave industrial y una residencia de ancianos.La existencia de estas licencias, la mayor parte concedidas por los gobiernos del GIL entre 1996 y 2000 -aunque existen también algunas más antiguas-, fue detectada por los servicios técnicos de la Oficina de Planeamiento Urbanístico, que remitió la lista la comisión gestora para que procediera a su revisión. En la comunicación, el director de la Oficina de Planeamiento, José María Ruiz Povedano, advierte de que las licencias «habilitan de una manera manifiesta una infracción grave o muy grave», por lo que pide que se proceda a su revisión inmediata. El cambio de ciclo municipal paralizó el proceso, y es ahora el equipo de gobierno municipal el que debe decidir qué hacer.En ese sentido,la concejala de Urbanismo, Alba Echeverría, indicó ayer a este periódico que los servicios jurídicos de ese departamento analizan caso por caso, y que algunas de los procedimientos de revisión ya fueron iniciados por la comisión gestora.No obstante, avanzó que no es partidaria de que se revisen aquellas licencias que podrán regularizarse una vez que se apruebe el PGOU, por lo que lo prioritario para su departamento es estudiar ese documento antes de abrir el proceso para anular permisos.«Es un contrasentido que la Junta nos pida que revisemos licencias, con toda la alarma social que ello genera, cuando el Plan General que la propia Junta ha redactado contempla su posible legalización», afirmó.