domingo, 30 de marzo de 2008

Malos tiempos para el negocio inmobiliario (La Opinión)

La estadística ha puesto en evidencia esta semana que el mercado de la vivienda está en horas bajas como consecuencia de un ajuste más brusco de lo inicialmente previsto, lo que pone en aprietos a muchas empresas del sector entre las que están proliferando las solicitudes de concurso de acreedores.
De acuerdo con las cifras oficiales, los permisos para construir nuevos pisos cayeron más de la mitad en enero, lo que permite prever que el número de viviendas iniciadas este año bajará notablemente, pese a que estos dos indicadores no tengan una correspondencia exacta. No corren buenos tiempos para construir casas que ya no tienen la venta garantizada, como muestra la caída del 27 por ciento en el último año de las operaciones de compraventa, según la estadística del INE realizada con datos de enero. Una vez que la inversión especuladora ha salido del mercado de la vivienda, éste sigue contando con una demanda más o menos estable, garantizada por quienes se emancipan solos o forman una familia, si bien estos potenciales compradores están retrasando su decisión por las mayores dificultades para conseguir una hipoteca y la perspectiva de que los precios puedan bajar. Esta esperanza está siendo alimentada por los expertos, cuyas opiniones tienen amplio reflejo en los medios de comunicación, mientras que desde el propio sector se afanan en explicar que es muy difícil que eso ocurra con las viviendas nuevas, debido a que el valor del suelo y los costes de construcción limitan la capacidad de los promotores para bajar el precio final. Sin embargo, las previsiones son muy cambiantes y la patronal de los promotores madrileños Asprima ya pronostica una caída de precios del 8 por ciento para este año, si bien se trata de una media que incluye la vivienda usada, donde los vendedores tienen más posibilidades de rebajar unos precios que en muchos casos corresponden a expectativas desmesuradas. Asprima prevé asimismo que el número de viviendas iniciadas caiga en 2008 hasta 300.000 unidades, algo más de la mitad de las empezadas el año pasado, lo que acarreará la destrucción de 600.000 empleos durante los dos próximos años. Por esta razón, esperan que el Gobierno tome la iniciativa y ponga en marcha medidas financieras y fiscales que permitan dar salida a las viviendas que no se venden y que alivien el estrangulamiento que padecen las empresas del sector por la falta de liquidez. Ante esta situación, no queda más remedio que negociar con los bancos para alargar los plazos de vencimiento de los pagos. Este ha sido el caso de Martinsa Fadesa, que esta semana ha conseguido poner de acuerdo a todos sus acreedores para que le refinancien su deuda total (5.153 millones de euros), con lo que ha eludido el abono de 362 millones que cumplía en marzo. Diferente es el caso de Colonial, que sin estar acuciada por los plazos de amortización de sus créditos, ha visto como su venta al fondo soberano de Dubai ICD se ha frustrado en dos ocasiones por la imposibilidad de los árabes para conseguir un acuerdo con los bancos acreedores de la inmobiliaria, cuya deuda total supera los 8.000 millones. Más complicada es la situación de pequeñas y medianas empresas, con las que las entidades financieras estás siendo menos condescendientes, por lo que se ven obligadas a pedir en los tribunales la suspensión de pagos para evitar la quiebra. Las pioneras en la presentación del concurso voluntario de acreedores fueron Llanera en Valencia, Contsa en Sevilla o Jale en Cádiz, y sólo en las dos últimas semanas también lo han solicitado Seop, Cosmani Inmobiliaria y la constructora de vivienda protegida Prasi, mientras que otras como Detinsa negocian la venta de activos para evitar los impagos. Nadie se atreve a predecir cuántas les seguirán, pero los expertos coinciden en que es sólo la punta del iceberg.

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