domingo, 9 de mayo de 2010

MARBELLA. El nuevo PGOU de Marbella entrará mañana en vigor. (LAOPINION)

La Junta de Andalucía se comprometió a publicar el documento urbanístico en su Boletín Oficial el lunes 10 de mayo, lo que supone su aplicación inmediata.


PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA Es puro trámite. Pero la experiencia le ha enseñado a Marbella que es estrictamente necesario. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicará el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad esta misma semana. En concreto, mañana lunes, de acuerdo con la última previsión del Ayuntamiento. Este paso supone su entrada en vigor.

No ocurrió lo mismo con el planeamiento vigente hasta hoy. El PGOU actual fue aprobado en 1986, pero no fue publicado hasta 2000. Durante este tiempo, el urbanismo local permaneció en el limbo jurídico y en el caos.

El gobierno municipal del PP confía en que todo cambie a partir de ahora. Especialmente, la situación del erario, con tres cuartas partes de su presupuesto anual consagradas al pago de nóminas y 512 millones de deuda.

La resurrección del ladrillo se acerca. El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, empezaba a notar la "avalancha" que se avecina apenas un mes después de la aprobación definitiva del documento, el pasado 29 de enero. Los proyectos de construcción comenzaban a amontonarse sobre su mesa y las citas, copaban su agenda.

"Todas las grandes firmas comerciales se han puesto en contacto con nosotros para saber de qué suelos pueden disponer para implantar grandes superficies", adelantó a La Opinión.

La oficina de atención al inversor, en la que trabajan los técnicos de Urbanismo, no para de recibir llamadas. Surgen peticiones de todo tipo. Hasta el punto de pretender instalar un circuito de velocidad en la ciudad.

Interés. Entre los interesados, figuran nombres españoles y extranjeros. Conocidas e impacientes firmas como El Corte Inglés y Hoteles Playa, dueña del ilegal Senator. Por cierto, el Consistorio se ha visto obligado a cambiar de interlocutor con esta última compañía, ya que su propietario, José María Rosell, fue detenido hace apenas unas semanas. Está implicado en un caso de corrupción urbanística en las Islas Canarias.

Quienes están por abarrotar las dependencias municipales son los propietarios de los cerca de 16.500 inmuebles del total de 18.000 construidos irregularmente en el pasado y que el nuevo PGOU devuelve a la legalidad, mediante compensación. Deberán ceder a la comunidad esos suelos que, con su construcción, dejaron de ser equipamientos sociales del municipios. No todos están contentos. Algunos tienen declarada la guerra al PGOU antes de entrar en vigor. No en vano, generó más de 8.500 alegaciones en su contra. Con su publicación, también se abre la vía judicial de la impugnación.

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