Los técnicos aprovecharán el mes de agosto para la confección física del documento y su revisión. También se ha consensuado el sistema de compensaciones para regularizar las viviendas ilegales
PGOU, EN CIFRAS
Suelo urbano ya existente: 5.073 hectárea.
Nuevo suelo para los próximos ocho años: 1.583 hectáreas (Crecimiento del 31,2%).
Crecimiento de población previsto en ocho años: 27,7% hasta alcanzar los 169.719 habitantes.
Espacios protegidos: 4.742 hectáreas (el 40,5% del término municipal).
Espacios libres: 500 hectáreas (multiplica por cinco los actuales).
Suelo de equipamientos: 321 hectáreas.
El pleno para aprobar provisionalmente el nuevo PGOU de Marbella se celebrará en septiembre. El Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía han alcanzado un acuerdo para dar el visto bueno al documento tras el verano, según han asegurado fuentes municipales, que confían en que la aprobación definitiva no sufra grandes retrasos sobre los plazos previstos. Inicialmente se había contemplado que la aprobación definitiva tuviera lugar antes de fin de año, y la previsión actual no va más allá del mes de enero, según las fuentes. Esta modificación en el calendario se cerró de mutuo acuerdo hace un par de semanas en una reunión que mantuvo la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, con la directora general de Ordenación del Territorio de la Junta, María Felicidad Montero. Al parecer, han sido los propios técnicos los que solicitaron contar con un mes más -esto es, agosto- para poder rehacer el nuevo documento, una vez incluidas las modificaciones introducidas al texto, y poder revisarlo concienzudamente para subsanar cualquier error antes de someterlo a la nueva aprobación, de carácter provisional. Pese a que la fecha de celebración del pleno aún no está fijada, fuentes próximas a la Alcaldía apuntan a que podría tener lugar a mediados de septiembre. Tanto la regidora marbellí como la concejala delegada de Urbanismo, Alba Echeverría, habían supeditado cumplir el plazo previsto a que el Consistorio dispusiera de los informes técnicos de la Junta, entre ellos, el de impacto ambiental, necesario para que el documento pueda entrar en vigor. Las fuentes municipales han asegurado que el acuerdo no sólo es de plazos, sino también de contenido, y pone broche a meses de maratonianas reuniones a dos bandas celebradas con la máxima discreción entre los técnicos municipales de Urbanismo y el equipo redactor del nuevo Plan General para limar las no pocas diferencias de las que se partía. «Hemos cedido en algunas cosas y en otras no», indicaron desde el Ayuntamiento.Las reuniones también han sido intensas para estudiar y contestar a las más de 8.500 alegaciones presentadas al texto por parte de vecinos, partidos políticos y colectivos. La mayoría de ellas alude al polémico sistema de compensaciones que recoge el nuevo planeamiento urbanístico para poder regularizar las 18.000 viviendas ilegales, del que discrepa el equipo de gobierno. Contestación por escritoPese a que por parte del Consistorio se informó de que estos reparos estarían estudiados para el próximo día 15, lo cierto es que no será hasta final de este mes cuando se responda por escrito a todos a la vez. Fuentes municipales aseguran que Junta y Ayuntamiento han consensuado, además de las fechas, la fórmula de compensaciones para resolver la situación de las promociones ilegales tras un tira y afloja. Así en aspectos en los que los técnicos municipales mostraban su disconformidad y no se cedía han salido adelante, mientras que en otros, se ha llegado a un punto de equilibrio y consenso, según indican fuentes municipales. Por su parte, Josefa López, delegada provincial de Obras Públicas y Transportes, indica que cuando presenten el nuevo texto «se verá la viabilidad de esas nuevas compensaciones», al tiempo que incide en que por parte de la Consejería de Vivienda se ha creado un equipo de técnicos que mantiene reuniones periódicas con técnicos municipales para abordar el nuevo planeamiento. «La coordinación es buena», agrega López. En la propuesta que ultimaba el Ayuntamiento para evitar que las compensaciones recayeran en los dueños de los pisos ilegales, de urbanizaciones consolidadas, planteaba buscar suelo en el desarrollo del nuevo Plan General para que la ciudad no perdiera zona de equipamientos públicos. En cambio, mantendría las cargas que se pudieran exigir a los promotores, así como las que fueran asumibles para el desarrollo de la ciudad. De hecho, hace algo más de dos semanas, la propia regidora marbellí indicó que el criterio para abordar el sistema de compensaciones estaba «consensuado y definido. Espero que se vea perfectamente reflejado y que los que salgan ganando sean los ciudadanos». Fuentes próximas a la Alcaldía afirmaron que el Consistorio marbellí está «muy satisfecho» con la solución alcanzada en este sentido y también con el trabajo desarrollado con el equipo redactor, a contrarreloj, en intensas jornadas de trabajo. Según estas fuentes, «el objetivo del equipo de gobierno de regularizar lo máximo posible se ha conseguido». La edil de Urbanismo reconocía durante el balance de su gestión que se trabajaba a destajo y en coordinación con la Junta para reducir los tiempos a posteriori informándole ahora de los cambios incluidos al texto, lo que permitiría solventar cualquier escollo sin esperar a que se agote el plazo para su aprobación provisional. En cuanto al periodo de exposición pública que seguirá a la aprobación provisional, será inferior a los dos meses, ya que, sólo se expondrá la parte donde los suelos han registrado cambios.
