Los propietarios han blindado 8.900 casas contra los morosos (La Opinión)

Los arrendadores firman con los inquilinos el documento de garantía del alquiler, de forma que se aseguran de que los arrendatarios cumplan con el contrato rubricado
Z JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Ahora que la crisis inmobiliaria se ha cebado con propietarios e inquilinos, son muchos los que no pueden pagar el alquiler. Por ello, nace la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, una institución que media entre ambos actores jurídicos y que resuelve los conflictos en tan solo un mes en contraposición con los nueve que tarda un Juzgado de Primera Instancia.En Málaga hay 130 inmobiliarias homologadas con la Corte de Arbitraje. Estas oficinas ofrecen un documento de ´Garantía de Alquiler´ que, previo pago de 52 euros, establece más claramente las condiciones de los inquilinos y, en caso de que éste dañe la vivienda o no pague los recibos, el arrendador está cubierto jurídicamente. En Málaga, los propietarios han blindado así contra los morosos 8.980 viviendas, posibilidad que sólo ofrecen esos 130 establecimientos auspiciados por la institución.Asimismo, la Corte de Arbitraje ha resuelto en Málaga 610 conflictos entre propietarios y morosos: de ellos, 575 hacen referencia a impagos; ocho a daños en el inmueble y otros tantos por cesión o subarriendo no consentido. En 17 ocasiones, el organismo, creado para optimizar las novedades que ofrece el Plan Nacional del Alquiler Garantizado, intervino por falta de pago de los suministros y en dos ocasiones, porque el inquilino realizó obras no consentidas.La Corte se ubica en Madrid pero sus miembros pueden trasladarse a cualquier punto de España para mediar en los conflictos de intereses. De hecho, emite sentencia en sólo treinta días, frente a los nueve que tarda en hacerlo un Juzgado de Primera Instancia normal.Los profesionales se encargan de solicitar el documento de ´Garantía de Alquiler´ a la Corte de Arbitraje, que lo facilita tras el pago de los 52 euros. Además, este escrito funciona como una medida disuasoria para aquellos arrendatarios que no tienen intención de cumplir el contrato que firmaron con el dueño de la vivienda. "El nuevo sistema ha reforzado la confianza de los propietarios, ya que la medida incrementa la salida al mercado de viviendas en alquiler. El plan es una ayuda al sistema para superar la crisis", señala el secretario general de la Corte, Mario Navarro-Rubio.