El pleno para aprobar provisionalmente el nuevo PGOU de Marbella se celebrará en septiembre. El Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía han alcanzado un acuerdo para dar el visto bueno al documento tras el verano, según han asegurado fuentes municipales, que confían en que la aprobación definitiva no sufra grandes retrasos sobre los plazos previstos. Inicialmente se había contemplado que la aprobación definitiva tuviera lugar antes de fin de año, y la previsión actual no va más allá del mes de enero, según las fuentes. Esta modificación en el calendario se cerró de mutuo acuerdo hace un par de semanas en una reunión que mantuvo la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, con la directora general de Ordenación del Territorio de la Junta, María Felicidad Montero. Al parecer, han sido los propios técnicos los que solicitaron contar con un mes más -esto es, agosto- para poder rehacer el nuevo documento, una vez incluidas las modificaciones introducidas al texto, y poder revisarlo concienzudamente para subsanar cualquier error antes de someterlo a la nueva aprobación, de carácter provisional. Pese a que la fecha de celebración del pleno aún no está fijada, fuentes próximas a la Alcaldía apuntan a que podría tener lugar a mediados de septiembre. Tanto la regidora marbellí como la concejala delegada de Urbanismo, Alba Echeverría, habían supeditado cumplir el plazo previsto a que el Consistorio dispusiera de los informes técnicos de la Junta, entre ellos, el de impacto ambiental, necesario para que el documento pueda entrar en vigor. Las fuentes municipales han asegurado que el acuerdo no sólo es de plazos, sino también de contenido, y pone broche a meses de maratonianas reuniones a dos bandas celebradas con la máxima discreción entre los técnicos municipales de Urbanismo y el equipo redactor del nuevo Plan General para limar las no pocas diferencias de las que se partía. «Hemos cedido en algunas cosas y en otras no», indicaron desde el Ayuntamiento.Las reuniones también han sido intensas para estudiar y contestar a las más de 8.500 alegaciones presentadas al texto por parte de vecinos, partidos políticos y colectivos. La mayoría de ellas alude al polémico sistema de compensaciones que recoge el nuevo planeamiento urbanístico para poder regularizar las 18.000 viviendas ilegales, del que discrepa el equipo de gobierno. Contestación por escritoPese a que por parte del Consistorio se informó de que estos reparos estarían estudiados para el próximo día 15, lo cierto es que no será hasta final de este mes cuando se responda por escrito a todos a la vez. Fuentes municipales aseguran que Junta y Ayuntamiento han consensuado, además de las fechas, la fórmula de compensaciones para resolver la situación de las promociones ilegales tras un tira y afloja. Así en aspectos en los que los técnicos municipales mostraban su disconformidad y no se cedía han salido adelante, mientras que en otros, se ha llegado a un punto de equilibrio y consenso, según indican fuentes municipales. Por su parte, Josefa López, delegada provincial de Obras Públicas y Transportes, indica que cuando presenten el nuevo texto «se verá la viabilidad de esas nuevas compensaciones», al tiempo que incide en que por parte de la Consejería de Vivienda se ha creado un equipo de técnicos que mantiene reuniones periódicas con técnicos municipales para abordar el nuevo planeamiento. «La coordinación es buena», agrega López. En la propuesta que ultimaba el Ayuntamiento para evitar que las compensaciones recayeran en los dueños de los pisos ilegales, de urbanizaciones consolidadas, planteaba buscar suelo en el desarrollo del nuevo Plan General para que la ciudad no perdiera zona de equipamientos públicos. En cambio, mantendría las cargas que se pudieran exigir a los promotores, así como las que fueran asumibles para el desarrollo de la ciudad. De hecho, hace algo más de dos semanas, la propia regidora marbellí indicó que el criterio para abordar el sistema de compensaciones estaba «consensuado y definido. Espero que se vea perfectamente reflejado y que los que salgan ganando sean los ciudadanos». Fuentes próximas a la Alcaldía afirmaron que el Consistorio marbellí está «muy satisfecho» con la solución alcanzada en este sentido y también con el trabajo desarrollado con el equipo redactor, a contrarreloj, en intensas jornadas de trabajo. Según estas fuentes, «el objetivo del equipo de gobierno de regularizar lo máximo posible se ha conseguido». La edil de Urbanismo reconocía durante el balance de su gestión que se trabajaba a destajo y en coordinación con la Junta para reducir los tiempos a posteriori informándole ahora de los cambios incluidos al texto, lo que permitiría solventar cualquier escollo sin esperar a que se agote el plazo para su aprobación provisional. En cuanto al periodo de exposición pública que seguirá a la aprobación provisional, será inferior a los dos meses, ya que, sólo se expondrá la parte donde los suelos han registrado cambios.
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